Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 17 de enero de
2016, p. 5
Somos víctimas de un sicariato moral, señala la ex fiscal
de hierro colombiana
Paz y Paz: en la medida en que nos acercamos a la
verdad, hay quienes sienten temor
Nos persiguen porque incomoda el trabajo del caso Iguala: Buitrago
Para las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz,
integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI)
designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso
Ayotzinapa, la campaña de desprestigio que actualmente padecen está relacionada
con su trabajo y con los estamentos de poder del Estado aparentemente "intocables", afectados por la
verdad sobre el paradero de los 43 normalistas.
"En la medida en que nosotros nos acercamos a la verdad,
a lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (de 2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir
temor junto a los perpetradores", advierte en entrevista con La
Jornada la ex fiscal general de Guatemala Claudia Paz y Paz.
En entrevista por
separado, Ángela Buitrago coincide: "Es
una persecución que estamos viviendo y que se está dando en los momentos en que
estamos incomodando posiciones o decisiones. Sin embargo, ni con difamaciones
ni con injurias es la forma adecuada para tratar de esclarecer los hechos de
Iguala".
Grupos simpatizantes del
Ejército mexicano, la ultraderecha y sectores conservadores han iniciado una
campaña en su contra. A Paz y paz la acusan vagamente de "violar los derechos humanos" en Guatemala, donde
encarceló, entre otros, al ex dictador Efraín Ríos Montt. A Buitrago, de
encarcelar "injustamente"
al ex coronel Luis Alfonso Plazas Vega, recientemente liberado en un proceso
amañado.
Ambas se han enfrentado a
los estamentos militares de sus respectivos países en la búsqueda de justicia y
la reparación a las víctimas, algo que, dicen, ha molestado a algunos grupos
afines a los "perpetradores",
al igual que en México, donde el general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de
la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún se niega a recibir a los
expertos de la CIDH bajo el argumento de que son "extranjeros", y rechaza que entrevisten a los militares
involucrados en el caso Ayotzinapa.
La campaña negra, señalan,
está dirigida al trabajo del grupo, pero tiene además un "componente de género". Los ataques están dirigidos
directamente contra las dos mujeres del GIEI, contra las dos fiscales que han
denunciado a militares y funcionarios corruptos en complicidad para cometer
genocidio y graves crímenes tanto en Guatemala como en Colombia.
"Estamos viviendo un sicariato moral", dice Buitrago sin
cortapisas. Añade: "pretenden acabar
moralmente con Claudia Paz y conmigo, pero cuando uno tiene la conciencia
tranquila y sabe que lo que están diciendo es completamente falso, no tiene
ningún sentido".
–¿Esta campaña de difamación ha afectado el trabajo del GIEI?
–Es muy incómodo, es absolutamente insoportable que estemos
recibiendo esta clase de injurias, pero nosotros hemos decidido continuar el
trabajo de manera permanente, sin ningún obstáculo, a pesar de que nos lo
quieran poner de esta manera. De todos modos eso siembra una aura mediática,
pero tratamos de seguir nuestra labor con la misma fuerza, porque lo que nos
interesa es buscar a los normalistas de Ayotzinapa y encontrar los medios probatorios
para esos efectos”.
Falta el Ejército
Las últimas investigaciones del GIEI conducen al Ejército, un
aspecto de la indagatoria que no ha sido desahogado por la Sedena, que se niega
a aceptar la presencia de los expertos en los interrogatorios a los militares
involucrados en el caso.
Claudia Paz y Paz explica
que desde el principio intentaron entrevistar a los integrantes del Ejército,
algo que se les ha negado de manera reiterada: “Desde el primer mes hemos solicitado una entrevista directa con los
militares que estaban de servicio esa noche, porque en el expediente están
todas sus declaraciones donde consta que habían presenciado la captura, la
detención de los jóvenes que ahora están desaparecidos; en otro momento habían
resguardado las escenas de los crímenes y habían visitado la comandancia de la
policía.
"Para nosotros es fundamental obtener estas entrevistas,
no sólo para la información, sino por la búsqueda de los estudiantes desaparecidos", añade.
La Procuraduría General de
la República (PGR) entregó los interrogatorios por escrito, algo que no ha
despejado las dudas de los expertos: "Quedaron
aún muchas lagunas. Por una parte, no se consignan las preguntas y las
respuestas; por la otra, hay contradicciones con las segundas declaraciones,
que en lugar de esclarecer, son aún más ambiguas", señala la ex fiscal
guatemalteca.
Su último intento ha sido
solicitar al presidente Enrique Peña Nieto que "reconsiderara" la posibilidad de que se permita
entrevistar a los militares: "Y
todavía no tenemos respuesta. No me queda clara la razón. Hemos estado
entrevistando en forma directa a los integrantes de la Policía Federal que
estuvieron esos días en servicio. Hemos estado presentes cuando los ha
entrevistado la PGR; estamos anuentes a que se hagan las preguntas por parte de
la procuraduría, pero lo único que pedimos es estar presentes en ese momento,
como lo hemos hecho en varias diligencias ministeriales".
A pesar de que el tiempo
corre y terminarán su segundo periodo de investigaciones en abril próximo, la
respuesta del Estado ha sido negativa, algo que evidentemente levanta las
sospechas.
La PGR ha accedido
solamente a realizar un tercer interrogatorio en este momento, pero repitiendo
el mismo esquema, algo que no aporta datos precisos a las indagatorias sobre el
paradero de los 43 normalistas: "Es
importante para nosotros estar presentes, sugerir las preguntas, porque hay
temas que no nos han quedado claros. Es la tercera vez que algunos de ellos
declaran. Sería muy importante para ellos, y para todos, que la diligencia
fuera lo más exhaustiva posible, para no dejar ningún espacio sin
esclarecer".
Las injurias
Ángela Buitrago, conocida en Colombia como La fiscal de hierro
por haberse enfrentado a los poderosos e intocables estamentos militares e
investigar 20 años después crímenes de desaparición, tortura y ejecuciones
extrajudiciales, con condenas históricas y ejemplares, ha sido atacada en
México por grupos que simpatizan con el Ejército.
Entre los difamadores se
encuentran el Observatorio Nacional de las Fuerzas Armadas, dirigido por Rafael
Herrera Piedra; el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia
Penal, encabezado por José A. Ortega Sánchez, y la Mesa de Juicio y Paz y
Movimiento Blanco, coordinada por Ramón Hernández Flores.
La última acción de estos
grupos ultraconservadores y pro militares fue organizar, el pasado 12 de enero
en la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, la conferencia titulada La verdad en la investigación de Ayotzinapa,
a cargo precisamente del recién liberado coronel colombiano Luis Alfonso Plaza
Vega, encarcelado por la ex fiscal Buitrago por desaparición forzada y
condenado a 30 años de prisión, pero absuelto cinco años después en un proceso
irregular.
La presencia del militar
colombiano hablando de Ayotzinapa se inscribe dentro de esta campaña de
difamación: "Es una forma de tratar
de cuestionar las actividades que hace el grupo, que no tiene ninguna relación
con mi actividad. Una cosa es lo que yo pude haber vivido frente a una
persecución permanente y tergiversación a través de los ataques contra mí como
funcionaria de instrucción en Colombia, y otra lo que está haciendo el GIEI en
México, que tienen que deslindarse perfectamente", indicó Buitrago.
Citando al filósofo alemán
Arthur Schopenhauer, la ex fiscal aclara que estas difamaciones no pueden
atacar la labor impecable del grupo de expertos, pues deciden centrarla en
ella: "El objetivo es atacar el
trabajo del GIEI a través de cosas que ya están más que aclaradas en Colombia y
demostradas que nunca sucedieron. Están generando esa guerra sucia porque
resultamos incómodos en el momento en que estamos haciendo la
investigación".
Entre las acusaciones de
los grupos conservadores está el haber desechado "pruebas" de la UNAM y de la Universidad de Innsbruck
sobre el caso Ayotzinapa.
"Yo no he descalificado a Innsbruck ni a la UNAM; al
contrario, el último informe como grupo fue precisamente basarnos en las
pruebas que señaló esta última para decir que no había elementos para
considerar que hubiese sido el lugar de la incineración de cuerpos el basurero de
Cocula. Precisamente utilizamos los documentos que reposan en la investigación
para argumentar y sustentar todas las afirmaciones que hacemos".
–¿Hay un componente de género en esta guerra sucia contra las
dos mujeres del GIEI?
–Sí, el ataque ha sido directo por razones de género, por el
cargo que ocupamos y las investigaciones que realizamos, que tocan a ciertos
sectores que son intocables en ciertas partes del mundo y por esa razón las
sentencias contra los políticos están en firme, y otros funcionarios de Estado
que se dictaron por corrupción están en firme. Es una persecución sin ninguna
justificación válida, sino simplemente crear un ambiente, llevar una idea que
permanezca en el imaginario colectivo y descalificarnos. Cuando no tienen
argumentos serios para debatir y dialogar con el contrario, lo que optan es por
atacarlo personalmente para acabar con su concepto ético y moral. Y también
para derrumbar y causar obstrucción en las investigaciones.
–Atacan a dos mujeres fuertes, dos ex fiscales que se han
enfrentado a estamentos intocables, como el Ejército, en sus respectivos
países...
–Sí, por la discriminación que existe en algunas concepciones
y en personas en particular sobre la mujer, algo que lleva a atacar a este
sector para lograr mayor adherencia a esa clase de descalificaciones cuando se
aprovecha la discriminación como elemento esencial. El fondo es tratar de
deslegitimar el trabajo del grupo y al mismo GIEI. Cuando se utilizan falacias,
mentiras, infamias e injurias, no es un buen futuro lo que nos espera”.
Las filtraciones del
gobierno en el sentido de que los expertos amenazaron con irse, son aclaradas
por Claudia Paz y Paz: "No nos vamos
a ir; más bien, esperamos contar con las condiciones que hagan posible nuestro
trabajo sobre Ayotzinapa".
Campaña
difamatoria contra el GIEI
Miguel Concha
Para empezar a alcanzar justicia y verdad en el caso
Ayotzinapa, el aporte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes
(GIEI), creado en el contexto de las medidas cautelares otorgadas por la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es fundamental. Desde la
publicación de su informe en septiembre del año pasado, el GIEI ha evidenciado
las falencias de la llamada "verdad
histórica" sobre el paradero de los estudiantes. Ha también
reivindicado la centralidad de las víctimas, y puesto sobre la mesa nuevas
líneas de investigación, que deben agotarse durante su segundo mandato. Para lo
que requiere el más absoluto respaldo del Estado mexicano. Pero en un país
donde la mentira y la estigmatización de las víctimas son cotidianas, el GIEI
no sólo no ha recibido el respaldo decidido que requiere para concluir su
importante labor, como comprueba la renuencia a que sus integrantes entrevisten
a militares testigos, sino que incluso ha despertado el encono de quienes se
oponen al pleno esclarecimiento de la desaparición de los 43 estudiantes
normalistas.
Hoy sin duda podemos
afirmar que en contra del GIEI se ha desatado una abierta campaña difamatoria,
que busca mermar la legitimidad y el reconocimiento que en México y a escala
internacional ha alcanzado su trabajo comprometido con la verdad. En efecto, la
sincronía de los mensajes, el despliegue de recursos, la apertura de espacios
inusuales en ciertos medios, las filtraciones gubernamentales, y sobre todo el
permisivo silencio oficial, son factores que vistos en conjunto apuntan a que
se ha puesto en marcha esta dolosa campaña.
El golpeteo se inició con
una serie de descalificaciones infundadas en contra de Ángela María Buitrago y
Claudia Paz y Paz, las dos valientes fiscales que integran el GIEI. Sin
fundamentos, ambas fueron objeto de señalamientos mediáticos, en los cuales,
para poner en cuestión su credibilidad, se difundió información falsa,
presentándolas como personas afines a grupos radicales durante sus ejercicios
públicos. Posteriormente se filtró desde el gobierno federal a la prensa
nacional el contenido de una importante reunión entre los expertos y la
comisión tripartita a cargo de la interlocución con el GIEI, formada por el
subprocurador Eber Betanzos, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto
Campa, y el subsecretario de Asuntos Multilaterales, Miguel Ruiz Cabañas.
Finalmente, apenas el
pasado martes, con el despliegue de recursos inherente a la movilización de una
delegación internacional, en una universidad privada se organizó una
conferencia de prensa, donde un militar colombiano, quien fue imputado por la
presunta comisión de graves violaciones a derechos humanos, denostó a la fiscal
Buitrago. Pese a que la seriedad de la información difundida es muy menor, la
conferencia de prensa recibió amplia cobertura en algunos medios de
comunicación, llamativamente los mismos que regatean espacios a la permanente
demanda de justicia de los padres y madres de los normalistas.
El intento de
desprestigiar al GIEI es alarmante y debe denunciarse, aunque también es a
todas luces infructuoso, pues el reconocimiento de que gozan ambas fiscales en
sus países y en el extranjero es irreversible. Como ha recordado en estas
mismas páginas Luis Hernández Navarro (La Jornada, 12/1/16), la abogada Buitrago
es conocida en Colombia como la Fiscal de Hierro, por la firmeza con la que
condujo exhaustivas investigaciones que evidenciaron los vínculos entre el
narcotráfico y el poder político en Colombia. Por este compromiso indeclinable
con el estado de derecho, fue al postre interrumpida su carrera.
En el caso de la jurista
Paz y Paz, se trata de la primera fiscal general de Guatemala, quien tuvo la
fuerza y la visión necesarias para renovar esa institución, hasta el punto de
formar a la generación de fiscales que pusieron en el banquillo de los acusados
a un ex presidente. La pertinente inclusión de estos perfiles en el GIEI es
indiscutible, si consideramos que ningún funcionario o funcionaria de las
procuradurías del nuestro reúne semejantes credenciales: ¿Qué agente del
Ministerio Público es hoy nuestro "fiscal
de hierro" por haber desafiado con la fuerza de la ley a los poderes
formales y fácticos?
Lamentablemente esa
generación de funcionarios no ha surgido aún en México, y mientras eso no se
revierta, ejercicios como el del GIEI seguirán siendo justificados y
necesarios. Pero más allá de estas consideraciones, el ataque contra este grupo
es infructuoso también por el carácter absurdo de las acusaciones lanzadas
contra sus integrantes. De acuerdo con el registro periodístico, en la reciente
conferencia de prensa el militar colombiano, quien vino a México exclusivamente
para denostar a la Fiscal de Hierro, afirmó que la actuación del GIEI debía
encuadrarse en el marco de "la
guerra que se está librando en este momento en Latinoamérica" (sic);
una batalla que, según dijo, "no es
una guerra de carácter político interna, es una confrontación entre dos
sistemas. Entre el sistema democrático y el sistema comunista que quiere ser
implantado a la brava, eliminando a los ejércitos latinoamericanos"
(sic).
En un entorno pluralista
caben sin duda todas las visiones sobre el papel del GIEI, sean positivas o
negativas. Pero de ahí a señalar que su labor es parte de una conflagración
internacional para eliminar a las fuerzas armadas e implantar el comunismo, hay
sin duda un largo tramo. El mismo que separa a los análisis sensatos y serios
de los señalamientos absurdos que sólo buscan difamar y confundir a la opinión
pública. De cualquier modo, la creciente y coordinada campaña contra el GIEI
debe alertarnos. Con su informe y su trabajo en favor de la verdad, el GIEI
afecta poderosos intereses, cuyos personeros no permanecerán pasivos.
Hoy más que nunca el GIEI
y las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa requieren un frente común en
su apoyo. En este sentido, lo que más alarma es la pasividad con que el
gobierno permite los embates contra los expertos, siendo el GIEI un mecanismo
de supervisión internacional pedido y aceptado por el propio Estado. Su
permisivo silencio ante estos infundados embates no permite descartar que
sectores oficiales estén detrás de la campaña que se ha desatado. Frente a este
escenario, es indispensable confluir en la defensa del GIEI, como garantía
internacional del derecho a la verdad de toda la sociedad.
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