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Publicado en Actualidad
latam
03-02-2016
México, Brasil,
Honduras y Guatemala: los países más sanguinarios de América para el periodismo
#RSF
México, Brasil, Honduras y Guatemala son los cuatro países
latinoamericanos más sanguinarios para el ejercicio del periodismo. Así lo
revela el Informe Anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). En 2015, entre ellos
“sumaron 21 periodistas asesinados, a los
que se añaden numerosos ataques violentos y amenazas de todo tipo contra la
libertad informativa”. Aunque México se mantiene a la cabeza, Brasil lo
sigue muy de cerca. ¿La causa? El tráfico de drogas se impone y, con el apoyo
del gobierno y políticos, los periodistas se convierten en víctimas sólo por
denunciar e informar.
En México, país donde los
cárteles de la droga actúan con total impunidad y la corrupción es algo asumido
en la vida cotidiana, fueron ocho los periodistas asesinados. En Brasil, se
contabilizaron siete, en algunos casos por informar de cuestiones como la
prostitución infantil o la connivencia entre poder político y el narcotráfico.
En Honduras, donde la impunidad es la regla, cuatro profesionales perdieron la
vida a manos de asesinos a sueldo; y en Guatemala el balance mortal fue de dos
informadores.
Por otra parte, en 2015
aumentaron las constantes violaciones del derecho internacional en materia de
libertad de información llevadas a cabo por algunos países latinoamericanos,
entre ellos Venezuela, Honduras, México, Colombia y Cuba. Diferentes países
adheridos al Pacto de San José, han venido ignorado desde hace años las
recomendaciones y advertencias de la Organización de Estados Americanos. Estas
violaciones se unen al paulatino deterioro de la situación de la prensa en
América Latina y son una muestra del poco crédito que se da a la profesión de
periodista.
En este sentido, y durante
2015, de las 17 medidas cautelares solicitadas por la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) al Estado venezolano, sólo dos fueron tenidas en
cuenta. Por su parte la Corte Suprema de Justicia de Honduras, también decidió
ignorar las directivas de la CIDH que protegen el derecho del periodista Julio
Ernesto Alvarado, que enfrenta un proceso por difamación, a seguir ejerciendo
su profesión. México desoyó el alarmante informe de una delegación de la CIDH,
que visitó el país tras la escalada de violencia allí registrada en los últimos
meses de 2015, alegando que “no reflejaba
la situación del país”, cuando sólo, en 2014, la CIDH recibió más de 500
denuncias por violación a los derechos humanos en México. Por último, tanto el
gobierno colombiano, como el cubano, hicieron oídos sordos a los requerimientos
de esta organización. En el primer caso cuando le recordó la obligación de
realizar una investigación sobre el asesinato del periodista y defensor de los
derechos humanos, Carlos Alberto Pedraza Salcedo, hallado muerto en Gachancipá.
Y en el caso cubano, cuando le solicitó medidas de protección para el escritor
y bloguero Ángel Santisteban Prats, encarcelado en 2013, y que había sido
víctima de malos tratos y tortura.
Otro aspecto a destacar en
2015, fue el comportamiento de numerosos jefes de Estado latinoamericanos que
no dudaron en señalar con el dedo a los medios de comunicación y en denigrar la
labor periodística en sus discursos públicos. Los presidentes Maduro, Correa o
Hernández, no hicieron sino contribuir con sus declaraciones a un peligroso
clima de censura, autocensura e impunidad en sus respectivos países.
El presidente venezolano,
Nicolás Maduro, no perdió la ocasión de acusar, en sus discursos, a los medios
de comunicación extranjeros -como CNN en español y Miami Herald- de emprender
una “campaña internacional” contra
Venezuela. Por su parte, el presidente ecuatoriano Rafael Correa utilizó la
misma fórmula, valiéndose de la prensa y videos oficiales transmitidos a través
de “Enlace ciudadano". Y el
presidente Juan Orlando Hernández, de Honduras, se refirió a los “pseudoperiodistas [que] ocultan, tergiversan e inventan en su estado
afanoso de incendiar al país”, respondiendo así a la acusación de que el
Partido Nacional estaría implicado en una malversación de fondos del Instituto
Hondureño de Seguridad Social. Mientras que el presidente de El Salvador,
Sánchez Cerén, reprochó a los medios de comunicación participar en una campaña
de “terror psicológico” sobre el tema
de la seguridad, por haber publicado estadísticas sobre la violencia.
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