Jorge Gonzalorena Döll
(Sociólogo e Historiador
Económico chileno)
Fuente: América Latina en
movimiento
ALAI, 06/07/2016
El envío del proyecto de ley de Educación Superior al
Parlamento ha terminado por sepultar las ilusiones de quienes se forjaron
injustificadas expectativas en los supuestos afanes reformistas del actual
gobierno. Ha terminado de quedar meridianamente claro que la llamada “Nueva Mayoría” jamás ha estado animada
de un real interés por reformar el sistema educativo y que solo ha aspirado,
mediante algunos ajustes menores al modelo educativo impuesto por la dictadura,
a aminorar el descontento para restar con ello vitalidad a la lucha de los
estudiantes.
Como cualquier persona
medianamente informada sabe, la dictadura, apoyada en un intenso despliegue de
métodos terroristas y en exclusivo provecho del gran capital, arrasó con los
derechos sociales antes conquistados por los trabajadores en los ámbitos
laboral, previsional, educacional y de la salud pública, reduciendo los
salarios, precarizando el empleo, imponiendo un sistema previsional de
capitalización individual administrado a su antojo por el gran capital,
privatizando de manera creciente el sistema escolar y universitario y también
el sistema de salud.
Desde luego, nada de esto
fue hecho por casualidad o por razones de eficacia
o eficiencia social, como falazmente
argumentaron los apologistas del modelo neoliberal, sino para beneficiar a los
sectores más ricos y poderosos de la población, alivianando sustantivamente la
carga de impuestos con la que debían contribuir a financiar estos servicios en
su calidad de bienes públicos. Además, al dejar de considerar un deber del
Estado la provisión de estos servicios, se crearon nuevos nichos de negocios
que, orientados a maximizar sus utilidades, solo pueden hacerlo a expensas de
la calidad de las prestaciones que brindan.
En efecto, al tener el
afán de lucro como objetivo supremo, en la provisión de estos servicios se
generan numerosos incentivos perversos que minan la calidad y confiabilidad
social de los mismos. Surgen así, por iniciativa y con la activa protección del
Estado, nuevos mercados, centrados en actividades altamente seguras y rentables
para los inversionistas, basados en la existencia de públicos segregados que
pueden permanecer cautivos por largos periodos de tiempo, permitiéndoles a las
empresas proyectar sus negocios con una tranquilidad inexistente en los
mercados de carácter más tradicional.
Tomemos el ejemplo de una
universidad. En este sistema mercantilizado, su fuente de ingresos son los
aranceles que cobra a sus estudiantes, debiendo esforzarse por captar y luego
retener al mayor número posible de “clientes”,
aun cuando para ello deba minimizar permanentemente los niveles de rendimiento
académico exigidos. Además, para ampliar sus márgenes de utilidad, debe contar
con una planta académica lo más reducida posible, cubriendo la mayor parte de sus
cursos con profesores laboralmente precarizados, contratados a honorarios y por
montos más bien modestos. ¡Para qué hablar de la posibilidad de fomentar el
desarrollo de nuevos conocimientos de real interés social!
Este ha sido y continúa
siendo el tema clave, que explica la tenaz resistencia de los ricos a que el
sistema sea realmente reformado para que el Estado vuelva a asumir su deber de
garantizar la provisión de educación y salud como derechos sociales de la
población. Es evidente que la creciente disminución de la intervención del
Estado en estos ámbitos y el continuo aumento de la privatización y
mercantilización de los servicios correspondientes ha reducido la magnitud de
los fondos requeridos para financiar el gasto público, pero ello se ha hecho a
expensas de un enorme perjuicio social que en definitiva se traduce en un
fuerte incremento de la desigualdad.
Lo cierto es que hoy
tenemos en Chile un sistema educativo que, en comparación con el de otros
países, absorbe demasiados recursos, con un aporte mínimo del Estado, y que
arroja pobrísimos resultados en el plano estrictamente formativo, encontrándose
además fuertemente segregado. En suma, un desastre por dónde se le mire, que
sólo invoca a su favor el aumento de la cobertura, pero que si se la compara
con la de otros países de la región se puede constatar de inmediato que
corresponde a una tendencia universal y con logros mucho mayores en países que
cuentan con sistemas educativos fuertemente basados en el gasto público, como
por ejemplo en Argentina, Venezuela o Cuba.
Si a ello le agregamos los
altísimos niveles de endeudamiento que pesan sobre numerosas familias de
ingresos bajos y medios, el obsceno e injustificado traspaso de fondos públicos
a la banca privada a través del Crédito con Aval del Estado (CAE), la falta de
control con que operan impunemente grandes empresas transnacionales del negocio
educativo, la precarización de los empleos que afecta a la mayor parte de los
académicos y funcionarios de las universidades, tanto públicas como privadas, y
la falta de participación democrática real de las comunidades universitarias en
el gobierno de las instituciones de educación superior, se comprende la intensa
indignación que todo ello suscita entre los estudiantes y sus familias.
Frente a ello la casta, a
todas luces venal, que domina el escenario político ha levantado una serie de
falacias para intentar deslegitimar la lucha de los estudiantes. Lo más
escuchado en estos días de boca de numerosos “expertos”, incluido el actual Ministro de Hacienda, y repetido
acríticamente por conductores de los medios de comunicación, es que no se puede
financiar la gratuidad universal de la educación a todos sus niveles, incluido
el universitario, porque sencillamente los recursos del país no alcanzan. Pero
el hecho es que países con mucho menos recursos que Chile, como Cuba por
ejemplo, lo han hecho y con excelentes resultados educativos.
Como ya dijimos, lo que
ocurre es que en Chile tenemos un presupuesto público que tras el golpe se vio
drásticamente reducido para permitir que los grupos más poderosos pudiesen
apropiarse tranquilamente de una proporción exorbitante de la riqueza generada
en el país sin tener que contribuir de manera efectiva a financiar los
requerimientos de la sociedad. Más aún, el peso de los impuestos se dejó caer
preferentemente sobre los hombros de los sectores de ingresos bajos y medios,
liberando o alivianando por distintas vías la carga de los de mayores ingresos.
Basta observar la magnitud de los privilegios tributarios de que actualmente
goza la gran minería.
Es por ello que hoy
tenemos en Chile un sistema tributario profundamente regresivo, es decir, un
sistema de impuestos que, en relación a sus ingresos, grava proporcionalmente
más a los sectores más pobres o medios que a los sectores más ricos de la
población. Junto a los bajos salarios, eso es lo que explica la gran
desigualdad social actualmente existente en el país. Y ello sin considerar la
causa última y decisiva, que es la extrema desigualdad en la distribución de la
riqueza, creada y recreada permanentemente por una economía basada en la
apropiación privada de los medios de producción y empujada y guiada en su
funcionamiento por el afán de lucro, es decir, una economía capitalista.
Evidentemente no sería
decente que se intentara aumentar la ya pesada carga de impuestos que pesa
sobre los más pobres. Por el contrario, esa carga debiese aligerarse, liberando
de impuestos a los artículos de primera necesidad. Y en esto se apoya el
discurso hipócrita de quienes sostienen que la gratuidad universal no solo no
sería posible sino tampoco deseable porque sería socialmente regresiva ya que
obligaría a que los más pobres pagasen la educación de los más ricos. Y claro,
es evidente que no corresponde, ya que ello sería profundamente inmoral, que
los más pobres pagasen la educación de los más ricos. Y por eso la solución no
consiste en que la carga tributaria sea aumentada por la vía de elevar la tasa
del IVA o ampliar la base del Impuesto a la Renta, medidas que evidentemente
tornarían aún más regresivo el sistema tributario.
Pero lo que todos estos “expertos” deliberadamente callan es que
esa no es la única forma de hacerlo. La carga tributaria no solo se puede sino
que, por elementales criterios de justicia, se debería aumentar significativamente,
elevando la hoy muy ligera carga tributaria que grava los ingresos de los
sectores más ricos. Es decir generando una manera efectivamente solidaria de
aumentar y financiar el presupuesto público. Ello no solo permitiría proveer
los recursos necesarios para que el Estado financie una oferta pública
universal de educación de calidad sino también cubrir otras necesidades
urgentes como la de proveer una oferta pública universal de salud tan
imperativamente necesaria hoy en el país.
Y ello, al revés de lo que
dice el discurso hipócrita de la clase dominante, permitiría que los ricos no
solo se limiten, como hoy lo hacen, a financiar de manera temporal la educación
de sus propios hijos, sino que contribuyesen a financiar también, de manera
sustantiva y permanente, la educación de los hijos de las numerosas familias
que no tienen los medios necesarios para ello. Y si luego en calidad de
profesionales todos aquellos jóvenes a los que la sociedad ha financiado
solidariamente sus estudios logran acceder a altos niveles de ingreso, por la
vía de un sistema tributario progresivo se verían obligados a aportar también
una contribución proporcional a ellos para el financiamiento permanente del
gasto público.
Esto es lo mínimo que
debiésemos esperar en una sociedad regida por elementales criterios de
justicia. Pero para las voces del actual establishment neoliberal y para el
gobierno supuestamente “progresista”
de la “Nueva Mayoría” ¡ni qué hablar
de modificar el actual sistema tributario, recientemente maquillado con la
ridícula reforma obscenamente “cocinada”
en los oscuros conciliábulos del Senado!
Comentarios