Publicación Abierta
Erika González
Investigadora del
Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.
Tomado de: La Marea
Centro de Medios Libres
18 marzo, 2016
18 de marzo.- El pasado martes, trece días después del ataque
armado que se cobró la vida de Bertha Cáceres, fue asesinado Nelson García,
también miembro del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH) y líder
comunitario en Río Lindo, departamento de Cortés, al norte de Honduras. Justo
unas horas antes de su muerte, se resistió al desalojo de una finca donde
vivían 150 familias que conformaban la comunidad de Río Chiquito. Nelson García
había apoyado y acompañado este asentamiento desde su inicio, en el año 2014,
cuando se tomó esta tierra, de propiedad pública. Pero, tras entrar en la
finca, la comunidad solicitó un título comunitario de tierras y descubrió que
había sido vendida por el exalcalde. Este ha sido el origen del conflicto y de
los diferentes desalojos que ha vivido Río Chiquito, incluido el que finalmente
logró ser llevado a cabo por la policía y los militares el 15 de marzo.
Lamentablemente, este no
fue el único caso de violencia política que tuvo lugar el martes pasado. Ese
día, en la puerta de las oficinas de Vía Campesina en Tegucigalpa, fue herido
de varios disparos Christian Mauricio Alegría, activista y trabajador de este
movimiento social. Junto a ello, se sucedieron otra serie de hechos que Rafael
Alegría, coordinador general de Vía Campesina ha calificado como un “plan de militarización y represión para
perseguir y reprimir a los movimientos sociales y la oposición social y
política del país”. Y es que también fueron capturados, sin orden judicial,
el presidente del Movimiento Unificado Campesino del Aguán y una activista del
Observatorio Permanente de Derechos Campesinos del Aguán. Además, se confirmó
la sentencia a diez años de prisión para David Romero Hellner, un periodista
perseguido por sus denuncias sobre la corrupción del Gobierno de Honduras.
Violencia política e impunidad
A pesar de todo este clima de criminalización y continuas
agresiones, el Estado hondureño sigue intentando vincular el asesinato de Bertha
Cáceres con un crimen pasional. Es,
cuanto menos, inquietante que se siga manteniendo detenido como sospechoso del
crimen a uno de los miembros del COPINH, así como que se retenga de forma
injustificada a Gustavo Castro, activista mexicano de la organización Otros
Mundos Chiapas– Amigos de la Tierra. Este último es el único testigo del asalto
a la casa de Bertha y, a pesar de haber ofrecido ya su testimonio, se le está
impidiendo salir de la región donde tuvo lugar el ataque, poniendo en grave
riesgo su propia vida.
En realidad, cerrar la
investigación achacando el ataque a cuestiones que nada tienen que ver con la
actividad política de Bertha Cáceres y del COPINH representaría un nuevo caso
de impunidad. Y supondría la criminalización de activistas ambientales como
Gustavo Castro, porque parece claro que estas agresiones están dirigidas a
reprimir y silenciar a los movimientos sociales; especialmente, a aquellos que
denuncian la concentración de la tierra y el desplazamiento de comunidades en
favor de las grandes empresas. Como Vía Campesina, cuyos dirigentes han sido
amenazados, criminalizados y atacados por resistir frente a las políticas
neoliberales y a los intereses económicos de compañías como Azunosa —filial de
la corporación sudafricana SabMiller—, por apropiarse de 3,000 hectáreas de
tierra, o Standard Fruit Company —propiedad de la transnacional estadounidense
Dole—, por destruir la fruta que no iba a ser comercializada para que no fuera
consumida por la población sin recursos.
En la región del Aguán, al
norte del país, la situación de violencia a la que se enfrentan resulta aún más
grave. Más de 150 campesinos y campesinas han sido asesinados por reclamar
tierras para las comunidades y denunciar la extensión del monocultivo de palma
aceitera. Uno de los principales responsables de esta persecución es la
corporación Dinant, propiedad de una de las personas más poderosas en Honduras,
Miguel Facussé. Su implicación en la muerte de más de un centenar de personas
no ha sido un impedimento para recibir importantes fondos de la Corporación
Financiera Internacional, una de las entidades del Banco Mundial que concede
créditos a empresas privadas.
Seguridad jurídica, ¿para quién?
En este escenario se enmarca la visita esta misma semana a
Honduras de José Manuel García-Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y
Cooperación del gobierno español. Como se hacía difícil ignorar el contexto de
violencia, el ministro “condenó” el
asesinato de Berta Cáceres, “lamentó”
la muerte de Nelson García y confió en que las autoridades hondureñas puedan
llevar a la justicia a los responsables de estos hechos. Pero no hizo ninguna
mención a la relación de estos ataques con la persecución política a los
movimientos sociales, ni tampoco un pronunciamiento para apoyar una
investigación internacional ante la posibilidad de que se vuelva a repetir la
impunidad de anteriores agresiones. No se produjo una intervención para mediar
y garantizar la salida segura de Gustavo Castro del país, ni se cuestionó cómo
se estaban utilizando los fondos de la Unión Europea y el gobierno español
destinados al programa EuroJusticia, que tiene como principales beneficiarios
al Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial, entre
otros.
Según el Ministerio de
Asuntos Exteriores, “el apoyo a los
defensores de derechos humanos es una de las prioridades de la política
exterior española”; la agenda de García-Margallo en Honduras, sin embargo,
no ha parecido reflejar esta declaración. Ha sido más bien un nuevo ejercicio
de diplomacia económica, basado en la promoción y la defensa de los intereses
empresariales españoles a nivel internacional, independientemente de si su
actividad se desarrolla en un contexto de violación sistemática de los derechos
humanos. De hecho, uno de los principales actos de la visita de García-Margallo
fue la presentación del proyecto Núcleo España, que agrupa a las principales
multinacionales españolas asentadas en el país; al mismo asistieron 30
representantes de empresas como Cobra (ACS), Pescanova, Mapfre y Santillana
(Prisa).
En dicha reunión también
estuvo presente el presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de
Tegucigalpa, Guy de Pierrefeu, que no tuvo ningún reparo en destacar la
importancia de que en el país “haya
seguridad jurídica”. Vuelve a emplearse así, una vez más, un concepto de
seguridad jurídica únicamente vinculado a cuestiones económicas, cuando la
verdadera seguridad jurídica es la que no solo tiene en cuenta el business y sitúa los derechos humanos
por encima de los intereses comerciales.
Justicia para Bertha Cáceres
Mientras el ministro García-Margallo asistía a encuentros
empresariales y a reuniones institucionales dedicadas a promover la cooperación
en materia de “seguridad” e
infraestructuras, llegaba a Honduras la Misión Internacional Justicia para Bertha
Cáceres. El COPINH, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en
Honduras y diferentes colectivos de la solidaridad internacional han organizado
esta misión como respuesta ante el contexto de fuerte represión y violencia
contra los movimientos sociales y la opacidad con que se está llevando a cabo
la investigación del asesinato de Bertha Cáceres.
En su primera rueda de
prensa, los componentes de la misión exigieron “esclarecer el asesinato de Bertha Cáceres y garantizar la
transparencia e imparcialidad de la investigación”. Y, por esta razón,
demandaron al Gobierno hondureño la puesta en marcha de “una comisión internacional que investigue el crimen político” de
la defensora de derechos humanos. A la vez, el europarlamentario Miguel Urbán
denunció la corresponsabilidad de la UE y del Gobierno español en la violencia
política del país, por omisión en sus relaciones diplomáticas ante el “nivel de impunidad de las violaciones de
derechos humanos y los hostigamientos de las fuerzas públicas contra miembros
del COPINH y otros movimientos sociales”.
Además de la misión,
también se iniciaba en el día de ayer una gran movilización social en
Tegucigalpa para exigir #JusticiaParaBertha.
A pesar del hostigamiento de la policía y del ejército a quienes participaban
en las manifestaciones, en palabras de Melissa Cardoza, del Movimiento
Feminista de Honduras, fue una “muestra
de fuerza nacional de la indignación y de los movimientos sociales y del pueblo
de Honduras”, una reivindicación de la protección de los bienes comunes,
los territorios ancestrales y el derecho a la consulta.
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