Fuente: AIUnoticias
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Red latina sin fronteras
Publicado: 1 junio, 2016
El pasado sábado 7 de mayo participamos de la Marcha en
Defensa del Agua que organizaron los colectivos ambientales de Maldonado
integrantes de la Asamblea Nacional Permanente en defensa de la Tierra y los
Bienes Naturales (ANP). Unas 700 personas marchamos por el centro y peatonal de
Maldonado, al ritmo de cánticos como “el agua no se vende, se defiende”,
portando varias pancartas y abundantes banderas.
La actividad concluyó con
la lectura de la proclama (ver abajo) en la Plaza de Maldonado. Luego se realizó
la 8° Asamblea Nacional de la ANP, donde informaron todos los colectivos de las
luchas que están desarrollando en defensa de los bienes naturales y se
realizaron acuerdos de cómo encarar conjuntamente la lucha.
Difundimos extractos de la
declaración de la marcha por su claridad sobre estos temas vitales para nuestro
pueblo y como ejemplo de la importancia de la ANP como herramienta del
movimiento popular.
Proclama
Marcha en Defensa del Agua
Hoy, un conjunto
de colectivos sociales e individuos organizados horizontalmente y con
independencia político partidaria, nos movilizamos en defensa de nuestra agua.
Estamos aquí para reiterar la denuncia del avance de la contaminación de
nuestras fuentes hídricas como un hecho alarmante, que se viene incrementando
hace más de diez años con el cambio de modelo productivo, provocando que la
población se vea obligada a consumir agua no potable.(…) En nuestro país, el
agua está protegida constitucionalmente en el Art. 47.
Esta protección es un caso
único en el mundo, ya que no se debe a una ley votada por legisladores en el
parlamento, sino que, fue la ciudadanía uruguaya quien mediante su soberanía
popular la hizo realidad en el histórico plebiscito del agua en el año 2004.
Solo la participación y la lucha de los ciudadanos organizados garantizarán el
cumplimiento de esta reforma tan valiosa. (…)
Además, establecimos en nuestra
Constitución, que la gestión del agua debe ser solidaria con las actuales y las
futuras generaciones, y que por ende deben anteponerse las razones de orden
social a las económicas. También establecimos que el manejo del agua no puede
quedar en manos de privados.
Hoy en día, no se cumplen casi
ninguno de estos mandatos constitucionales. Los episodios de público
conocimiento por agua contaminada, y consecuentemente, la proliferación de
micro algas en Maldonado y en Montevideo, así como la crítica situación de la
cuenca del Río Santa Lucía, la cual es fuente de agua de casi 2 millones de
personas, y hoy registra altas concentraciones de sustancias toxicas, son
apenas los signos más visibles de una situación de contaminación generalizada
que afecta nuestro vital recurso a nivel departamental y nacional.
Nuestras cuencas hídricas están
a punto de colapsar, amenazadas por un modelo de agro negocios concentrador y
excluyente, así como por una política de extractivismo perpetradora de
desigualdades sociales. (…)
Con el fracking, o también llamada fractura hidráulica, se extraen
hidrocarburos y gases que destruyen las capas del subsuelo, liberándose gases tóxicos
que se propagan por el agua y contaminan todo a su paso. Este mecanismo que
está prohibido en muchos lugares donde se ha llevado a cabo, hoy amenaza el
mayor reservorio de agua dulce del planeta, que se extiende ampliamente por el
territorio de nuestro país, el acuífero Guaraní. (…)
No podemos obviar que parte de
estas inundaciones son debidas al cambio climático así como también al
imperante modelo de agronegocio que devasta nuestro monte nativo, el cual
funcionaba como colchón para retener el agua. Las enormes extensiones de
monocultivo de soja y árboles transgénicos, que suman millones de hectáreas,
impiden que la tierra absorba esa agua, acelerando la erosión y llevando todo
esa agua, que antes impregnaba la tierra, hacia los causes de los arroyos y
ríos, desbordándolos. No es casualidad que las grandes inundaciones de los
últimos tiempos coincidan con el mapa de las plantaciones de soja en nuestro
país, en Argentina, Paraguay y Brasil. Como ciudadanos debemos pensar sobre qué
modelo de país queremos, y qué caminos vamos a tomar para ello.
Exigimos entonces, una revisión
inmediata del modelo de desarrollo agroalimentario, forestal, energético y
minero que se ha impuesto en nuestro territorio, para evaluar entre todos,
rigurosamente los costos y beneficios que este está trayendo a nuestra región,
al país y al planeta. Exigimos también, que las autoridades competentes se
comprometan a comunicar claramente el actual y verdadero estado del agua en
nuestro país, y alerten sobre los potenciales peligros hacia la salud humana
que implica su consumo, aplicando las políticas que sean necesarias para
asegurar la potabilidad del agua, y la salud de la población.
Rechazamos la Ley de Riego, ley inconstitucional que
privatiza el agua, que solo beneficia a inversores especuladores, y que apunta
a la consolidación y ampliación de un sistema productivo que ya acarrea
gravísimos problemas, agravando insólitamente aún más la situación. Los
ciudadanos tenemos derecho de determinar libremente los medios que deseamos para
vivir, que contemplen y persigan los intereses del pueblo, el desarrollo de su
economía, su cultura y la sociedad toda.
Decidir colectivamente los usos
y cuidados que queremos darle a nuestras aguas, proceso vital para viabilizar
los proyectos locales, y definir los hábitos que debemos generar para que sean
posibles. Hay otras modos de vivir en armonía con lo que nos rodea, y el
hacerlos realidad, depende de nosotros, de nuestra decisión y de nuestra
participación.
¡POR EL
ACCESO EN NUESTROS HOGARES A AGUA REALMENTE POTABLE!
¡POR UNA POLÍTICA DEL
AGUA INCLUSIVA Y TRANSPARENTE AL SERVICIO DE LAS COMUNIDADES!
¡POR UNA
PROTECCIÓN INMEDIATA Y EFECTIVA DE NUESTRAS CUENCAS!
¡NO A LOS AGROTÓXICOS
EN NUESTROS RÍOS!
¡EL AGUA
NO SE VENDE, EL AGUA SE DEFIENDE!
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