El peligro de la incineración en hornos cementeros (residuos peligrosos, industriales, biológico-infecciosos)
Laboratorio de
Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, LIDECS
Centro de Medios Libres
17 diciembre, 2015
El peligro de la
incineración en hornos cementeros: caso Gobierno del Estado de Morelos/Sociedad
Cooperativa Cruz Azul
En los últimos años la industria cementera ha comenzado a
expandir su búsqueda de alternativas al combustible que utilizan para la
producción del cemento. Esta búsqueda los ha llevado, no solo a incluir en su
listado de residuos peligrosos, industriales, biológico-infecciosos, los
Residuos Sólidos Urbanos (RSU), es decir la basura que se produce en nuestras
casas; con esto aumentan los riesgos de contaminación; los riesgos de daños a la
salud ambiental y humana; así como un retroceso en el manejo de los RSU pues
limitan el reciclaje, la reutilización, el reúso y el compostaje.
Para la industria del
cemento esta situación se presenta de forma idónea para una crisis que supone
serios impactos económicos a las empresas cementeras; pues aprovechado la mala
gestión de los RSU por parte de los municipios que ya comienza a generar en
problemas serios; esta industria ha comenzado a cobrar una cantidad que va
desde los 130 pesos por tonelada hasta los 350; con lo que resulta un
endeudamiento para los municipios que llegan a estos acuerdos con las empresas
e impactos negativos en las comunidades donde se instalan las plantas
cementeras encargadas de co-procesar el combustible derivado de residuos para
sus procesos productivos.
Dentro de estas
negociaciones de empresas cementeras-municipios las más activas son Cementos
Mexicanos (CEMEX) y Holcim; que ya están incinerando o coprocesando que es el nombre que ellos la dan al proceso térmico
que utilizan; cientos de toneladas de RSU combinados con otros tipos de
residuos. Desde el año pasado la empresa Sociedad Cooperativa Cruz Azul ha
entrado en negociaciones con el Estado de Morelos para construir una planta
productora de Combustible Derivado de Residuos en la zona metropolitana de
Cuernavaca; desde donde diariamente mandarán más de mil toneladas a la planta
que esta empresa tiene en Tula, Hidalgo para ser utilizado como combustible
alterno; convirtiendo este proyecto en uno de los casos de injusticia ambiental
más grandes en el país por diversas razones:
Primero: El proyecto no pasó por una consulta ciudadana ni en Morelos,
ni en Hidalgo por lo que no es un proyecto que tenga una aprobación de las
comunidades en riesgo.
Segundo: Es un proyecto que viola las leyes de manejo de residuos y de
protección ecológica en el Estado de Hidalgo.
Tercero: No contempla la inclusión social de los pepenadores; al
contrario los deja fuera del proyecto con lo que genera un impacto
socio-económico importante.
Cuarto: Socializa los costos con las comunidades de Hidalgo;
aumentando los riesgo de contaminación atmosférica, daños a la salud ambiental
y humana; mientras que la empresa y el Estado de Morelos captan las ganancias
económicas.
Quinto: Pone en riesgo los planes nacionales y estatales de
adaptación y mitigación al cambio climático; donde la industria cementera
colabora con más del siete por ciento de los Gases de Efecto Invernadero.
Sexto: Desincentiva un manejo sustentable y sostenible de los RSU;
cerrando la puerta a otras formas de gestión que incluso pueden ser más
atractivas para los ayuntamientos en cuestiones económicas.
Séptimo: Crea una deuda ecológica, económica y social entre dos
entidades federativas.
Es importante mencionar
que este proyecto; promovido por el Gobierno del Estado y la empresa sociedad
cooperativa Cruz Azul; aunque actualmente no ha comenzado a operar; se corre el
riesgo que de ser aprobado; sea un proyecto piloto para muchas otras empresas
cementeras; lo cual aumenta el riesgo socio-ambiental; con serias afectaciones
a la salud de las comunidades cercanas a las plantas.
Existen propuestas tanto a
nivel internacional como nacional de planes de manejo de RSU, basados en la
sustentabilidad, en la inclusión social, en la justicia socio-ambiental; los
cuales el Gobierno del Estado de Morelos no está contemplando; pero además no
permite que los municipios participantes puedan ver estas alternativas como una
verdadera gestión sustentable y sostenible de sus Residuos. El gobierno tiene
como obligación agotar todas las propuestas basadas en la mejor ciencia
posible, apoyándose en expertos en el tema, con investigaciones serias al
respecto y no en una empresa cementera que busca su propio beneficio.
Cuando los riesgos son muchos;
los impactos comprobados, el principio precautorio la participación ciudadana,
la información basada en la mejor ciencia, la transparencia gubernamental; deben
funcionar como una alerta del sentido común. No se puede poner en marcha un
proyecto que no ha sido puesto en manos de investigadores expertos en el tema y
de la ciudadanía, que es quien al final debe decir que es lo que mejor le
conviene con toda la información posible. Un convenio como este habla de la
poca preparación que se tiene en los espacios tomadores de decisiones, además
del cabildeo agresivo por parte de la iniciativa privada para convertir las
crisis administrativas de los gobiernos y municipios en oportunidades
económicas para ellos.
Más allá del claro nivel
de corrupción que se observa en este proyecto que tiene muchas similitudes al
convenio firmado por el Gobierno del Distrito Federal y la empresa CEMEX para
el uso de más de siete mil toneladas de RSU diarios como parte del CDR de la
empresa, lo que se pretende desde el Gobierno del Estado de Morelos que se ha
convertido en el promotor del proyecto; incluso más que la propia empresa
privada; es crear un modelo de servicios desde los propios gobiernos; para que
la iniciativa privada tenga una mayor ganancia y un mayor control de los
servicios básicos que requiere cualquier municipio.
Este proyecto como muchos
otros de los que se están promoviendo desde la lógica de las reformas
estructurales del país; forman parte de una estrategia nacional para la
privatización de los bienes estratégicos para el país; tanto los bienes
naturales, como los servicios públicos.
Laboratorio de
Investigación en Desarrollo Comunitario y Sustentabilidad, LIDECS
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