Reducción de pensiones y “combate a la pobreza”
La Voz del Anáhuac
abril 2017
Hace un año
reprodujimos en este espacio una nota periodística publicada por el diario La Jornada el 3 de abril de 2016, respecto al
fallo con el que la SCJN reduce las pensiones de los trabajadores
afiliados al IMSS.
En relación a este problema, el diario El Financiero publicó el 05.09.2016 la siguiente nota:
Gobierno gasta más en
pensiones que en combate a la pobreza
Al inicio de la administración de Peña Nieto, la
brecha entre lo destinado al pago de pensiones del sector público y los
programas para reducir la pobreza era de apenas 3%, mientras que para este año
alcanzaría 9%.
Zenyazen
Flores
El
Financiero
05.09.2016
El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha
gastado más recursos en el pago de pensiones del IMSS e
ISSSTE que en programas para el combate de la
pobreza, con todo y que los recursos para disminuir el número de
pobres no han sufrido recortes esta administración.
De acuerdo con el
Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno,
en 2016 se ejercerán 410 mil 295 millones de pesos en programas para la
superación de la pobreza, mientras que en pensiones del IMSS e ISSSTE se
ejercerán 446 mil 441 millones de pesos.
Es decir, el gasto
en pensiones de las dos instituciones de seguridad social más importantes del
país supera en nueve por ciento el gasto destinado a disminuir el número de
pobres que a 2014 sumaron 55.3 millones de personas o 46.2 por ciento de la
población total.
Al inicio de la
administración de Peña Nieto la brecha entre lo destinado al pago de pensiones
del sector público y pobreza era menor.
En 2013, se
gastaron 350 mil 542 millones de pesos en pensiones del IMSS e ISSSTE, mientras
que en programas para combatir la pobreza se ejercieron 339 mil 970 millones de
pesos, por lo que el diferencial entre ambas partidas era tres por ciento.
En tanto en el
primer año de gobierno del expresidente Felipe Calderón el gasto en pensiones
de las dos instituciones superó al aplicado en programas contra la pobreza,
pero en los siguientes tres años la tendencia cambió.
Héctor Villarreal,
director del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) explicó
que el mayor gasto en pensiones sobre otros rubros como el de combate a la
pobreza, refleja la presión del sistema fiscal y la necesidad de hacer un
replanteamiento del gasto público, pues actualmente el gobierno se basa en una
estructura programática que viene de 30 años.
“El gobierno va a tener que pagar más en pensiones con
gasto corriente y esto es algo que no se va a revertir al menos hasta 2024 (…) Aquí no tienes opción, estas obligado
legalmente a hacer el gasto”, comentó.
Dada la presión de
las finanzas públicas, Villarreal consideró que “hasta el margen en el gasto en pobreza se nos está acabando, creo que
el combate a la pobreza más que por programas vamos a tener que pensar como
combate pobreza con educación, pensiones a los más pobres y sobre todo un buen
sistema de salud, yo creo que fondear todo eso es el gran reto de los
siguientes años”.
En 2016 el gobierno
federal ejercerá 611 mil 261 millones de pesos en pensiones del sector público,
que son las del IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE y Ramo 19 (Aportaciones a seguridad
social).
De ese monto sólo
el IMSS e ISSSTE concentran 73% del gasto total en pensiones.
Al inicio de la
administración de Peña Nieto el gasto en pensiones fue de 465 mil 699 millones
de pesos y el 75% de ese gasto fue para pagar pensiones de IMSS e ISSSTE.
En cuanto al gasto
federal ejercido en programas para combatir la pobreza, de los 410 mil 295
millones de pesos previstos en 2016, una cuarta parte, es decir, 105 mil 475
millones de pesos son recursos que gasta la Sedesol, mientras que en segundo
lugar se encuentra la Secretaría de Salud con 85 mil 271 millones de pesos.
Pero omiten
el gobierno federal, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, la SCJN, las direcciones del IMSS e ISSSTE, la Sedesol,
ni ningún organismo oficial es:
1.- El derecho a pensionarse
ha sido sistemáticamente golpeado
a) Por los sucesivos recortes
presupuestarios a la salud y seguridad pública,
b) La privatización de los
fondos de pensiones del IMSS e ISSSTE y la creación de las llamadas Afore,
c) Hay una tendencia hacia la
desaparición de las pensiones por mandatos de los organismos financieros
internacionales a los que el Estado mexicano se ha supeditado a consecuencia de
la imposición del modelo neoliberal del sistema capitalista.
2.- El modelo neoliberal del
sistema capitalista ha provocado el incremento de la pobreza en todo el
territorio nacional.
3.- El modelo neoliberal del
sistema capitalista ha impuesto el desentendimiento de la función social del
Estado, mermando y tendiendo a desmantelar o privatizar las instituciones
públicas destinadas a garantizar los derechos sociales: salud, educación,
seguridad social, empleo, derechos laborales, mediante las llamadas reformas estructurales.
4.- Los derechos de los
trabajadores han sido severamente golpeados de manera inconstitucional, ya que
estos son irrenunciables y de acuerdo a los Artículos 2º y 123
constitucionales, estos no son reversibles, por el contrario, es obligación del
Estado y de los sindicatos preservarlos y mejorarlos, no limitarlos, reducirlos
o desaparecerlos, como está ocurriendo.
5.- A nadie extraña que la
política estatal vaya en el sentido de cargar los costos de las crisis
económicas a los trabajadores, pero ¿qué ha pasado con el papel que el
sindicalismo debe cumplir el la defensa de los derechos laborales? Lo estamos
padeciendo: ha renunciado a cumplir con su misión histórica como organismos de
resistencia y lucha proletaria, se ha entregado al servicio del capital,
incluyéndose en esta traición los sindicatos modernos, democráticos.
6.- Así pues, la reducción de
las pensiones y la farsa del llamado “combate
a la pobreza” forman parte de una misma política neoliberal, antiobrera.
La lucha proletaria
anticapitalista hoy, los sectores del pueblo en lucha
La
Voz del Anáhuac
05
abril, 2017
Ante este panorama el pueblo trabajador no tiene más
camino que organizarse y luchar para defender sus derechos de manera
independiente del gobierno en sus tres niveles y del sindicalismo.
Cuesta arriba, contra la
corriente, de manera autónoma tendrá que darse esta lucha. Puede pensarse que
frente a la devastación neoliberal los trabajadores están solos. Pero no es
así. Se han abierto otros frentes de lucha anticapitalista, contra el
neoliberalismo, contra el despojo, la destrucción y la muerte. En diversas
partes del territorio nacional hay resistencia contra los proyectos extractivistas
(minería a cielo abierto, parques eólicos, fracking, megapresas
hidroeléctricas), contra megaproyectos carreteros, contra el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
En territorios de los
pueblos originarios, desde el levantamiento zapatista de 1994, se desarrolla la construcción de la autonomía,
expulsando a todos los partidos políticos, ejerciendo el derecho a
autogobernarse, a desarrollar de manera autogestiva sus sistemas de salud,
educación, justicia y producción. También sus guardias comunitarias para
combatir a las bandas criminales que aliadas al Estado saquean sus territorios
e imponen su control mediante el terror.
A consecuencia de esto
también se han organizado miles de familiares de víctimas de la llamada “guerra contra el narco”, en busca de la
presentación con vida de sus familiares desaparecidos, verdad y justicia por
los asesinados durante esta guerra, de 2006 a la fecha. Esta lucha ha detonado
con mayor fuerza a raíz del ejemplo mostrado por madres y padres de los 43
normalistas rurales de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.
La lucha proletaria en
México ya no es protagonizada solo ni principalmente por la clase obrera. Los
pueblos indígenas y campesinos, el sector estudiantil y magisterial, familiares
de las víctimas de la guerra “antinarco”,
son parte de la resistencia, la rebeldía, la lucha anticapitalista. En 2015 en
San Quintín, BC, emerge otro actor social: el de los jornaleros agrícolas, en
condiciones de semiesclavitud. Este movimiento atrajo a la lucha a muchos otros
jornaleros agrícolas en todo el país. Este es un sector del proletariado rural,
ocupado por capitalistas agrícolas que mantenían superexplotados a los peones.
Las plantaciones del norte de la república captan a miles de migrantes
mexicanos y centroamericanos que ahí quedan varados ante las cada vez más
difíciles posibilidades de pasar a los Estados Unidos en su búsqueda del “sueño americano”. Estas dificultades
para poder migrar a Estados Unidos es lo que los hace soportar las infrahumanas
condiciones laborales que se les imponen. Ahora, con el gobierno de Trump y el
endurecimiento de su política antiinmigrante la situación laboral en México
tiende a agravarse.
Los trabajadores mexicanos
necesitamos dotarnos de un programa de lucha y de una estrategia de alianza con
todos los otros sectores oprimidos, explotados, saqueados, despojados,
reprimidos del pueblo de México que se organizan, resisten, se rebelan, luchan
contra el criminal sistema capitalista. Necesitamos sacudirnos el control del
sindicalismo corporativo y neocorporativo.
NUEVO FALLO DE LA
CORTE REAVIVA EL PLAN DE REDUCIR PENSIONES: EXPERTOS
Por Susana González G.
Periódico La Jornada
Domingo 3 de abril de
2016, p. 20
Jurisprudencia
de febrero pasado señala que el tope es de 10 mínimos
El tema no ha
trascendido ni en el Congreso ni en la discusión pública, afirma Arturo Alcalde
La propuesta más reciente de la Organización para la
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) de reducir las pensiones de
trabajadores que tienen la opción de jubilarse con la Ley del Seguro Social
(LSS) de 1973, anterior a la de 1997, que dio origen a las administradoras de
fondos para el retiro (Afore), cobra vida con una nueva jurisprudencia laboral
(8/2016) que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN) emitió en febrero pasado y en la que indica que el tope máximo para el
pago de ese derecho es de 10 salarios mínimos y no de 25, como se establece
ahora.
Se trata de una nueva
ofensiva que redita la registrada en julio de 2010, la cual fue detenida por el
Poder Legislativo y las protestas de diversos sectores, pero que ahora ha
pasado desapercibida, advirtieron expertos en derecho laboral y pensiones, así
como la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de
Diputados, Araceli Damián, e incluso el Instituto Mexicano de Ejecutivos de
Finanzas (IMEF).
El pasado 19 de febrero,
la Corte publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación la tesis
de jurisprudencia 8/2016 (10a.), aprobada por la segunda sala
respecto de una contradicción de tesis entre las sustentadas por los tribunales
colegiados decimotercero del primer circuito y tercero del cuarto circuito,
ambos en materia de trabajo. Con esto, se vuelve a poner en riesgo el límite
superior de pensiones por cesantía en edad avanzada.
La resolución indica que
el tope máximo de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
en materia de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte será el
equivalente hasta de 10 salarios mínimos y no de 25, como se ha pagado desde
hace muchos años.
Afectados, unos 125
mil trabajadores
En caso de que el IMSS decida adoptar la jurisprudencia de
manera general y su aplicación no quede limitada a quienes acudan a los
juzgados para inconformarse con el monto que se les asigne en su pensión,
resultarían afectados unos 150 mil trabajadores y empleados de clase media que
perciben un ingreso de más de 10 salarios mínimos, desde profesionistas e
investigadores, empleados de clase media, hasta ejecutivos de alto nivel de
grandes corporativos que están en una edad que los hace ser la generación en
transición entre ambas leyes.
Hablamos de la clase media
y de los sectores con más altos ingresos que prevén retirarse hasta con 25
salarios mínimos, pero cuyos planes e ingresos están en peligro si un juez
determina que su pensión sólo es de 10 salarios, precisó Araceli Damián. Con la
nueva jurisprudencia se prepara el terreno para reducir las pensiones, para
cerrar la pinza y que haya una carga fiscal menor para el Estado, pero sin
considerar a los trabajadores. Se empieza con la clase media para después
hacerlo progresivamente y si el tema no se ha conocido es que las autoridades
se están cuidando para no enfrentar riesgos políticos, consideró.
La medida tiene
coincidencias con las recientes recomendaciones que la OCDE hizo al gobierno
federal para que emprenda una nueva reforma al sistema de pensiones que
involucre a quienes comenzaron a cotizar con la ley del 73, los mismos que
ahora quedan sujetos a la jurisprudencia citada, coincidieron la diputada y
Arturo Alcalde, abogado laboral. El IMSS le tantea
el agua a los camotes, está viendo cuál es el nivel de reacción social para
decidir si aplica la reducción pensional.
El Seguro Social tiene que
aclarar su postura sobre la nueva jurisprudencia y precisar el número de
posibles afectados, dijo la legisladora, y la comisión que preside lo
solicitará directamente a Mikel Arriola, director de la institución, con quien se
reunirán en dos semanas más.
Cifras del IMSS indican
que hasta 2014 sólo 9.3% de los asegurados ganaban más de 10 salarios mínimos,
otro 22.8% percibían más de cinco y hasta 11, en tanto que 67.8 % reciben de
uno a cinco minisalarios. Si tales proporciones se mantienen hasta la fecha
implicaría que hay 1.6 millones de afiliados que ganan más de 11 salarios
mínimos, pero no todos comenzaron a cotizar bajo la antigua ley.
Berenice Ramírez,
secretaria académica y especialista en pensiones del Instituto de Investigaciones
Económicas (IIE) de la UNAM, remarcó que más allá de lo arbitrario de que se
reduzca la jubilación a los trabajadores que más ganan, queda al descubierto el
fracaso del sistema pensionario y la necesidad urgente de que se discuta y
modifique a fondo, para eliminar injusticias y disparidades, a lo que, dijo, no
están dispuestos el gobierno ni la Corte.
Antes, dijo, las pensiones
en el IMSS topaban a 10 salarios, como las del ISSSTE, pero con la Ley del 97
las subieron a 25 porque pensaban que captarían más recursos con las cuentas
individuales y no fue así. Eso quedó establecido en el artículo 33 de la LSS,
pero no entró en vigor de inmediato porque se dispuso una gradualidad que
empezó con un tope de 15 salarios mínimos en 1997, hasta llegar a los 25
salarios en 2007 y la generación en transición está a punto de jubilarse, pero
no hay recursos.
Si la Corte va a poner
como tope los 10 salarios mínimos también los ministros deben ajustarse, porque
no hay equidad en las jubilaciones, toda vez que los trabajadores que hasta
ahora han podido retirarse hasta por 25 salarios mínimos representan un grupo
muy pequeño frente al grueso de la población que no gana más de tres salarios
mínimos. Las ambigüedades y la opacidad de la LSS es aprovechada por despachos
de abogados que recomiendan a ejecutivos elevar su cotización hasta 25 salarios
en su último año laboral, a pesar de que sólo ganaban seis o siete salarios,
con tal de incrementar sus pensiones, sangrando las finanzas del IMSS.
Así que la discusión,
insistió Ramírez, no debe limitarse sobre el tope sino en cómo funciona el
sistema de seguridad social por la capitalización individual y la
administración privada, en las reglas parejas que debe haber para todos y en
una regulación adecuada que evite que el sistema se convierta en un buen
negocio para algunos despachos y trabajadores.
La historia se repite
Hace seis años, cuando emitió otra jurisprudencia similar que
generó la oposición de legisladores y diversos sectores, la SCJN tuvo que
aclarar que no redujo el tope máximo de las pensiones de 25 a 10 salarios
mínimos, sino que sólo hizo una interpretación de la ley y acotó la aplicación
de ésta a los tribunales cuando tuvieran que resolver el caso de algún
asegurado del IMSS que cotizara bajo el régimen de 1973, vigente hasta el 30 de
junio de 1997.
Además, el propio IMSS
determinó que seguiría pagando hasta 25 salarios mínimos, pero ahora se
pronuncia por el tope pensionario de 10 minisalarios y el tema no ha
trascendido al Congreso ni a la discusión pública como en 2010, señaló Alcalde.
A mediados de marzo, el
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó sobre la nueva
jurisprudencia y criticó que la Corte no tomara en cuenta las puntualizaciones
que hizo en 2010 sobre la aplicación del fallo sólo en tribunales.
La segunda sala de la SCJN
debe aclarar el alcance de la tesis 8/2016, en aras de no generar malas
interpretaciones y la disminución indebida de pensiones del IMSS, a la vez que,
entre otros efectos nocivos, afectaría a empresas con planes de pensiones complementarios,
indicó el IMEF.
Alcalde aclaró que en
principio los afectados serán los trabajadores que se inconformen con el monto
de las pensiones que se les quiera pagar y acudan a un juzgado a litigar, pero
se desconoce si el IMSS decidirá extender la aplicación de la jurisprudencia.
Normalmente cuando hay una jurisprudencia es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, dijo. Berenice Ramírez indicó: desafortunadamente cuando ya hay una jurisprudencia es muy difícil revertirla.
Normalmente cuando hay una jurisprudencia es obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, dijo. Berenice Ramírez indicó: desafortunadamente cuando ya hay una jurisprudencia es muy difícil revertirla.
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