Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos-Desaparecidos
Red Latina sin fronteras
Publicado: 4 septiembre,
2016
El 30 de agosto Día
Internacional del Detenido-desaparecido es un día marcado por el dolor y
también por la lucha. Dolor que surge luego de vivir la barbarie, la pérdida de
tanta gente valiosa en tantos lugares del mundo. Y lucha porque fue la
respuesta de los familiares, de los compañeros de esos desaparecidos, de sus
sociedades, la que resistió, persistió y encontró caminos para denunciar y
alertar al mundo.
Así iniciamos esa lucha
por ellos, por ellas, que será permanente mientras exista la impunidad y el
abuso del poder político y económico que se ha vestido con tan distintos
ropajes hasta el presente. La desaparición forzada es un problema mundial. En
su momento fue principalmente producto de dictaduras militares. En nuestros
años tenebrosos, América Latina perdió decenas de miles de personas, vio
distorsionado el desarrollo de sus sociedades, los lazos entre las
generaciones, al tiempo que sus países eran saqueados.
Pero la desaparición
forzada también se perpetra hoy en situaciones complejas de conflicto interno,
aún en estados formalmente democráticos.
¿A cuántos ambientalistas,
sindicalistas, periodistas han desaparecido o asesinado en estos años? ¿Cuántos
maestros y activistas han desaparecido sólo en México?
El objetivo de estas
prácticas sigue siendo el mismo: reprimir, mediante la desorganización y el
miedo que produce la desaparición forzada, cualquier oposición. A los cientos
de miles de víctimas en América, África y Asia, se suman hoy los migrantes
desaparecidos. Aquí este método comenzó a ser utilizado en los años previos al
golpe de estado. Estaban suprimidas las garantías individuales y operaban los
grupos paramilitares, como el Escuadrón
de la muerte, cuando sucedieron las primeras desapariciones.
Buscamos a nuestros seres
queridos por cuarteles y comisarías igual que todos los familiares de presos
militantes políticos, sindicalistas, estudiantiles. Un deambular angustioso,
sabiendo de las torturas, temiendo por sus vidas hasta que, si había suerte,
permitían el famoso “paquete” que era
señal de vida. Es difícil precisar cuándo cada uno pudo ir asumiendo esta nueva
circunstancia de no-ser, de no-estar que tienen los desaparecidos. Lleva años.
Unirnos y organizarnos fue
un camino natural. Recorriendo cuarteles primero y buscando apoyos fuera de las
dictaduras donde vivíamos después. Así nos agrupamos con otras organizaciones
de familiares del continente en FEdeFAM, la Federación Latinoamericana de
Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos. Entender lo que pasaba,
acá y en otros países fue clave en aquellos años. Se denunció la Desaparición
Forzada desde el exilio y a medida que se reinstalaban los gobiernos electos,
se comenzó a explicarle a la ciudadanía las formas y los contenidos de esta
aberración.
De a poco, a nivel
internacional se logró la Convención Interamericana (en vigor desde 1996) y la
Convención Internacional contra la Desaparición Forzada (en vigor desde 2010),
precedidas de sus respectivas Declaraciones. El esfuerzo de cientos de personas
pudo revelar la magnitud de este crimen en el mundo y aunar esfuerzos para su
prevención y condena. ¡Una gran lucha! Bien sabemos que estos pasos, que fueron
muchos y arduos, son un inicio, un marco, una tribuna.
Pero se precisa un accionar
contundente en cada país para erradicar la Desaparición Forzada; se precisa la
conciencia de un pueblo dispuesto a movilizarse para exigir verdad y justicia a
los Estados que continúan siendo cómplices de este delito por acción u omisión.
En nuestro país, la impunidad sobre estos delitos fue blindada por la Ley de Caducidad, donde el mismo Estado
declinaba su interés en enjuiciarlos y elegía la impunidad por sobre la
Constitución y la justicia.
Fueron años muy duros.
Muchos de los militares denunciados por los peores crímenes fueron ascendidos,
representaron al país para recibir por ejemplo en Oslo el premio para la Paz a los Cascos Azules, fueron asesores de
gobierno, profesores en la escuela militar, en la UTU, directivos de clubes,
hasta ejercieron como médicos y psiquiatras en su impunidad. Todos siguieron en
sus cargos y cobraron sus sueldos y sus ascensos, ninguno enfrentó un tribunal
de honor, y en muchos casos aún en gobiernos del Frente Amplio, el mismo
Estado, a través del ministerio de Defensa, ejerció su defensa y garantizó sus
privilegios.
De todos los militares que
actuaron durante la dictadura en los distintos organismos de represión, en
todos los cuarteles de las distintas armas en todo el país, ya sea como agentes
directos o como partícipes necesarios en los crímenes perpetrados contra la
población, solo 30 están presos y 5 de ellos con prisión domiciliaria. ¿Cómo
fue posible?
La negación y el silencio
en los primeros años pos dictadura, cuando aún había testigos vivos, huellas y
pistas, selló el pacto de omertá entre los implicados. La Comisión para la Paz,
de 2001, también brindó el beneficio de amparo a los criminales, los exoneró de
los crímenes fuera de fronteras y ni aún así obtuvo respuestas ciertas Y, a lo
largo de los tres períodos del Frente Amplio, hubo marchas y contramarchas.
Avances en el análisis histórico, en legislación, en reparación, en el hallazgo
de 4 cuerpos de compañeros y en los pocos procesamientos de criminales de
Estado. Contramarcha en los plazos, en la búsqueda, en la exigencia a los
militares de reconocer su actuación en el terrorismo de Estado y deslindarse de
ella.
El reciente juicio del Plan Cóndor en Argentina no dejó lugar a
dudas a los sistemas judiciales sobre la unión y coordinación de los aparatos
represivos en los países del cono sur, sobrevolando fronteras e intercambiando
información y prisioneros, ni sobre el carácter institucional de estas
acciones. De la participación del Estado, in
totum, para llevarlas adelante. Lamentablemente, esa revisión de la
actuación de las instituciones estatales, en especial las represivas pero
también las diplomáticas, las administrativas, sigue pendiente.
Y nada se ha hecho
respecto a los grupos económicos que alentaron, sostuvieron y lograron
ganancias gracias al Terrorismo de Estado. En estos años comprendimos que el
Estado difícilmente se investigue a sí mismo, que el miedo fue y es uno de los
mayores aliados de la impunidad y un instrumento privilegiado del autoritarismo
y que los logros son siempre fruto de la movilización, de la persistencia y
suma de iniciativas y voluntades. En síntesis, ningún gobierno desde el 85 a la
fecha asumió esta bandera. Todos pusieron sus propios obstáculos y agitaron los
miedos de antaño. Hoy estamos en una situación por demás difícil: Las causas
judiciales se empantanan la búsqueda de restos no avanza y las amenazas,
intimidaciones o robos a las personas que trabajan en el tema, han sido una
constante.
La investigación sobre el
robo de los discos duros y la amenaza a los antropólogos del Grupo de
Antropología Forense no muestra avances. A 43 años del golpe la gran pregunta
sigue siendo si estamos generando las garantías de no repetición. Si esta
conducta errática, omisa en tantos aspectos, resulta un avance en cuanto a esas
garantías. Creemos que NO.
Es muy grave para nosotros
el lugar que este gobierno está dando a las Fuerzas Armadas como interlocutor
válido para temas tan sensibles como son la educación y la seguridad. Una
participación que no les compete. Una práctica propia del período dictatorial,
que implica volver a darles una legitimidad absurda e incongruente con nuestra
institucionalidad republicana. La gravedad de estos hechos parece ignorada por
muchos sectores políticos que integran el FA, que ni siquiera logra mayorías
para retirarse de “misiones de paz” que actúan como ejércitos de ocupación.
Tampoco tocan sus
increíbles privilegios económicos. A su caja profesional deficitaria en 400
millones de dólares anuales que pagamos todos, prometieron cambiarla pero aún
no se conocen proyectos, mientras no dudan en recortar ingresos a la educación
y la salud La poca y tardía justicia sobre estos crímenes del Terrorismo de
Estado genera un mensaje nocivo de impotencia, impunidad presente.
Si lo sumamos a la
dificultad de acceso a la justicia que tiene la población más vulnerable, más
pobre, más joven, y a la política de endurecimiento de las penas que se está
imponiendo, borra los logros de la lucha más importante de dos años atrás: el
NO a la baja. Que con entusiasmo y argumentos ganaron la voluntad popular para
profundizar en el tema y buscar otros caminos que refuercen el acceso a la educación
y no a la cárcel ni a la “educación en
valores” a cargo del Ejército.
En cuanto al Grupo de
Trabajo por Verdad y Justicia: Familiares tiene una postura histórica de
colaborar con todas las instancias institucionales que el Estado forme para
investigar y responsabilizarse del tema. Gran parte de este trabajo por verdad,
sólo se puede hacer desde el Estado: entrar a los lugares denunciados por
posibles enterramientos, generar y gestionar archivos, acceder con más
facilidad a expedientes judiciales, etc. Lo hacemos manteniendo una opinión
crítica.
Por eso si bien
consideramos un avance el acceso abierto a los archivos en su poder, y la
recepción de solicitudes de la sociedad civil para articularlas, el trabajo va
demasiado lento y el tiempo apremia. En 1 año y medio no estamos satisfechos
con esos resultados y entendemos que cambiarlos requiere otro vigor otra
ejecutividad que aún esperamos. Creemos que la memoria viva debe alumbrar este
camino. Para interpelar, criticar y proponer nuevas acciones.
Confiamos en las jóvenes
generaciones que año a año se suman a esa gran manifestación contra la
impunidad que son las marchas del 20 de mayo. En su nueva mirada sobre lo
sucedido, Esa memoria que nos pertenece como pueblo, como sociedad, es el
verdadero sostén de nuestras banderas y hace posible trabajar juntos para
integrar esta experiencia y alimentar la esperanza de un país mejor.
Verdad,
Memoria y Justicia
Madres y Familiares de
Uruguayos Detenidos Desaparecidos
Nicaragua 1332
Montevideo | Uruguay
Tel (+598) 2929 1625
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