Laura Castellanos
Kaos en la red-México
Información
antihegemónica para el cambio social
Human Rights Watch
29 octubre, 2015
La organización Human Rights Watch (HRW) dio a conocer el
día de hoy que hay evidencia de que la Policía Federal (PF) cometió ejecuciones
extrajudiciales de al menos 50 civiles, en dos masacres distintas cometidas en
Michoacán en 2015: una el 6 de enero en Apatzingán y la otra el 22 de mayo en
Tanhuato/Ecuandureo.
En un informe difundido
desde su oficia sede en Nueva York, HRW señala que su delegación visitó México
en agosto pasado y documentó que en el primer hecho testigos presenciaron que
la PF ejecutó al menos a 8 civiles en Apatzingán tras el desalojo de un plantón
de un grupo de autodefensas, y en el segundo, que ejecutó a 42 civiles en un
operativo en un rancho presuntamente ocupado por la delincuencia organizada.
El reporte destaca: “En ambos casos, la reacción del gobierno ha
consistido en negar los señalamientos del uso ilegítimo de la fuerza letal y
mostrar a las víctimas como agresores. Más de nueve meses después de las
muertes de Apatzingán, y a cinco meses de las ocurridas en Tanhuato, ningún
policía ha sido consignado en relación con ninguno de los incidentes”.
Daniel Wilkinson,
director gerente de la División de las Américas de HRW, expresó: “Sobre la base de la evidencia disponible,
pareciera que estamos ante otras dos graves atrocidades cometidas por miembros
de las fuerzas de seguridad mexicanas”.
Prosiguió “Es la misma actitud que vimos el año pasado
ante Ayotzinapa y Tlatlaya y sugiere que el gobierno todavía no está dispuesto
a abordar seriamente la crisis de derechos humanos en el país”.
El directivo sentenció: “una y otra vez el sistema de justicia de
México ha demostrado ser incapaz o no querer que miembros de las fuerzas de
seguridad respondan por los abusos que cometieron”.
Por lo que concluyó que “la única esperanza de que se lleve a cabo
una investigación rigurosa y transparente sobre lo ocurrido en Apatzingán y
Tanhuato es que sea conformada una comisión independiente, similar al grupo de
expertos que evalúa el caso Ayotzinapa”.
FUERON LOS FEDERALES
Con respecto al caso Apatzingán, HRW asevera que si bien su
delegación visitó México en agosto pasado, una investigación realizada por esta
reportera, difundida el 22 de abril con el título de Fueron los federales en
el portal de Aristegui Noticias, así como en Proceso y Univisión, “señaló que civiles que no estaban armados
habían sido asesinados por policías en la vía pública”, y como respuesta al
reportaje, “el secretario de Gobernación
Miguel Ángel Osorio Chong pidió públicamente a la PGR que se investigaran los
señalamientos de uso excesivo de la fuerza o abuso de autoridad”.
Sin embargo, cuando la
misión internacional se reunió con el subprocurador de derechos humanos de la
Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos, “dijo a Human Rights Watch que no había
‘elementos’ que justificaran consignar a ningún policía por presuntos abusos en
Apatzingán. Se negó a proporcionar mayor información, aseverando que no podía
divulgar datos de una investigación en curso”.
En el caso de Tanhuato,
HRW asegura que se reunió con un investigador de derechos humanos que
entrevistó a tres sobrevivientes de los hechos que le expresaron que “después de la balacera inicial, varios
policías habían ultimado con disparos a personas que estaban escapando del
lugar o estaban bajo custodia de la Procuraduría”.
Horas después, Monte
Alejandro Rubido, entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad,
declaró que la PF tuvo un enfrentamiento de tres horas contra criminales y negó
que hubo ejecuciones.
LA MASACRE DE APATZINGÁN
HRW afirma en su documento que tuvo acceso al expediente
judicial de las detenciones realizadas en los hechos del desalojo de un plantón
de autodefensas en el Palacio Municipal de Apatzingán, en el que participaron
policías federales y militares, y que de acuerdo a éste al menos 10 civiles
detenidos, entre ellas una joven de nombre Rosa Isela Orozco Sandoval, que dijo
que podía estar embarazada, fueron “golpeados”.
Detalló además el caso
de un joven que entrevistaron con el seudónimo de “Alejandro”, les narró que tras ese ataque acudió al llamado de su
grupo de Fuerza Rural para ir en apoyo de heridos que eran trasladados en una
caravana de la PF que trasladaba camionetas decomisadas al corralón, y que al
seguirla por avenida Constitución, ésta se frenó y atacó al centenar de
manifestantes a mansalva.
El muchacho externó a
HRW que se escondió debajo de la camioneta que manejaba y que observó a “policías que arrastraron a Miguel Ángel
Madrigal Marmolejo de debajo de una camioneta y le dispararon en la cabeza.
Otro hombre, cuyo nombre Alejandro desconocía, se encontraba herido en el
suelo, cuando un policía le ordenó que se arrodillara. Luego otro policía le
disparó en la cabeza y colocó el cuerpo sin vida en el asiento del conductor de
una de las camionetas”.
El sobreviviente dijo “que un policía lo sacó de debajo de la
camioneta, le pisó la herida que tenía en el hombro y le apuntó con el arma en
la cabeza”, pero que la presencia de vecinos evitó su ejecución. No
obstante, “mientras Alejandro permanecía
en el suelo perdiendo sangre, vio a policías colocar armas sobre sus compañeros
muertos y heridos, o cerca de ellos”.
De igual forma la
organización contó con evidencias que prueban que “policías impidieron que los heridos en Apatzingán recibieran atención
médica, lo cual provocó la muerte de al menos una persona”.
Sin embargo, amplía, en
los días siguientes a los hechos, y cuando apenas se empezaba la investigación,
Alfredo Castillo, el entonces Comisionado Federal de Seguridad en Michoacán,
declaró a los medios de comunicación que seis de los civiles murieron por “fuego cruzado”.
LA MASACRE DE TANHUATO
En el caso de Tanhuato, el investigador de derechos humanos
con el que HRW tuvo contacto, les reveló que tras el enfrentamiento inicial por
la irrupción de la PF en el rancho El Sol,
los tres sobrevivientes que están en una cárcel federal acusados de
delincuencia organizada, negaron la versión oficial.
Expresaron que “una vez que había mermado la balacera
inicial, varios policías federales llevaron a siete personas dentro de la
hacienda principal y mataron a cuatro de ellas. Una fue puesta contra una pared
y luego le dispararon; otra recibió disparos en la escalera; una fue alcanzada
por disparos en la espalda mientras escapaba; y otra fue quemada dentro de una
bodega ubicada al costado de la vivienda”.
Igualmente la delegación
internacional se reunió con el periodista Carlos Loret de Mola, que en una
columna periodista escribió que tuvo acceso a un documento oficial en el que 23
de los cuerpos de Tanhuato presentaban heridas “incompatibles con un enfrentamiento armado”, y que “al menos una decena tenían múltiples
heridas de bala en la espalda disparadas desde corta distancia”.
El reporte expone que
cuando HRW se reunió con Betanzos éste informó que la investigación estaba en
curso a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán
(PGJEM). Sin embargo, en otra reunión con Roberto Campa, subsecretario de
derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, les dijo que la PGR había
asumido la investigación de los hechos.
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