x Carlos Fazio
México
23/12/2015
La Haine
El 16 de diciembre, a casi 15 meses de la tragedia, el
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, afirmó que en el expediente del
caso Iguala no hay cerrazón ni carpetazo al tema. La investigación continúa. El
funcionario dijo que se buscan nuevas líneas de investigación para saber qué
sucedió el 26 de septiembre de 2014 con los 43 normalistas detenidos y
desaparecidos por agentes del Estado mexicano, y pidió dejar a un lado las
especulaciones respecto del basurero de Cocula, con lo que pareció apartarse de
la verdad histórica del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam,
quien el 27 de enero último afirmó: “Sin
lugar a dudas (…) los estudiantes
fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el
basurero) y tirados al río San Juan. Esta
es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la
ciencia, como se muestra en el expediente”.
No obstante, y a pesar de
la aparente disposición del gobierno federal a tomar nuevas rutas en la
investigación, los familiares de los desaparecidos afirman que aún hay fuerte
resistencia para que soldados del 27 batallón de infantería de Iguala, quienes estuvieron
presentes en los escenarios de los ataques a los normalistas de Ayotzinapa,
puedan ser entrevistados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), mandatado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) tras un acuerdo con el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Desde el inicio de su
trabajo, el GIEI señaló la importancia de entrevistar a personal del batallón
27 para conocer detalles sobre los hechos y obtener posibles elementos de
búsqueda. Durante meses, la respuesta del Estado Mexicano fue que se estaba
evaluando la petición; después, que el mecanismo sería la PGR; luego, que no
sería dicha institución por motivos legales, y finalmente que el GIEI tendría
que dar su cuestionario cerrado a la PGR sin estar presente en las
declaraciones. Como señaló el grupo, eso contrasta con que el Estado les pidió
facilitar que los alumnos de Ayotzinapa dieran su testimonio, cosa que ellos
hicieron para generar confianza, y en esa toma de declaraciones estuvieron
presentes como parte de la investigación.
Cabe consignar que durante
nueve meses, a pesar de contar con declaraciones de numerosos militares tomadas
en diciembre de 2014 y de que éstas eran muy relevantes sobre aspectos
específicos de los hechos, la PGR no hizo ninguna investigación con tal
información, no la contrastó con otras fuentes y no recabó el material
fotográfico en posesión de miembros del Ejército, tal como había alertado el
GIEI. Incluso, los días 26 de agosto y 11 de septiembre pasados 11 militares se
presentaron a dar su declaración o a ampliarla ante la PGR, sin que esa
diligencia se informara al GIEI, la cual actúa como coadyuvante en el caso.
Esos 11 militares están en una lista de 27 proporcionada por el GIEI a las
autoridades en abril de 2015, como parte de los que requiere entrevistar. A
pesar de la marrullería de la PGR, el GIEI analizó las declaraciones de los
soldados, pero debido a la forma en que se tomaron (a la mexicana, pues) no se
sabe qué preguntó el MP en los interrogatorios. A juicio de los expertos, tales
declaraciones dejan muchos aspectos claves pendientes de profundizar.
Existen evidencias de que
al menos 36 oficiales y soldados pertenecientes al 27 batallón de infantería,
entre ellos integrantes de los Órganos de Búsqueda de Información (OBI,
inteligencia militar) y el propio comandante de la unidad, coronel José
Rodríguez Pérez −quien estuvo en contacto permanente con su superior, el
general Alejandro Saavedra, a cargo de la 35 Zona Militar−, estuvieron en parte
de los escenarios de los crímenes, lo que para el GIEI da cuenta de una
coordinación central u operativa de las fuerzas de seguridad del Estado, y de
un mando que dio las órdenes hasta llegar a la desaparición de los 43
estudiantes.
Por ello el GIEI considera
que se necesita entrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron
como testigos claves de diferentes hechos. El GIEI ha preparado un documento
con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial.
Sin embargo, el grupo señala que si no está presente en dichas entrevistas no
podrá evaluar la calidad de la información aportada, repreguntar sobre la misma
ni profundizar conforme a los estándares internacionales en la investigación de
hechos tan graves.
El secretario de la
Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, ha asumido el caso como algo
personal y es el principal obstáculo para que se pueda cumplir con la petición
del GIEI. El 5 de octubre, el jefe de la Sedena escenificó una inusual
comparecencia mediática en el principal noticiario de Televisa, donde reiteró
su negativa a que integrantes del GIEI hablen con los soldados del 27 batallón.
Dijo: “Es muy grave querer involucrar al
Ejército en estos hechos, sólo porque a alguien se le ocurrió (…) Nosotros sólo respondemos a las autoridades ministeriales
mexicanas (…) No estoy dispuesto a
permitir que gente desconocida, que no son mexicanos (…) interroguen a mis soldados que no
cometieron, hasta ahora, ningún delito (...) ¿Qué quieren saber? Ya está todo declarado. No puedo permitir que los traten
como criminales (…) Esa es mi
posición y de ahí no me voy a salir”.
El 20 de octubre, en
Washington, la presidenta de la CIDH y el relator para el caso México, Rose
Marie Antoine y James Cavallaro, respectivamente, preguntaron a los
subsecretarios Roberto Campa y Eber Omar Betanzos si la Secretaría de la
Defensa Nacional y el secretario del ramo dependen del Presidente de la
República y de la autoridad civil, y si el jefe de la Sedena puede decidir
quién sí va o no a colaborar con una investigación que cuenta con el apoyo del
jefe del Ejecutivo. Si bien Campa respondió que el Presidente es el comandante
supremo de las fuerzas armadas, para sus interlocutores no quedó claro el
asunto…
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