La secretaría de la incultura neoliberal (decreto que afecta al INAH, al INBA, CNA y a Radio Educación)
x Gilberto López y Rivas
La Jornada
20/11/2015
México, México
La Haine
Significativamente, como un anexo del paquete
económico (Presupuesto de Egresos de la Federación 2016), el 7 de septiembre
pasado el iletrado confeso Enrique Peña Nieto entregó a la Cámara de Diputados
una iniciativa de decreto en que se pretende reformar, adicionar y derogar
diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
para crear una secretaría de cultura.
La sorpresiva noticia movilizó inmediatamente a diversos gremios de
trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Antropología e Historia
(INAH), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), del Centro
Nacional de las Artes y de Radio Educación, entre otros, que iniciaron el
análisis del documento y convocaron a reuniones de sus afiliados para tomar
decisiones colectivas en torno a la propuesta del Ejecutivo federal, la cual,
muy pronto, fue considerada improcedente, contradictoria e inconsistente,
privatizadora y altamente peligrosa para el ejercicio de la
investigación-docencia, difusión, preservación y defensa del patrimonio
cultural de la nación y sus pueblos, lesiva para sus derechos laborales y
violatoria de los derechos humanos en materia de cultura y educación.
Al igual
que todas las llamadas reformas estructurales aplicadas por los gobiernos
neoliberales de traición nacional, la iniciativa de crear una secretaría de
cultura se pretende aprobarla al margen de la sociedad, sin consultar a los
distintos especialistas que laboran en esas instituciones, y tampoco la opinión
de los pueblos, incluidos los originarios y afrodescendientes, afectables por
la pretendida explotación intensiva del patrimonio cultural, con criterios
mercantiles y empresariales, por parte de una estructura burocrática onerosa y
discrecional.
Asimismo,
la propuesta no parte de un diagnóstico previo y consensuado de lo que ha sido
el trabajo de los institutos e instituciones referidas durante décadas, ni
tampoco de una evaluación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
(Conaculta), que se impuso por decreto presidencial hace 25 años, y cuya tarea
básica ha sido medrar, para su propio beneficio, del trabajo sustantivo y
especializado del INAH y el INBA, y de su relación autoritaria, clientelar y
elitista con creadores y artistas. Lo que la iniciativa propone, en esencia, es
elevar Conaculta al rango de secretaría, a partir del llamado presupuesto base
cero (sic) y con notables recortes al gasto en este rubro, lo que resulta un
ejercicio bastante paradójico: el de elevar algo sumiéndolo
presupuestariamente. Incluso el presidente de la Comisión de Cultura de la
Cámara de Diputados, Santiago Taboada Cortina, afirmó hace unos días: “En la aprobación del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2016, la Cámara de Diputados sólo autorizó una ampliación de 2
mil millones de pesos al subsector cultura, lo que dificulta aprobar que el
Conaculta se convierta en secretaría […]
No alcanzaría ni para el cambio de papelería’’ (La Jornada, 16/11/15).
Este
comentario no es menor: recordemos que el cambio de nombre de Instituto Federal
Electoral a Instituto Nacional Electoral costó al erario (es decir, nos costó)
más de mil millones de pesos. Si a estas minucias añadimos los salarios siempre
elevados del eventual secretario y sus compinches subsecretarios, asesores,
directores generales, subdirectores definidos en función de la larga cadena de
cochupos y favores en cascada que modelan la jerarquía burocrática, así como
los gastos susceptibles de desvío en nuevas instalaciones y adecuaciones a las
existentes, entenderemos que en realidad los recortes, la austeridad y el
presupuesto base cero en efecto se practicarán, pero hacia abajo, en el despido
de numerosos trabajadores y en la cancelación de un número indeterminado de
aquellos proyectos en marcha que el secretario y sus secuaces bien pagados
consideren no prioritarios para la explotación intensiva del patrimonio
cultural. Ello se advierte claramente en el quinto transitorio de la
iniciativa, que señala: dentro de los ciento veinte días naturales a la entrada
en vigor del decreto, la secretaría de cultura realizará un diagnóstico sobre
las funciones y estructuras orgánicas de los órganos desconcentrados y entidades
paraestatales, con el objeto de realizar y, en su caso, proponer las acciones
necesarias para mejorar el funcionamiento del sector, atendiendo a los
principios de racionalidad administrativa, austeridad, eficiencia y no
duplicidad de funciones, lo que traducido es el uso de esos términos para
encubrir precisamente el desmantelamiento de instancias y equipos de trabajo
cuya racionalidad administrativa y eficiencia son manifiestas en informes y
productos irrefutables.
Por su
parte, los profesores de investigación científica y docencia del INAH han
demandado al Congreso de la Unión, y en particular, a la Cámara de Diputados,
que se deseche esta iniciativa, considerando en cambio indispensable y urgente
legislar una ley reglamentaria en materia de derechos culturales de todos los
mexicanos. Afirman que la iniciativa no cumple con la metodología deductiva
básica en la práctica parlamentaria, donde cualquier organismo administrativo
emana de una ley reglamentaria en la materia de que trate. De ninguna manera
las políticas públicas pueden sustituir el marco legal y suplantar al Poder
Legislativo.
Asimismo,
consideran que la iniciativa rompe el binomio indisoluble de educación-cultura,
al desarraigar al INAH y al INBA de la SEP, su seno de origen, violentando con
ello el artículo tercero constitucional. De aprobarse este proyecto, se
incurriría en una clara controversia constitucional, además de profundizar el
problema señalado en 2003 por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en nuestro país: La educación es un vehículo cultural que
impulsa la integración social a través de la consolidación de la cohesión
nacional y la apreciación de la cultura universal y el intercambio
transcultural. Por lo tanto, es indispensable fortalecer la relación entre
educación y cultura, actualmente soslayada en México. Como bien se afirma en el
análisis realizado por el Sindicato de Trabajadores Académicos del INAH (http://www.enelvolcan.com/edicionvirtual/enelvolcan0390915-suplemento/HTML/#9/z):
la cultura es el contenido y esencia de la educación, y ésta, su vehículo.
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