x Gerardo Peláez Ramos
La Haine
10/12/2015
México
La Gendarmería Nacional y el Ejército
Mexicano agredieron y golpearon a los trabajadores de la educación, estudiantes
normalistas e integrantes del pueblo solidario que participaban, el 8 de
diciembre pasado, en el boicot masivo contra la evaluación punitiva del
magisterio chiapaneco, la cual se desarrollaba en la Escuela de Protección
Civil, a la altura del crucero Llano San Juan, municipio de Ocozocoautla,
Chiapas, cerca de la capital de la propia entidad, resultando muerto el
profesor David Gemayel Ruiz Estudillo, socio de la Sección 40 (estatal) del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, varios compañeros heridos y
detenidos Alexander Lázaro Vicente, Óscar Oliver Espinoza Argüello, Eduardo de
Jesús Bolaños Nanguse, Jorge Luis Guzmán Siu, Faustino Gómez Hernández y Luber
Lauro López Domínguez. Estos hechos son un resultado directo de la política
neoliberal y antinacional de la administración peñista.
En la
forma indicada, el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Educación
Pública, Aurelio Nuño Mayer, con la utilización de diversos cuerpos policíacos
y las fuerzas armadas, continúan intentando imponer la llamada reforma
educativa, que como lo han sostenido la Coordinadora Nacional de Trabajadores
de la Educación, otros sindicatos democráticos, partidos políticos de izquierda
y analistas políticos e informadores, es, en realidad, una vulgar reforma
laboral y administrativa, que está muy lejos de abordar los problemas centrales
de la educación en México.
Nada
tiene de raro, entonces, que tales métodos represivos gubernamentales hayan
producido muchos heridos y presos políticos.
Para
asombro de los sindicalistas magisteriales del extranjero, por primera vez en
la historia universal un gobierno al servicio de la gran burguesía mexicana y los
gobiernos y empresas trasnacionales de Estados Unidos, moviliza, en México, más
policías y soldados que los trabajadores “vigilados”,
golpeados y aprehendidos. Ya se dio la situación de que por cada maestro
posible participante en la famosa evaluación… ¡intervinieron más de tres
elementos de las fuerzas represivas! Con esto, seguramente, Aurelio Nuño debe
haber roto más de un récord en América Latina y el mundo.
En la
historia de México, jamás un bravucón de arrabal había lanzado tantas amenazas
contra un grupo de trabajadores como Aurelio Nuño Mayer. Este señor mejor
debería ser alcaide de una cárcel de alta seguridad y no secretario de
Educación Pública. Si este golpeador al servicio de la oligarquía nacional y el
capital extranjero se compara con Narciso Bassols, Ignacio García Téllez,
Gonzalo Vázquez Vela y Luis Sánchez Pontón, queda reducido a su verdadera
estatura política: un cantinflesco burócrata, apoyado por gente armada para
imponer… ¡una dizque reforma educativa! A lo que han llegado los destructores
de Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad y otras industrias
entregadas a sus contlapaches de Estados Unidos, Canadá y Europa.
Pese a las
agresiones ilegales y anticonstitucionales del gobierno entreguista de Peña
Nieto, el movimiento magisterial democrático se mantiene en pie y con gran
capacidad de convocatoria en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Michoacán y otros
estados. Con seguridad, sabrá responder en forma correcta a la política
criminal de los vendepatrias en el poder y conducir a sus compañeros de gremio
a la derrota y derogación de la llamada reforma educativa, para, a la larga,
implantar con la participación de los profesores de base una verdadera reforma
educativa, en beneficio del pueblo mexicano y no de sus explotadores y opresores.
De cara a
los hechos del 8 de diciembre, la Sección 7 del SNTE, que agrupa a los
trabajadores federales de la enseñanza del estado de Chiapas, plantea que
repudia y responsabiliza a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Manuel Velasco
Coello por la muerte de David Gemayel Ruiz Estudillo “quien fue arrollado por un camión de la policía”; exige la
libertad inmediata e incondicional de los compañeros detenidos; proclama
responder a la política represiva oficial con las tácticas propias de la lucha sindical;
responsabiliza a los gobiernos federal y local de la integridad de los
trabajadores en lucha, y se pronuncia contra la impunidad de la agresión.
Para el
movimiento social democrático de nuestro país es de cardinal importancia rodear
de solidaridad activa a los integrantes de la CNTE y a todo el magisterio en
lucha.
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