jueves, 5 de mayo de 2016

A DIEZ AÑOS DE LOS CRÍMENES DE ESTADO COMETIDOS EN ATENCO SIGUE SIN HABER JUSTICIA

Por Gabushka Amor
Foto: Nelly Salas/cuartoscuro.com
Notas informativas
RompeViento TV
Fecha: mayo 03, 2016
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, fueron desalojados violentamente habitantes y comuneros de los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México, junto con miembros del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) y de la Otra Campaña del EZLN. Se oponían a la venta de terrenos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como respuesta, el gobierno envió 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y mil 815 agentes municipales y estatales.
Lo que empezó como una toma de la carretera Texcoco-Lechería en protesta y solidaridad con floricultores desalojados en Texcoco, terminó con allanamiento de viviendas, golpes y torturas, detenciones arbitrarias de más de 200 personas, entre ellas 47 mujeres de las que al menos 26 denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, física y psicológica por parte de los policías. Fueron expulsados del país cinco extranjeros y murieron dos personas: Alexis Benhumea, a consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y Francisco Javier Cortés Santiago, de 14 años, por una bala.
Las víctimas presentaron múltiples quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual realizó una investigación y emitió en octubre de 2006 una recomendación dirigida a Eduardo Medina Mora, entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, y al exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Medina Mora rechazó la recomendación.
En el 2008, once mujeres denunciaron al Estado mexicano como responsable de tortura sexual ante la Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH). El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en 2010 se reconoció públicamente que servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado de México cometieron acciones ilegítimas, violentas, excesivas e injustificables que derivaron en violaciones graves de garantías individuales en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos. Por esto, se ordenó la liberación de 12 integrantes del FPDT sentenciados por “delincuencia organizada” con penas que iban de los 31 a 112 años.
A pesar de las respuestas institucionales, que han intentado resarcir el daño de manera económica y legal, no han sido juzgados ni castigados los autores intelectuales y materiales y sigue sin haber justicia en torno a la tortura, a los dos asesinatos y a las violaciones de mujeres. Sobre esto, desde el año pasado la CIDH está preparando un Informe de Fondo del caso que incluirá recomendaciones para el Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales de las 11 mujeres que presentaron la demanda en 2008.
Se les dará a las autoridades un período para cumplir con los exhortos del organismo internacional; si no los cumplen, el caso se llevará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Si quieres saber más sobre lo que pasó en Atenco, ve esta entrevista de Rompeviento TV: