Javier Suazo
ALAI AMLATINA,
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05/07/2016
“No puede haber reforma
universitaria sin participación estudiantil”
Ramón Oquelí, sociólogo y
catedrático universitario
Todo estaba listo para reiniciar las clases en la Universidad
Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) el viernes 1 de julio de 2016, después de
un mes de ausencia por la toma de edificios por los alumnos, denuncias de
persecución de estos por operadores de justicia y empresa de seguridad interna,
y posiciones encontradas entre las partes (autoridades y alumnos) en cuanto a
la falta de confianza y garantías previas para ello.
Sin embargo, el punto
crítico no superado por las partes, fue el no cumplimiento simultáneo de las
condiciones exigidas para conformar la mesa de diálogo. Por el lado de los
alumnos es la ausencia de garantías reales por las autoridades de la UNAH y la
Fiscalía para no criminalizarlos como delincuentes, por las autoridades el
abandono de las tomas de edificios para poder reiniciar las clases.
La madrugada del viernes 1
de julio de 2016, sucedió lo contrario a la búsqueda del dialogo como solución
de conflictos, o sea el desalojo de los alumnos por la Fuerza de Seguridad
Publica, con un Comisionado de Policía y Juez Ejecutor a la cabeza, que incluso
capturaron a más de veinte alumnos sin tener en mano la orden emitida según
denunciaron defensores de derechos humanos. La criminalización de la protesta
pública se dio sin que se conociera la orden de requerimiento fiscal y nombre
del imputado; es decir que, con ello, todos los alumnos participes de las tomas
de edificios son sujetos de criminalización.
Para los voceros de la
policía, la principal justificación
para apresarlos es que estos se cubren el rostro y, por tanto, son delincuentes. Los representantes de las
organizaciones de derechos humanos consideran estas acciones como una violación
al derecho constitucional de la protesta pública y a los principios universales
que rigen (o deben hacerlo) la conducta de las autoridades constituidas y de
las propias personas portadoras de derechos.
Esta intervención es un
clara violación a la autonomía universitaria, donde la protesta se criminaliza
por decreto sin agotar la instancia del diálogo que debe ser la pauta en una
Institución que lidera la educación superior de Honduras, y donde el
conocimiento, pluralismo ideológico, tolerancia y respeto mutuo debe ser la
norma que marca la intervención de los actores reales (alumnos, autoridades
universitarias y docentes) en la llamada reforma universitaria iniciada con la
aprobación de la nueva Ley Orgánica de la UNAH en diciembre de 2004 y efectiva
a partir de febrero de 2005, que crea una Comisión de Transición para asegurar
una reforma integral de la Institución.
Tanto en la Ley Orgánica y
Plan General para la Reforma Integral de la UNAH de 2005, se descarta de entrada
el uso de la fuerza para solucionar los problemas que aquejan a la institución,
en especial cuando se trata de temas relacionados con la academia. Es más,
promueve el diálogo entre actores para que ello no suceda, dando legitimidad y
confianza a cada actor. La razón e inteligencia debe privar frente al uso de la
fuerza, no lo contrario.
Lo que sucedió en día
viernes 1 de julio de 2016 es un mal precedente para la UNAH, ya que se
renuncia al diálogo y utiliza la vía más fácil de solución de conflictos: la
Fuerza. Pero también muestra a la UNAH como una institución poco democrática y
pluralista, en el sentido de no reconocer que los derechos establecidos para
cada actor real de la reforma universitaria deben cumplirse, igual exigirse sus
deberes.
Uno de estos derechos es
la participación y representación de los alumnos y docentes en los órganos e
instancias de dirección de la UNAH, tal como establece la Ley Orgánica. No se
trata de volver a la llamada “paridad
estudiantil” que tanto daño le hizo a la UNAH en la década de los 80’s y
parte de los 90’s, sino equilibrar la representación frente a la propuesta de
imponer por un actor los representantes de los demás actores.
Una de la críticas de
fondo a las actuales autoridades universitarias es la falta de liderazgo en la
integración de un gobierno universitario equilibrado, donde tanto los docentes
y alumnos se sientan representados y participes de la reforma que soñó el
Doctor Jorge Haddad Quiñonez como presidente de la Comisión de Transición para
la Reforma Integral de la UNAH. La participación estudiantil es fundamental
para que el proceso de reforma avance, en tanto su aporte no solo se reduce a
asistir y cursar las clases, sino a proponer acciones, políticas, programas,
proyectos y reglamentos para beneficio conjunto de la colectividad universitaria
y país en general.
En la coyuntura actual es
urgente que se retome el diálogo, pero más aún que se elimine una práctica no
académica de acusar a estudiantes de delincuentes por proponer y exigir un
diálogo franco, amplio e incluyente. Hay que convocar a la mesa de diálogo
tripartito (alumnos, docentes y autoridades) y definir una Hoja de Ruta. Uno de
los puntos es la aprobación del reglamento para la celebración de elecciones en
las asociaciones de estudiantes y definir las fecha de estas (el tiempo
apremia), donde se elegirán a los representantes estudiantiles a los órganos de
dirección de la UNAH; la ADUNAH debe hacer lo mismo.
En este proceso es
importante la identificación de interlocutores del diálogo a lo interno de la
UNAH, ya que los estudiantes frente al desalojo ejecutado por la Fuerza de
Seguridad no confían en las autoridades universitarias. Los interlocutores
pueden ser docentes de prestigio reconocido y alta credibilidad moral y
académica frente a los alumnos y autoridades. Viene a la mente los nombres del
Dr. Antonio Cruz, coordinador de la Carrera de Desarrollo Social, Msc. Blas
Barahona jefe del Departamento de Sociología y el Dr. Marco Tulio Medina de la
Facultad de Ciencias Médicas. Incluso se abre el espacio para que participen
docentes de las carreras de Odontología e Ingeniera.
Si esto fracasa, los
interlocutores del diálogo académico serían externos, lo cual no garantiza que
se respeten los acuerdos e introduzcan otros temas en la agenda de diálogo. Se
han ofrecido a mediar en el conflicto el licenciado Marcial Solís coordinador
de la Reforma Educativa por el gobierno, el ex Rector Jorge Arturo Reina, los
diputados Jorge Cálix de LIBRE y Darío Banegas del Partido Liberal. Incluso se
habla del abogado Rigoberto Chang Castillo, hombre de confianza del presidente
Juan Orlando Hernández.
Esta crisis universitaria
de coyuntura debe ser vista como una oportunidad para superar el conflicto, más
que un fracaso de las luchas estudiantiles y logros de las autoridades
universitarias. Hay que evitar se vuelva a la situación inicial de punto
muerto: la intransigencia y el rechazo al diálogo académico por las partes.
Ciudad Universitaria,
Honduras, 4 de julio de 2016
Artículo relacionado: El asalto a la UNAH y
la imposición de la reforma educativa neoliberal OFRANEH
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