Por Gabushka Amor
Foto: Nelly
Salas/cuartoscuro.com
Notas informativas
RompeViento TV
Fecha: mayo 03, 2016
Los días 3 y 4 de mayo de 2006, fueron desalojados
violentamente habitantes y comuneros de los municipios de Texcoco y San
Salvador Atenco, Estado de México, junto con miembros del Frente de Pueblos en
Defensa de la Tierra (FPDT) y de la Otra Campaña del EZLN. Se oponían a la
venta de terrenos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México. Como respuesta, el gobierno envió 700 elementos de la Policía
Federal Preventiva y mil 815 agentes municipales y estatales.
Lo que empezó como una
toma de la carretera Texcoco-Lechería en protesta y solidaridad con
floricultores desalojados en Texcoco, terminó con allanamiento de viviendas,
golpes y torturas, detenciones arbitrarias de más de 200 personas, entre ellas
47 mujeres de las que al menos 26 denunciaron haber sido víctimas de violencia
sexual, física y psicológica por parte de los policías. Fueron expulsados del
país cinco extranjeros y murieron dos personas: Alexis Benhumea, a consecuencia
del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno, y Francisco Javier Cortés
Santiago, de 14 años, por una bala.
Las víctimas presentaron
múltiples quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la
cual realizó una investigación y emitió en octubre de 2006 una recomendación
dirigida a Eduardo Medina Mora, entonces Secretario de Seguridad Pública
Federal, y al exgobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto. Medina
Mora rechazó la recomendación.
En el 2008, once mujeres
denunciaron al Estado mexicano como responsable de tortura sexual ante la
Comisión Interamericana Derechos Humanos (CIDH). El caso llegó hasta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en 2010 se reconoció públicamente que
servidores públicos de la Agencia de Seguridad Estatal y el Gobierno del Estado
de México cometieron acciones ilegítimas, violentas, excesivas e
injustificables que derivaron en violaciones graves de garantías individuales
en contra de pobladores de donde ocurrieron los hechos. Por esto, se ordenó la
liberación de 12 integrantes del FPDT sentenciados por “delincuencia organizada” con penas que iban de los 31 a 112 años.
A pesar de las respuestas
institucionales, que han intentado resarcir el daño de manera económica y
legal, no han sido juzgados ni castigados los autores intelectuales y
materiales y sigue sin haber justicia en torno a la tortura, a los dos
asesinatos y a las violaciones de mujeres. Sobre esto, desde el año pasado la
CIDH está preparando un Informe de Fondo del caso que incluirá recomendaciones
para el Estado mexicano por las violaciones a las garantías fundamentales de
las 11 mujeres que presentaron la demanda en 2008.
Se les dará a las
autoridades un período para cumplir con los exhortos del organismo
internacional; si no los cumplen, el caso se llevará a la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Si quieres saber más sobre lo que pasó en
Atenco, ve esta entrevista de Rompeviento TV:
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