El falso
discurso de los beneficios sociales en los megaproyectos energéticos
Video de Los Tejemedios
Fuente: Hijos de la tierra
Publicado el 30 sep. 2016
El 29 y 30 de Septiembre del presente año, la Secretaría de
Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo, llevaron a cabo la “1ª Reunión nacional de beneficios sociales
compartidos de proyectos de energía”. Por alguna razón, los organizadores
enviaron una invitación a la Cooperativa Tosepan Titataniske para participar en
este evento, los cooperativistas de la Sierra Norte de Puebla decidieron hacer
un pronunciamiento que leyeron ayer en la reunión, también organizaciones de
Oaxaca se manifestaron. Me parece bien importante difundir la palabra de los
compas, ya que viven momentos de mucho asedio por entrarle a la defensa de sus
territorios; asaltos, agresiones etc.
Posicionamiento de la
Cooperativa Tosepan Titaniske ante la invitación que hizo la Secretaría de
Energía y el Banco Interamericano de Desarrollo para asistir a la “1ª Reunión nacional de beneficios sociales
compartidos de proyectos de energía”.
El falso
discurso de los beneficios sociales en los megaproyectos energéticos
Fuente: Hijos de la tierra
Publicado por Leonardo
Durán Olguín
30/09/2016
Foto Aldegundo González
En los últimos lustros los mexicanos hemos presenciado un continuo
asedio para abrir el sector energético nacional a la inversión privada. La
reforma energética impuesta por el gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido la
acción que concreta estas intenciones, sepultando con ello la posibilidad de la
soberanía energética en la nación mexicana. La imposición fue lograda con el
servicio de legisladores, que se encargaron de aprobar de forma presurosa y sin
discusión los cambios constitucionales y de elaborar las leyes requeridas. Este
proceso estuvo acompañado de una campaña mediática que intentaba mostrar los
supuestos beneficios que traería la reforma energética, con un discurso que
cuestionamos muchos, que convence a pocos y que con el paso del tiempo
evidencia su falsedad. Uno de los mensajes que intenta imponer este discurso es
que los mexicanos tenemos que ampliar la infraestructura para generar más
energía, lo que a su vez traerá beneficios sociales. El presente escrito surge
a raíz de refutar ese falso discurso, a partir de lo que estamos viviendo desde
los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, ante la amenaza por la llegada de
megaproyectos a nuestros territorios.
El 29 y 30 de septiembre
del presente año la Secretaría de Energía y el Banco Interamericano de
Desarrollo llevan a cabo la “1ª Reunión
nacional de beneficios sociales compartidos de proyectos de energía”. Por
alguna razón, los organizadores enviaron una invitación a la Cooperativa
Tosepan Titataniske para participar en este acto, invitación que nos causó
sorpresa, toda vez que nuestra organización ha sido una de las tantas en la
Sierra Norte de Puebla que durante los últimos cuatro años ha dedicado sus esfuerzos
a defender el territorio contra la imposición de proyectos extractivos, buena
parte de ellos derivados del sector energético. Para ello, hemos construido
redes de lucha y resistencia con otras organizaciones serranas, con las que
hemos integrado en el Consejo Tiyat Tlali. Hicimos saber a quienes enviaron
esta invitación la postura de nuestra organización; sin embargo, ellos
insistieron en nuestra participación. Aprovechamos entonces el espacio, no para
discutir sobre los supuestos beneficios sociales de los proyectos de energía,
sino para evidenciar las acciones que están implementando quienes intentan
imponer proyectos de energía en nuestros territorios, aprovechando que estarán
presentes en el evento algunas instancias que están directamente implicadas en
los casos. A la vez, aprovechamos para hacer pública nuestra reflexión, desde
la que denunciamos que el discurso de los beneficios sociales se pronuncia como
una máscara que intenta ocultar el despojo a los territorios de los pueblos de
México.
Los pueblos de la Sierra
Norte de Puebla se están viendo asediados por las industrias extractivas, que
intentan establecerse a lo largo y ancho de su territorio. Esta es una amenaza
sin precedentes en su historia, por la magnitud y la intensidad que esto representa,
con una distribución que ubica a la minería en las zonas altas de las cuencas,
las hidroeléctricas en las zonas medias y la extracción de hidrocarburos en las
zonas bajas. Los riesgos que estos proyectos representan, y las formas en cómo
se buscan imponer, han generado el rechazo de los pueblos que han emprendido la
lucha para evitar su imposición.
Una buena muestra de este
fenómeno son los proyectos de generación y distribución de energía a través de
hidroeléctricas, de los que hemos detectado más de 10 proyectos que buscan
utilizar las aguas de los principales ríos. Cada uno de estos proyectos implica
diversas obras, como el represar los ríos, desviarlos por varios kilómetros,
establecer caminos de acceso, instalar torres y líneas de alta tensión,
causando con todo esto perturbaciones graves en cauces y laderas, con la
consecuente alteración de las cuencas. A pesar de las grandes alteraciones que
estos proyectos representan a la naturaleza y a la vida de los pueblos que ahí
habitamos, quienes promocionan estos proyectos los presentan como “sustentables” y de generación de
energía “limpia”.
En todos los casos, los
desarrolladores de los proyectos se presentan en las comunidades de manera
sigilosa, ocultando a la población la información de las características de las
obras y de los impactos que traerán. En contraparte, los habitantes de las
comunidades han ido descubriendo la existencia de estos proyectos y entendiendo
sus consecuencias, a partir de la organización, la investigación y la
información. A modo de convencer a los pobladores para que acepten estos
proyectos, se les ofrece empleo, la regularización y compra de sus terrenos,
pequeños proyectos productivos o algunas obras comunitarias. Todo pareciera
entonces un proceso de diálogo y negociación con las comunidades, pero esto
muestra su verdadero rostro cuando los habitantes de las comunidades no están
interesados en recibir esos beneficios
a cambio del establecimiento de las obras en su territorio. Es ahí cuando el
discurso no alcanza y se recurre a la descalificación, a la presión y a la
amenaza. La Sierra se está llenando de esas historias, que bien podrían
contarse a partir de las luchas que se están dando contra la imposición de
proyectos hidroeléctricos, en municipios como Olintla, Zoquiapan, Xochitlán,
Zapotitlán, Cuetzalan, Zacapoaxtla, Xochiapulco, Tetela o Teziutlán. Pero el
proyecto hidroeléctrico Puebla 1 es hoy el mejor ejemplo para refutar los
argumentos con los que hoy se pretenden imponer los proyectos hidroeléctricos
en la región.
La hidroeléctrica Puebla 1
es un proyecto que está a cargo de la empresa Deselec 1 y es desarrollado por
Comexhidro sobre el río Ajajalpan, en los municipios de Ahuacatlán, Tlapacoya y
San Felipe Tepatlán. La energía que se pretende generar estaría destinada a
empresas ligadas al grupo Wal-Mart. Para intentar su construcción han venido
gestionando desde hace más de siete años los permisos ante las instituciones de
gobierno. Durante el 2015, la Secretaría de Energía emprendió una “consulta indígena” en comunidades de
los municipios de Tlapacoya y San Felipe Tepatlán, sin considerar al municipio
de Ahuacatlán, territorio sobre el que se pretende establecer el embalse del
proyecto. Este proceso de consulta mostró serias irregularidades, alejándola de
los principios rectores que definen a las consultas a los pueblos indígenas.
Uno de estos principios establece que las consultas deben ser previas, algo que
fue violado toda vez que la consulta inició varios años después de que el
gobierno otorgó diversos permisos. Otro de los principios establece que la
consulta debe ser informada y culturalmente adecuada, algo que no sucedió así,
pues incluso las comunidades afectadas tuvieron que realizar solicitudes de
información a las autoridades federales para conocer el propio protocolo de
esta consulta, mismo que les fue entregado meses después de culminado el
proceso. Estos, entre otros agravios, originaron que desde las comunidades
afectadas emprendieran manifestaciones de rechazo a esta simulación de proceso
consulta y al proyecto hidroeléctrico. Y a partir de esto se violó un principio
más que establece que las consultas deben ser libres, pues en respuesta a la
organización emprendida contra el proyecto hidroeléctrico, quienes intentan
imponerlo han recurrido a la descalificación e intimidación de quienes se
oponen, lo que se muestra en la existencia de 13 denuncias penales con delitos
fabricados a opositores a la hidroeléctrica.
A pesar de eso, los
pueblos se han mantenido en la lucha, y en abril de este año las comunidades
indígenas totonacas de San Felipe Tepatlán, Altica y San Mateo Tlacotepec,
presentaron una demanda de amparo en contra del proyecto hidroeléctrico, mismo
que fue admitida por el Poder Judicial de la Federación, otorgando la
suspensión de oficio y de plano. Esta acción jurídica ha resultado en un hecho
sin precedentes y bastante efectivo para frenar esta obra, precedido de
reacciones por demás interesantes. Por un lado, en el mes de junio Enrique Peña
Nieto anunciaba ante la Cámara de Comercio e Industria de Québec, que la
empresa canadiense Innergex –que se sabe ha estado asociada con Comexhidro–
estaría por anunciar una inversión para la construcción de una planta
hidroeléctrica en Puebla. Al siguiente mes, Jacobo Mekler, presidente de la
Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y funcionario de
Comexhidro, declaró al diario Reforma que las demandas de amparo interpuestas
por las comunidades frenan el desarrollo, calificándolas como un riesgo. Estas
afirmaciones fueron rechazadas por las comunidades que interpusieron la demanda
de amparo contra la hidroeléctrica Puebla 1, quienes encontraron en su mensaje
un intento por negar sus derechos y el acceso a la justicia de los pueblos.
Pero es en los tribunales
en donde se han dado las muestras más claras por burlar el derecho del pueblo
totonaco a la autodeterminación sobre su territorio. Ante el juzgado se han
presentado supuestas actas donde se desisten quienes interpusieron la demanda
de amparo, a la vez de otras en donde supuestamente habitantes de las
comunidades en cuestión se presentaron ante el juez como interesados para
solicitar que el proyecto hidroeléctrico no sea suspendido. Es interesante que
en estos casos los pueblos que están en resistencia han detectado que dichos
documentos se han levantado incluyendo a personas que niegan haberlos firmado.
En toda esta historia de
resistencia los pueblos que están luchando en aquel lado del Ajajalpan se han
ganado la admiración y la solidaridad de los demás pueblos serranos, a quienes
nos orgullece su lucha.
Ahora, ante estos hechos
de imposición, intimidación y eufemización de los proyectos de generación de
energía, surgen nuestros cuestionamientos y reflexiones. ¿Por qué deben los
pueblos y las comunidades indígenas aceptar estos proyectos energéticos en sus
territorios? Desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos que nos es
consagrado en la nuestra Carta Magna, así como en los tratados internacionales
que ha firmado el Estado mexicano, sostenemos que los pueblos no estamos
obligados a soportar estos proyectos. ¿Acaso los pueblos y comunidades
justifican la necesidad de una mayor infraestructura energética? Entendiendo
nuestro modo de vida concluimos que no, nuestros pueblos no son quienes
consumen esa energía. ¿Están obligados los pueblos a sentarse a discutir sobre
los supuestos beneficios sociales por
los proyectos energéticos? Nuestra conciencia nos dice que no, no hay nada que
nos obligue a aceptar los proyectos y sus supuestos beneficios.
En conclusión, en este
foro donde se pretende hablar de los “beneficios
sociales” de los proyectos de energía, se omiten dos puntos fundamentales
de la discusión. En primer lugar deberíamos preguntarnos ¿a quienes realmente
beneficia la reforma energética? Desde las comunidades en resistencia hemos
concluido que esta reforma solo beneficia a la iniciativa privada, que pretende
despojarnos de nuestros territorios para establecer sus proyectos energéticos.
En segundo lugar, se desconoce de facto que habemos pueblos y comunidades en
resistencia, a quienes no nos seducen los falsos discursos de los beneficios
sociales, ni nos doblegan las acciones reales de amenaza y represión. Y desde
aquí les decimos:
¡Fuera los proyectos
de muerte de nuestros territorios!
¡Sí a los proyectos de
vida de nuestros pueblos!
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