Por Mateo
Crossa
Agencia
SubVersiones
La ley de Zonas Económicas
Especiales fue firmada en Tapachula, Chiapas, por
Peña Nieto el 29 de septiembre, mismo día en que fue enviada a la cámara de
diputados. El documento comienza con una justificación de la ley donde se pone
énfasis en el bajo crecimiento y baja productividad de la región sur del país
en comparación con el norte. La ley lo expone de la siguiente manera:
«Los
estados de la región sur de nuestro país presentan barreras estructurales que
inhiben el desarrollo de actividades económicas de elevada productividad. Entre
estos obstáculos destacan
i) un
ambiente de negocios débil que genera incertidumbre sobre el retorno de las
inversiones
ii) carencia
de infraestructura que limitan el acceso a mercados de tamaño relevante y
elevan los costos de transacción
iii) menores
niveles de capital humano que reducen la productividad laboral y dificultan el
desarrollo de actividades económicas más sofisticadas
iv) escasa
innovación que limita el escalamiento productivo de las empresas
v) ausencia
de empresas en sectores altamente productivos (…)
vi) una
baja integración a la economía mundial».
El documento está empecinado en insistir que
el sur mexicano no es productivo como sí lo es el norte. ¿Qué obsesión tienen
ahora por hablar de productividad en el país cuando existe una dependencia tecnológica como
nunca antes provocada por la apertura económica con el TLCAN? ¿Con qué
insistencia hablan de productividad después de haber aprobado la reforma
energética que deja en manos extranjeras el proyecto energético del país y la
reforma laboral que impide la capacitación de la mano de obra y promueve mayor
precarización del trabajo para ofertar salarios bajos a las multinacionales? En
julio de este año, la OCDE y el gobierno mexicano organizaron Cumbre Internacional de Productividad
donde Peña Nieto, en una intervención de media hora, delineó algunas
iniciativas de su gobierno, entre las cuales estaban las ZEE. Para justificar
tales medidas mencionó que la prioridad de su gobierno es la productividad y
que todos los esfuerzos se harán para «aumentar la productividad del país». La
productividad, según él y la OCDE, nos salvará de todo mal y nos llevará a las
filas del desarrollo y progreso. La pregunta que nos debemos hacer es ¿qué
entienden por productividad?
Existen sólo dos maneras de aumentar la
productividad. La primera es con avances científicos y tecnológicos que
permitan producir más en menos tiempo. Para ello se requiere de un proyecto de
educación que califique mano de obra e invierta en investigación, tecnología y
ciencia. Sin embargo este no es el caso mexicano que sólo contribuye con 0.82%
de la propiedad intelectual a nivel mundial y tiene un grandísimo rezago en
innovación tecnológica y científica. La segunda manera de aumentar la
productividad es superexplotando la fuerza de trabajo, es decir, aumentando la
producción sin aumentar los costos de producción. Esta manera de aumentar la
productividad es la que conocemos en México desde los años ochenta y
particularmente en los noventa después de la firma del TLCAN. Para el norte de
México, región a la que el gobierno mexicano llama «altamente productiva» por estar integrada al mercado mundial, la
productividad no significó otra cosa más que la generalización del modelo
maquiladora.
Ciudad Juárez. Fotografía: www.durangoaldia.com
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En términos generales, la maquila es el
aumento de la producción mediante la venta barata de mano de obra. Eso es lo
que nos ha enseñado la experiencia de Ciudad Juárez, donde se integró una mano
de obra barata y femenina para redoblar la explotación y aumentar las ganancias
de los empresarios. Eso es para ellos un ejemplo de productividad aunque mucho
se sepa sobre el grado de descomposición social en esta ciudad. En Ciudad
Juárez, la industria maquiladora «altamente
productiva» ha significado la generalización de la pobreza, la militarización y el
crecimiento exponencial de la delincuencia. Es el epicentro de la
descomposición social, el epicentro de la violencia contra las mujeres, el epicentro del control laboral y
el epicentro de la vida sin derechos. Según ellos, ese es el mundo de la
productividad que buscan promover de manera renovada en el sur de México con
las ZEE. El norte productivo no sólo es Ciudad Juárez, sino todas las ciudades
y regiones industriales de este país que están encadenadas a la economía global
por medio de industrias maquiladoras de exportación.
Entre los elementos más importantes de ser
subrayados sobre la ley, esté el tema de la expropiación de tierras. El despojo
de tierras será una condición intrínseca del proyecto. La nueva iniciativa de
ley menciona que las ZEE son territorios de interés público y las regiones
donde se consideren apropiadas para ser instaladas, serán expropiadas.
«La
presente iniciativa de Ley califica a la construcción mantenimiento, ampliación
y desarrollo de la Zona, como causas de utilidad pública, lo cual tiene efectos
para la eventual aplicación de las medidas previstas en la Ley de Expropiación,
cuando así se requiere para promover bienes o servicios para tales
actividades».
Chiapas afectada por la minería. Fotografía: Santiago Navarro F.
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El Ejecutivo es quién declara un territorio
como zona de utilidad pública y el Ejecutivo es quien expide el decreto de
expropiación de ese territorio. Lo único que le queda a las regiones afectadas
es esperar la indemnización. Así lo prueba el hecho de que Peña Nieto ha
anunciado tres zonas económicas especiales y nadie está enterado cómo
funcionará, de qué se tratarán, para quién, cómo, cuándo, dónde. Se va a
aprobar la ley y nadie tiene información, sólo los círculos cerrados de la
clase política mexicana e instituciones internacionales como OCDE, Banco
Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, etc. Esta falta de información
demuestra que aquello que aparece como «interés
público», es todo lo contrario. Entre menos se sepa, mejor.
La excepcionalidad arancelaria será también
una condición de las ZEE. Las empresas que decidan invertir en las Zonas
Económicas Especiales estarán exoneradas de pagar impuestos arancelarios de
importación y exportación. Esta ya es una historia conocida en México que se
volvió normal con el TLCAN y hoy se renueva con esta ley:
«El
Ejecutivo deberá establecer los beneficios fiscales en materia de contribución
que se consideren necesarios para impulsar el establecimiento y desarrollo de
las zonas (…). Los beneficios que otorgue el Ejecutivo federal en los términos
del presente artículo deberán tener como mínimo una duración de ocho años».
Las empresas que operen en las ZEE no pagarán
impuestos ni tampoco aranceles por los productos importados. En pocas palabras,
se retoma nuevamente el modelo maquilador que ensambla productos importados
para ser rápidamente exportados del país sin tener que pagar agregados por esa
maniobra. Territorios tomados por el gran capital, enclaves de exportación.
Zonas Económicas Especiales anunciadas. Imagen: Panampost
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Hasta la
fecha se ha anunciado la creación de tres zonas económicas. De acuerdo a
comunicaciones oficiales, se construirá el
Corredor Industrial Inter-Oceánico, el Puerto Lázaro Cárdenas y el Puerto
Chiapas. Antes de que sepamos qué actividades productivas, extractivas o
comerciales se lleven a cabo de las zonas, el Estado tiene que hacerse cargo de
preparar la región para que las empresas tengan la infraestructura necesaria
para operar. Hasta ahora lo que sabemos, de acuerdo con información oficial, es
que se construirán tres ZEE que tendrán a grandes rasgos las siguientes
características:
1. Corredor Industrial Inter-Océanico en el
Istmo de Tehuantepec que
conectará al Océano Pacífico con el Golfo de México. En esta zona se promoverá
la creación de un gasoducto transoceánico de Coatzacoalcos, en Veracruz, a
Salina Cruz, en Oaxaca. Se promoverá también la rehabilitación del ferrocarril
del Istmo, un trazo que, históricamente, ha sido muy valioso en el desarrollo productivo
de esta región del país. Para apoyar esta conectividad también se impulsará la
carretera transístmica.
2. Puerto Lázaro Cárdenas y municipios colindantes. Se
emprenderán diversas obras de infraestructura, equipamiento y modernización de
Puerto Lázaro Cárdenas en Michoacán. Los municipios colindantes de la Costa
Grande de Guerrero también serán beneficiados con la ampliación e inversión que
se proyectan en Lázaro Cárdenas.
3. Puerto Chiapas: Su importancia radica en que detonaría el
desarrollo en la zona fronteriza del estado de Chiapas. Se impulsará
el gasoducto Salina Cruz-Puerto Chiapas-Guatemala con lo que Puerto
Chiapas acompañaría el impulso generado por el corredor transístmico.
Estas han sido las zonas económicas
especiales anunciadas por el presidente y mientras se discute la ley de ZEE en
el congreso, se va preparando el terreno. Existe un proyecto de infraestructura
que se está llevando a cabo para que en un futuro no tan lejano puedan operar
las empresas trasnacionales. Estos proyectos de infraestructura son parte del Programa Nacional de Infraestructura
2014-2018 que también se puede llamar Programa Nacional de
Despojo.
A pesar de que la ley de Zonas Económicas
Especiales menciona que los proyectos se harán sobre la base de consultas de
pueblos indígenas de la región, ya podemos ver algunos casos de infraestructura
relacionada con las ZEE que está siendo construida sin el consentimiento de los
pueblos:
El gasoducto Salina Cruz-Puerto
Chiapas-Guatemala anunciado como parte de la infraestructura que abastecerá de
gas a la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas comenzó a realizarse desde
2014. Este gasoducto transportará gas natural desde Salina Cruz hasta Guatemala
y tendrá una longitud de 600 kilómetros. El proyecto forma parte de una
estrategia de encadenamiento regional que involucra a México y los países del
Triángulo Norte de Centroamérica. Cuenta con la asesoría y apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo así
como del Departamento de Estado de EU, a través de Buró de Recursos Energéticos.
Gasoducto Salina Cruz- Puerto Chiapas-Guatemala. Imagen: Forbes
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Para
el caso de la Zona Económica Especial Corredor Industrial Transoceánico, se
anunció el inicio de la construcción de gasoductos que atravesarán 14
municipios de Veracruz y 13 de Oaxaca con una extensión de 381 kilómetros de
largo. El proyecto llamado Cinturón Transoceánico se anunció en agosto del 2015
y consiste «en la construcción de dos gasoductos en la región del Istmo de
Tehuantepec, para transportar gas LP de Pajaritos, Veracruz, y gas natural de
Chinameca, Veracruz, hasta Salina Cruz». De acuerdo con medios locales,
«La construcción de los gasoductos
representa para el Istmo una gran inversión, puesto que implicaría tener gas
natural para atraer a las grandes industrias transformadoras de cualquier parte
del mundo a instalarse en la región, parar generar empleos permanentes bien
pagados. El sureste mexicano tiene la ubicación más estratégica de todo país,
pero no cuenta con gas natural para desarrollar su industria, a diferencia del
norte del país donde existen varias interconexiones. Ahora será diferente».
Pocas
semanas después de haberse hecho público el anuncio del Cinturón Transoceánico,
los pobladores de la región hicieron sentir su rechazo en el foro ciudadano llamado «Los Gasoductos y su Impacto Social».
Los participantes, en su mayoría de pueblos indígenas de la región istmeña
advirtieron a las autoridades que no otorguen permisos de cambio de uso de
suelo y manifestaron su rechazo a la construcción de los gasoductos por los
efectos ambientales y sociales que ocasionarán. A pesar de este rechazo popular
al despojo, la empresa encargada de la construcción (Grupo PMI), publicó una defensa del proyecto
argumentando que los reclamos son infundados. En otras palabras, la propiedad
privada parece tener mayor razón que la propiedad pública.
Fotografía: Santiago Navarro F.
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Con estos dos casos va quedando claro quién
define la utilidad pública de estos proyectos. Ni siquiera se ha aprobado la
ley y ya se está llevando a cabo el despojo de tierras sobre campesinos pueblos
indígenas de la región. Con esto están dejando claro cómo van a funcionar las
reglas del juego: primera regla, la población no participa.
Las
Zonas Económicas Especiales significarán un proyecto de maquilización de la
tierra istmeña del sur mexicano. El objetivo es convertir a esa región del país
en un gran enclave productivo para la exportación que participe activamente en
el nuevo armazón económico de escala mundial promovido por EU. Lo que ya
podemos observar es que la infraestructura que se va a poner a disposición de
las ZEE se construye dándole la espalda a los pueblos de la región. La clase
política y las cámaras empresariales se jactan una y otra vez de que las ZEE
son proyectos que servirán a la población del sur del país, pero desde ya
podemos observar que es todo lo contrario. Recién comienzan las obras de
infraestructura y ya queda claro lo lejano que estarán de las necesidades de la
población de la región. Las Zonas Económicas Especiales están insertas en una
dinámica de renovación del dominio comercial estadounidense y México será una
geografía fundamental en ese teatro. Para las empresas trasnacionales que
ocuparán esas zonas, la excepcionalidad arancelaria, la infraestructura
gratuita y la baratísima mano de obra que se les ofrece serán motores de sus
ganancias. Para la economía mexicana será mayor desarrollo del subdesarrollo,
mayor dependencia, mayor despojo y mayor precariedad de la vida social.
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