Por Giorgio Trucchi
Fuente: LINyM
América Latina en
Movimiento
22/03/2016
La Misión Internacional "Justicia
para Bertha Cáceres" presentó su Informe preliminar tras una visita de
cinco días a Honduras.
Este 21 de marzo culminó
su visita la Misión Internacional "Justicia para Bertha Cáceres",
que tenía el objetivo de contribuir al esclarecimiento del asesinato de la
líder indígena lenca Bertha Cáceres, y sostener la urgencia de la liberación
inmediata del activista y coordinador de Otros Mundos Chiapas, Gustavo Castro
Soto.
El sociólogo mexicano fue
testigo del asesinato y resultó herido durante el ataque mortal que costó la
vida a Cáceres. Ahora está siendo impedido de abandonar el país por las
autoridades hondureñas.
Integrada por
parlamentarios, juristas, defensores de derechos humanos, expertos y activistas
provenientes de 9 países de América Latina y Europa[1], la Misión arrojó datos muy
preocupantes.
De acuerdo con el informe
preliminar que fue presentado en una rueda de prensa ante medios nacionales e
internacionales, Honduras se ha convertido en "uno de los países más peligrosos del mundo para las mujeres y
hombres defensores de derechos humanos,
en particular para quienes promueven los derechos relacionados con el medio
ambiente, la tierra y el territorio".
Para los integrantes de la
Misión Internacional, en el país centroamericano no se estarían garantizando
el respeto a los principios
democráticos, ni las libertades fundamentales y
derechos humanos establecidos por la normativa nacional e internacional.
Ese contexto crea las
condiciones para que haya "sistemáticas
y flagrantes transgresiones al derecho internacional en materia de derechos de
los pueblos indígenas en el desarrollo de proyectos hidroeléctricos, mineros,
agroindustriales y forestales en territorios indígenas y garífunas",
señaló la Misión.
También evidenció la
existencia de "fuertes vinculaciones
del gobierno con poderes económicos representados por grandes empresas y
entidades financieras nacionales y transnacionales", que promueven proyectos
de explotación territorial que entran en contradicción con los modos de vida y
los intereses de las comunidades que viven en dichos territorios.
No hay voluntad política del
gobierno
Los integrantes de la Misión denunciaron la falta de voluntad
política de parte del gobierno hondureño "para
acabar con la impunidad imperante en relación a los actos de violencia y las
violaciones a los derechos humanos en el país", en particular hacia
los pueblos indígenas, ambientalistas y defensores y defensoras de derechos
humanos, lo que agrava la fuerte desconfianza en las instituciones del Estado.
"No hemos captado la menor voluntad de transparencia ni
de comunicación, pero no solo hacia nosotros, sino hacia la sociedad en su
conjunto. Lo que hemos encontrado han sido evasivas, contradicciones (...), en definitiva ha sido muy frustrante, en un
tema tan importante que genera tanta preocupación y alarma social. Es
decepcionante la falta de voluntad de transparencia, de comunicación sincera,
clara, proactiva y positiva por parte de esta administración", dijo el
eurodiputado Miguel Urbán Crespo.
Tampoco funciona el
sistema de protección de los derechos humanos del Estado de Honduras.
Tanto el asesinato de
Bertha Cáceres como el de decenas de activistas, defensores y periodistas que,
como la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas
de Honduras (Copinh) gozaba de medidas cautelares dictadas por la Comisión interamericana
de derechos humanos (CIDH), evidencian la incapacidad de las autoridades "para acabar con este tipo de crímenes,
violaciones a los derechos humanos y la impunidad".
En este sentido, la Misión
consideró el asesinato de la ganadora del Premio Goldman 2015 no como un hecho
puntual, "sino en el marco de la
represión continua y sistemática de las y los defensores de los derechos
humanos y del medio ambiente en Honduras", se lee en una nota de
prensa divulgada la noche de ayer (21/3).
También señaló el impacto
sumamente negativo sobre pueblos y comunidades de los Tratados de Libre
Comercio (TLC) -como el Cafta firmado con Estados Unidos y el Ada firmado con
la Unión Europea- que facilitan y promueven megaproyectos "que son aprobados sin evaluaciones ambientales pertinentes, ni el
respeto del derecho a la Consulta previa e informada de las comunidades".
No más "Agua Zarca"
Asimismo mostró mucha preocupación por la escalada de
militarización que hay en el país, en particular en los territorios en los que
surgen conflictos sociales y ambientales, como el de Río Blanco, donde desde
hace unos años las comunidades Lenca, organizadas en el Copinh, luchan contra
el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Los integrantes de la
Misión alertaron sobre el agravamiento del proceso de criminalización del
Copinh, que ratificaría la presunta existencia de vinculaciones entre la
empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), concesionaria del proyecto Agua
Zarca, grupos financieros y el mismo Estado.
A ese propósito, pidieron
la suspensión inmediata del proyecto y de todas las concesiones que se han dado
en territorio Lenca sin una consulta previa, libre e informada, como establece
el Convenio 169 de la OIT.
Asimismo instaron a
desmilitarizar dichos territorios y respetar la autonomía territorial y el
autogobierno de las comunidades Lenca, reconociendo al Copinh como organización
responsable de su autonomía comunitaria.
También pidieron dar
cumplimiento al Convenio 169, reconociendo a las comunidades Lenca y a los
demás pueblos originarios hondureños "el
pleno derecho a ser salvaguardas, protectores y gestores de sus territorios y
bienes comunes, de la naturaleza y de su cultura".
En este sentido exhortaron
al Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie), la Compañía Financiera
Holandesa para el Desarrollo (Fmo) y a la Finnfund, todos involucrados en el
financiamiento del proyecto Agua Zarca, "a transformar la suspensión
temporal de sus inversiones en definitiva".
¡Liberen a Gustavo Castro!
La Misión internacional reafirmó de forma contundente que "no existen razones legales que
justifiquen continuar restringiendo la libertad de Gustavo Castro Soto, prohibiendo
su regreso a México. Como testigo directo del asesinato de Bertha Cáceres, su
vida corre peligro al permanecer en Honduras".
Instó a los gobiernos de
México y Honduras a emprender un diálogo al más alto nivel "para garantizar la pronta y segura salida de Gustavo Castro del
país y su retorno con su familia".
Asimismo urgió "la inmediata aplicación del Tratado de
Asistencia Jurídica en materia de Derecho Penal entre México y Honduras",
pidió que la integridad física y psicológica, y el respeto a su vida y sus
derechos humanos, "sean el centro de
todas las acciones en las cuales Gustavo Castro tenga que participar".
"Gustavo Castro es una figura tan relevante como Bertha
Cáceres. La Misión Internacional denuncia su retención ilegal en Honduras”, dijo Gustavo Lozano,
académico y abogado de la Coalición de
movimientos sociales por el agua y por la tierra (Mapder y Rema).
Investigación transparente,
independiente e imparcial
Además de recomendaciones de carácter general al Estado de
Honduras sobre la necesidad urgente de acabar con la impunidad y la
intimidación, persecución y criminalización de las organizaciones sociales y
populares, la Misión internacional instó a implementar con carácter obligatorio
"las medidas cautelares dictadas por
la CIDH".
También pidió "adoptar investigaciones diligentes,
imparciales y efectivas sobre los asesinatos y agresiones cometidos contra
defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores
sociales y operadores de justicia".
En el caso del asesinato
de Bertha Cáceres, la Misión instó al gobierno a asumir "los errores y deficiencias" que han conducido a su
asesinato y al de Nelson García, también miembro del Copinh, "sancionando a los responsables
materiales e intelectuales, ofreciendo las correspondientes medidas de
reparación a su familia y al Copinh".
Recogiendo la petición de
los familiares de Bertha y el Copinh y respondiendo a la amplia desconfianza
social que genera la impunidad de los múltiples
asesinatos ocurridos hasta la fecha, la Misión manifestó su respaldo a
la demanda de una investigación transparente, independiente e imparcial, con la
participación de organismos
internacionales de derechos humanos, como la Cidh.
También afirmó que el
Consejo Europeo debería suspender el Acuerdo de
Asociación con Honduras mientras se incumpla la obligación de "alcanzar el pleno cumplimiento de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales".
Finalmente, solicitó al
gobierno de Estados Unidos que "aclare las condiciones y términos de
su participación en la investigación del asesinato de Bertha Cáceres".
"Próximamente se preparará un informe final y habrá un
trabajo intenso de incidencia política con las
instituciones parlamentarias a nivel regional e internacional sobre este
caso. El compromiso ético y moral que se lleva la Misión Internacional es de
poner todo su empeño para conseguir justicia para Bertha Cáceres”, concluyó Tom Kucharz,
integrante de la Campaña Global para desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad.
NOTAS:
[1] Integrantes de la Misión Internacional "Justicia
para Bertha Cáceres"
Miguel Urbán
Crespo -
Europa, Eurodiputado PODEMOS - Grupo
de Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica GUE/NGL
Nora
Cortiñas
- Argentina, Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora
Candelaria
Ochoa –
Diputada del Congreso mexicano-.
Pedro Arrojo – España, Diputado de
PODEMOS en el Congreso de los Diputados de España
José Olvera - México, UNT-CSA México,
Unión Nacional de Trabajadores / Confederación Sindical de Trabajadores y
Trabajadoras de las Américas
Beverly
Keene -
Argentina, Coordinadora Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina, integrante de la Campaña Global para
Desmantelar el Poder de las
Transnacionales y poner fin a la
Impunidad.
Mirna Perla
Jiménez -
El Salvador, Ex Magistrada Corte Suprema de Justicia de El Salvador
Brian Finnegan - Estados Unidos, AFL/CIO –
CSA. Federación estadounidense del trabajo y congreso de organizaciones
industriales
Zulma Larin - El Salvador,
Coordinadora Red de Ambientalistas Comunitarios y Coordinación de la Alianza
por la Gobernabilidad y la Justicia
Natalia Atz
Sunuc -
Guatemala, Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe (ATALC), integrante de la Campaña Global para
Desmantelar el Poder de las
Transnacionales y poner fin a la Impunidad.
Gustavo
Lozano -
México, Académico y Abogado de la coalición de movimientos sociales por el agua y por la tierra (MAPDER y REMA)
en articulación con el movimiento
centroamericano.
Tom Kucharz - España, Asesor político
de la delegación de PODEMOS en el Parlamento
Europeo, integrante de la Campaña Global para Desmantelar el Poder
de las Transnacionales y poner fin a la
Impunidad.
Miguel Ángel
de los Santos
– México, Abogado de la Red Iberoamericana de Jueces.
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