Somos campesinos que
sólo queremos que se nos reconozcan nuestras tierras para trabajar y sostener a
nuestras familias de una forma digna.
Colaboración
05 de octubre de 2016
Laguna del Tigre
avispa midia
Publicado el 4 oct. 2016
Por lo menos 40 comunidades de
descendencia Maya pluriculturales, que se formaron antes de la década de 1980
al norte de Guatemala, frontera con México, hoy no cuentan con un estatuto
jurídico que les asegure su estancia en dichas tierras y son considerados como
núcleos ilegales. Estas comunidades quedaron vulnerables cuando el gobierno
guatemalteco decretó, a finales de los años 80s, el Parque Nacional Laguna del
Tigre y el Parque Nacional Sierra Lacandona como Áreas Naturales Protegidas
(ANP).
Esta nota es un avance de un proyecto de investigación que
Avispa Midia publicará en próximas fechas como una cobertura especial de Centroamérica.
Por lo menos 40
comunidades de descendencia Maya pluriculturales, que se formaron antes de la
década de 1980 al norte de Guatemala, frontera con México, hoy no cuentan con
un estatuto jurídico que les asegure su estancia en dichas tierras y son
considerados como núcleos ilegales. Estas comunidades quedaron vulnerables
cuando el gobierno guatemalteco decretó, a finales de los años 80s, el Parque
Nacional Laguna del Tigre y el Parque Nacional Sierra Lacandona como Áreas
Naturales Protegidas (ANP).
«Ellos pasaron a ser poblaciones ilegales y han sufrido una
serie de desalojos. Según la ley, el gobierno tiene el derecho de desalojarlos
y no importa si la vía es legal o violenta», afirma el investigador Luis Solano.
Las comunidades se
movilizaron el 28 de septiembre de este año 2016 para entregar al Congreso de
la República de Guatemala una propuesta de desarrollo que incluye la exigencia
de su reconocimiento permanente. «Es una
propuesta de solución al problema que está dentro del marco legal. También es
una respuesta a las intenciones del gobierno de querer desalojarnos por otros
mecanismos jurídicos como los Convenios de Cooperación promovidos por el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP)», afirma uno de los habitantes de las comunidades que por motivos
de seguridad prefirió identificarse solo como Gerónimo.
De no ser aprobada dicha
propuesta, cientos de comunidades que habitan estas áreas podrían desaparecer,
ya que, por lo menos en el Parque del Tigre, la empresa Perenco de capital
francés, actualmente explota más de 40 pozos petroleros en una franja dentro de
este parque. La concesión para esta empresa, que busca expandir la explotación
de sus pozos petroleros, vence en el año 2025 y quiere renovar su concesión por
cualquier medio posible. «Esto ya no es un
parque protegido porque hay cientos de terratenientes que han desarrollado sus
proyectos de ganadería y a esto se suman la explotación del petróleo. Nosotros
somos pequeños campesinos que solo queremos que se nos reconozcan nuestras
tierras para trabajar y sostener a nuestras familias de una forma digna. Aquí
no hay presencia del Estado y los servicios más básicos como la salud y la
educación, por lo que hemos tenidos que crear alternativas», afirma Gerónimo.
«Hay cientos de familias habitando esa zona y la población
sigue creciendo y los hijos necesitan seguir sobreviviendo de esa tierra. El
espacio territorial que se les otorga es cada vez menor y es insuficiente.
Entonces las comunidades están planteando que se regule esta situación y buscan
ser partícipes de la protección de las Áreas Protegidas, porque ellos reconocen
la importancia de estas áreas, pero igual exigen que haya una política real de
protección por parte del Estado, incluyendo a las comunidades. Porque hay una
amenaza constante de los monocultivos y de las empresas transnacionales», señala Solano.
Entre otros puntos, la
Propuesta de desarrollo integral y sostenible en Laguna del Tigre y Sierra del
Lacandón, municipio de San Andrés, la Libertad y las Cruces, Petén, sostiene
que «las comunidades se comprometen a
cuidar, proteger y asegurar para las generaciones futuras los recursos
naturales del área, en coordinación con otras comunidades aledañas y
organizaciones ambientales interesadas».
Así mismo, las comunidades
determinaron poner un plazo hasta el 30 de octubre para que el Estado guatemalteco
de una respuesta concreta. Hasta el día del cierre de este texto, 4 de octubre,
el gobierno no ha emitido ningún tipo de respuesta hacia a las comunidades.
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