Lev Moujahid Velázquez
Barriga*
Fuente: Centro de
Comunicación Alternativa-CENCOALT
cencoalt.blogspot.com
04 de agosto 2016
Las razones oficiales de la reforma educativa chocan con la realidad. ¿Cómo decir que se buscan alumnos participativos capaces de resolver conflictos privilegiando “el diálogo, la razón y la negociación”, cuando el Estado busca imponer
esa norma por medio de la fuerza y la
represión? Por ningún lado se asoman los
valores humanistas que dice enarbolar y sólo dominan los del empresariado
neoliberal.
Un Estado no puede ser
ajeno a los principios educativos en su
vida orgánica, formas de gobernar, legislar e impartir justicia; tampoco lo
puede ser quien lo representa públicamente; por el contrario, los principios educativos deberían estar presentes en su constante interacción
con la sociedad, en el ámbito político que lo dinamiza, en el proyecto nacional que lo orienta, en su desarrollo económico y cultural.
Cuando estos principios
están ausentes, no podemos hablar de un
Estado educador, sino de otro corrompido, en
descomposición, porque en él imperan los intereses de grupo sobre el bien común. En estas condiciones, de
un Estado corrompido y no educador,
cualquier propuesta que se presente como
opción de transformación educativa emanada desde el seno de su descomposición
orgánica, no puede ser sino parte
de sus mecanismos de imposición, sometimiento y de reproducción de
intereses de grupo.
En ocasiones, estos
mecanismos de dominación son explícitos
y también tangibles, como lo es el Servicio Profesional Docente, que no deja duda de su carácter punitivo en la letra y en los hechos; otras veces no
son tan explícitos, sino que dejan un
cierto margen de libertades e
interpretaciones para legitimarse, pero de facto se llevan a cabo con la misma verticalidad de siempre, como lo
pretenden hacer Aurelio Nuño y sus aliados empresariales y sindicales, con el
nuevo modelo educativo 2016.
Partimos de la premisa de
que en México no hay un Estado educador. Todo lo contrario, el que nos rige
está sumergido en una condición tan crítica, que carece de principios éticos y
valores cívicos que se puedan ampliar al conjunto de la sociedad desde una propuesta pedagógica que nutra la vida democrática por las venas de nuestro sistema
nacional de educación.
En este sentido, los
documentos Modelo Educativo 2016; El
replanteamiento pedagógico de la Reforma Educativa; Los fines de la educación en
el siglo
XXI y la Propuesta curricular para la educación obligatoria 2016, son
parte de esta condición crítica; más que
alternativas para dar contenido a las ausencias pedagógicas y superar los conflictos
magisteriales, son un deslinde que
intenta alargar la ruta de discusiones hasta el 2018, cuando el presente
gobierno se haya ido y con él, toda responsabilidad sobre el caos que generó.
Se trata de una propuesta
de nueva cuenta unilateral, llena de
inconsistencias e incongruencias, unas producto de las mismas tesis fracasadas de la actual reforma
y otras que auguran su inaplicabilidad porque son contrarias a su ADN político fascista, pero
que aparecen como elemento de distensión
del descontento magisterial, popular y académico.
Resulta de lo más dudoso
que los mismos operadores y autores
intelectuales de la reforma educativa, cuyas
consecuencias son decenas de muertos, encarcelados y miles de despedidos, hoy digan que “el propósito de la educación básica y media superior es contribuir a
formar ciudadanos libres,
participativos, responsables e informados, capaces de defender y ejercer sus derechos, que
participen activamente en la vida
social, económica y política de México”.
¿Y para qué iban a querer
eso? Valdría la pena preguntárnoslo, si no existen en este país garantías para
el ejercicio de la libre ciudadanía,
para exigir dignidad laboral sin que
seas hostigado o víctima de la represión administrativa, sin
ser despedido o perder tu libertad y hasta la vida. Así nos lo ha enseñado la Secretaría de Educación Pública
(SEP) en los hechos, pero más crudamente
durante este gobierno en turno.
Me parece que, desde las
esferas de la burocracia estatal, no se puede recomendar sin atisbos de
hipocresía que el sistema educativo deba
formar personas capaces de resolver
conflictos, privilegiando “el
diálogo, la razón y la negociación” cuando se ha priorizado la vía judicial, la
criminalización de la protesta, así como la intervención de los órganos
represivos para dirimir diferencias de orden pedagógico y laboral.
Por otra parte, la
supuesta “nueva cultura” organizativa
que pone “la escuela al centro” y
sienta las “bases para construir centros escolares que fomenten el trabajo colaborativo y colegiado”, no se puede
edificar sobre los cimientos de un
sistema vertical y centralizado, en cuyos
órganos horizontales de participación social y los que a partir de su
autonomía diseñan las evaluaciones para generar propuestas de política
educativa, están los empresarios primero y
las necesidades educativas
después.
Hablar de autonomía de gestión para la rendición de cuentas es una de las mayores inconsistencias
que podemos encontrar, si la corrupción
ha penetrado hasta las altas esferas del poder político, incluso en la
presidencia de la república; si los
niveles de endeudamiento han sido tan irresponsables que hoy se podrían
financiar el 95% de los programas culturales, educativos y deportivos de la SEP tan sólo con lo que el Estado paga de intereses anuales por concepto de
deuda pública.
Sin embargo, el Modelo
Educativo 2016 sigue proponiendo la
colocación de certificados de endeudamiento
en la bolsa de valores, a través de Escuelas al CIEN (Certificados de Infraestructura Educativa Nacional), como
si fuese un mecanismo exitoso y los datos no fueran desalentadores.
En su caso, los Consejos
Técnicos Escolares y la Ruta de Mejora
Continua que se presentan como los instrumentos para la planeación
contextualizada de la escuela, poco han
contribuido al diseño de alternativas pedagógicas, no por falta de capacidad
de los docentes claro está, en
realidad su objetivo no ha sido la autogestión curricular, sino la aplicación
de una reforma educativa que viene desde
arriba con todo su peso administrativo,
burocrático, antilaboral y privatizador hasta los centros escolares.
En cuanto a las
evaluaciones internas, según las
condiciones específicas, como parte de la autorregulación de los aprendizajes, la formación intrínseca de los docentes y las orientaciones autogestivas de los procesos
pedagógicos escolares, podríamos decir
que carecen de pertinencia y significatividad para los actores educativos, toda
vez que el eje rector para los informes
oficiales, la mediatización comunicativa de los resultados del sistema
educativo, la opinión pública, las
decisiones políticas y los impactos laborales de los profesores, son las evaluaciones externas y además
estandarizadas.
A decir del modelo
curricular que aparece como continuidad
del marco constitucional inspirado en las
recomendaciones derivadas de los acuerdos de cooperación con la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para la integración
del mercado mundial, y no en la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), es decir, para
el desarrollo cultural de la humanidad, no se puede nombrar a sí mismo
como humanista. No hay humanismo posible
ni centralidad de lo pedagógico para
quien ha esclavizado el destino de las nuevas
generaciones a la globalización económica.
Pretender “encontrar un equilibrio entre las exigencias
propias de un proyecto humanista, fundamentado en la educación integral, y un proyecto que persigue
la eficacia y la vinculación de la educación con las necesidades de desarrollo
del país”, se vuelve búsqueda
paradójica en la medida en que la “calidad”
y no las cualidades humanísticas son el
objetivo superior de la
educación, como estigma que ha dejado heridas en la Constitución mexicana, sacrificada en favor de los intereses
empresariales.
No hay coherencia lógica
cuando se propone, por un lado,
incorporar “los avances
que se han
producido en el
campo del desarrollo cognitivo, la inteligencia y el
aprendizaje” y, por otro, supeditar toda la teoría pedagógica avanzada que
apunta a la diversidad humana y de sus formas de aprendizaje, al modelo único por competencias, el cual no concibe a la persona en su complejidad (homo complexus), sino en la simplicidad de su unidimensionalidad económica (homo economicus).
En suma, un Estado
totalitario, como el nuestro, no educa
para la autonomía, sino que refuerza la obediencia y la sumisión,
transgrede la diversidad cultural y cosifica la integralidad humana, ahí está la
esencia del modelo educativo que presenta la SEP, revuelta entre marañas conceptuales que se contradicen
con su tradición neoliberal.
Una verdadera propuesta
educativa sólo podrá venir de las
oposiciones críticas al proyecto empresarial, de las diferencias políticas a
la dictadura pro fascista, de la
cultura democrática y popular que se
reconstruye en la renovación constante
de los movimientos sociales, de las autonomías
indígenas y su proyecto decolonial, del diálogo de saberes entre la raíz pedagógica latinoamericana y las epistemologías para atender
la diversidad cognitiva.
(*) Lev Moujahid Velázquez Barriga: Doctor
en pedagogía crítica y educación
popular; integrante de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación en Michoacán.
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