(MARYS YIC)
Red Latina sin fronteras
11 abril 2016
Luis Martirena e Ivette Jiménez de Martirena eran militantes
tupamaros, tenían dos hijas, Laura y Ana.
El 14 de abril de 1972
fueron asaltados por un operativo de las Fuerzas Conjuntas en su domicilio en
el barrio Malvín y ejecutados. En ese mismo operativo fueron detenidos Eluterio
Fernández Huidobro y David Cámpora que permanecían escondidos en el entretecho
de la casa.
Ninguno de los tupamaros
portaba arma ni ofreció resistencia. Luis se acercó a una de las ventanas con
un pañuelo blanco como señal de entrega. A pesar de ello lo hieren.
El asesinato de Ivette es
en la planta baja de la casa. La paran contra la pared de la cocina y la
ejecutan de un disparo en la nuca. Según testigos el homicidio fue atribuido al
Inspector Víctor Castiglione.
Luis, que murió desangrado
en el 1º piso de la casa, su asesinato ha sido atribuido al Comisario Hugo
Campos Hermida que lo acribilló ya en el suelo.
Hubo mucho miedo, sin
embargo, se juntaron más de cien personas frente a la casa.
Las personas avanzaban y
la policía retrocedía. Disparaban, pero retrocedían.
Las hijas del matrimonio
estaban una en la escuela y otra en el liceo. Un compañero las fue a buscar y
les dio la noticia. No volvieron a la casa, tampoco volvieron a ver a sus
padres ni siquiera muertos.
Hubo velatorio con cajón
cerrado y expresa prohibición de abrirlo.
En el expediente que ha
tenido extensas actuaciones, concurrieron a declarar decenas de testigos, entre
ellos militantes tupamaros y miembros de la policía y el ejército. Uno de los
testigos fue el Coronel Carlos Calcagno, quien estuvo en el operativo como
miembro del Cuartel Florida (hoy solicitada su captura internacional por
Paraguay ya que participó del Plan Cóndor y está acusado de cometer violaciones
a los Derechos Humanos).
El 16 de abril de 2007 el
Juez a pedido de la Fiscal archivó el expediente. La resolución dice que: “la Sra. Fiscal dice que Víctor Castiglione y
Hugo Campos Hermida fallecieron. No se ha podido establecer ninguna otra
persona responsable de los hechos que se investigan”.
Los demás responsables de
estos aberrantes crímenes están amparados por la Ley de Caducidad.
Mantener la memoria viva
ES FUNDAMENTAL, no podemos olvidar. No se trata de venganza ni de rencor, se
trata de la historia de un país, se trata de poder asegurarle a las
generaciones futuras un país con democracia plena, digno y con justicia social.
Para ello debe prevalecer
la verdad y la justicia.
Luis Martirena e Ivette Giménez
(MARYS YIC)
En octubre de 2003 Ana y Laura Martirena Giménez presentaron
denuncia penal por la muerte de sus padres a manos de efectivos policiales el
14 de abril de 1972. Las declaraciones de los testigos coinciden en señalar que
ambos estaban desarmados y fueron ametrallados sin ofrecer resistencia.
A fines de 1971, la
dirección del movimiento tupamaro valoró que la casa ubicada en la calle
Amazonas 1440 era un lugar relativamente a salvo de sospechas policiales, y
decide construir un “berretín” (un
escondite) sobre el cielo raso del segundo piso. Miembros importantes del MLN
pasan a realizar allí sus reuniones. En el vecindario se sabía que el dueño de
casa, el escribano Luis Martirena, se desempeñaba también como periodista
ocasional del semanario Marcha, pero nada más. Se trataba de una pareja joven con
dos hijas, de clase media y de izquierda como tantas por aquella época en
Malvín.
Sin embargo, a partir de
la detención del entonces dirigente tupamaro Héctor Amodio Pérez, el 9 de
febrero de 1972, y gracias a una lista de “locales”
que llevaba consigo, la Policía toma conocimiento de que esa casa –y por lo
menos dos más– servían al funcionamiento del MLN-T. Amodio no advierte a sus
compañeros sobre los locales descubiertos ni siquiera cuando el 12 de abril
logra fugarse por segunda vez de la cárcel de Punta Carretas y todavía se
estaba a tiempo de evacuar esos lugares o suspender las acciones previstas.
La policía no actúa de
inmediato. Espera, vigila, interviene el teléfono y fotografía a quienes salen
y entran de la casa a la espera del momento oportuno, que llega el 14 de abril.
Ese día rodean y copan la vivienda, matan al matrimonio, encuentran casualmente
el “berretín” y capturan a Eleuterio
Fernández Huidobro y a David Cámpora, allí escondidos.
Las cosas comenzaron a la
hora 14, cuando los ocupantes de la casa sienten dos potentes estampidos de
armas de fuego, seguidos por una lluvia de disparos de fusiles M1 y ráfagas de
ametralladoras punto 30. Las balas atraviesan el cielo raso y tres de ellas
hieren a Fernández Huidobro, en el pie, en la pantorrilla y en el cuello. Los
policías irrumpen. Cámpora escucha cuando Martirena, desde la parte superior de
la escalera, intenta detenerlos gritándoles que no tiren, que están desarmados.
Lo barren con una ráfaga de metralleta y lo dejan desangrar. A su esposa la
asesinan de un balazo en la cabeza cuando pretende salir del garaje con las
manos en alto. Cámpora y Fernández Huidobro son descubiertos, pero salvan sus
vidas gracias a que el entonces juez Daniel Echevarría y un actuario se habían
hecho presentes en el lugar.
La versión de la policía es
por supuesto diametralmente distinta: dice que llegaron a la casa de la calle
Amazonas tras perseguir a un vehículo que
allí se detuvo. Que los ocupantes del auto se parapetaron tras un muro a la
entrada de la vivienda y de allí dispararon sobre los agentes, para luego ingresar a la casa. Que la
pareja murió tras el “intenso tiroteo”
que se produjo. Una versión muy, muy similar dio la policía para explicar cómo
habían resultado muertos, ese mismo día, otros cuatro tupamaros en una vivienda
de la calle Pérez Gomar.
En sus declaraciones de
los primeros días de este mes ante el juez penal de décimo turno Rolando
Vomero, que entiende en la causa abierta por las hijas del matrimonio
asesinado, el ex juez Echevarría manifestó que nunca se pudo comprobar la
existencia en la casa de calle Amazonas de armas que justificaran la
utilización por la policía de armamento pesado, incluidas ametralladoras
antiaéreas. David Cámpora, que también declaró como testigo, acusó a su vez al
comisario Víctor Castiglioni de ejecutar a Ivette Giménez, y al subcomisario
Hugo Campos Hermida de haber ametrallado y dejado desangrar a Martirena. Ambos
policías fallecieron recientemente. Señaló igualmente al coronel retirado
Carlos Calcagno, del Batallón Florida, como uno de los participantes en el
operativo.
Según el abogado Walter de
León, representante legal de las hijas del matrimonio asesinado, miembros de
las Fuerzas Conjuntas que participaron del operativo están dispuestos a
declarar. De León recordó que al tratarse de hechos sucedidos antes del 27 de
junio de 1973 no están cubiertos por la Ley
de Caducidad.
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