Expertos internacionales instan a Peña Nieto a esforzarse por los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa
Centro de Medios Libres
¡Toma los medios, haz los medios, sé los medios!
15 de octubre, 2015
Washington, D.C.
Expertos en derechos humanos instan al Presidente de México,
Enrique Peña Nieto, a incrementar los esfuerzos y el compromiso con el caso de
los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos forzadamente y cuya
investigación ha generado serias preocupaciones
En una carta abierta
dirigida al Presidente de México Enrique Peña Nieto, Robert F. Kennedy Human
Rights junto a expertos en derechos humanos hacen un llamado al gobierno
mexicano a realizar el máximo esfuerzo en la determinación del paradero de los
43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, quienes fueron
desparecidos forzadamente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Guerrero, México.
Un reciente informe
realizado por un panel independiente de expertos internacionales, nombrado por
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de un acuerdo entre el
gobierno de México y las familias y representantes de los estudiantes, expuso
graves errores en el proceso de investigación sobre el caso adelantado por el
gobierno, incluyendo el mal manejo de evidencia y la omisión de testimonios.
Los hallazgos del grupo desvirtúan las conclusiones de la Oficina del
Procurador General de la República sobre el motivo o los métodos de los
crímenes; por el contrario, los expertos independientes concluyeron que los
aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran científicamente imposibles.
Considerando los
preocupantes hallazgos reflejados en el referido informe, esta carta insta al
Presidente Peña Nieto a implementar todas las recomendaciones de los expertos
sobre el caso. Más específicamente, la carta exhorta al gobierno mexicano a
determinar el paradero de los estudiantes, abrir nuevas líneas de
investigación, entrevistar a miembros del ejército mexicano que puedan haber
participado en los crímenes, garantizar la atención adecuada y sostenida a las
víctimas y resolver el problema de desapariciones forzadas en México de manera
más amplia.
La carta también apoya
el llamado de los familiares de las víctimas a extender el mandato del grupo de
expertos independientes el tiempo que sea necesario, teniendo en cuenta que la
obligación del gobierno es aclarar lo sucedido a los estudiantes desaparecidos
y determinar dónde se encuentran, una tarea en la cual la participación del grupo
de expertos resulta crucial.
Robert F. Kennedy Human
Rights y los firmantes continuarán monitoreando el caso de los alumnos de
Ayotzinapa.
Texto
íntegro de la carta:
15 de octubre, 2015
Presidente Enrique Peña
Nieto
Oficina de la
Presidencia de la República
Residencia Oficial de
Los Pinos
Estados Unidos Mexicanos
Distinguido Señor
Presidente:
Escribimos la presente para expresar nuestra profunda
preocupación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela
Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, e instar a su gobierno a
disponer el mayor esfuerzo y compromiso para determinar su paradero y
proporcionar verdad y justicia a las víctimas, sus familiares y al pueblo de
México en este atroz acontecimiento.
Elogiamos el informe
recientemente publicado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) en acuerdo con las familias de los estudiantes y su gobierno
para investigar el caso de Ayotzinapa. Asimismo, valoramos positivamente el
consentimiento de su gobierno para extender el mandato del grupo. Apoyamos el
llamado de las familias para que el mandato del GIEI se extienda el tiempo que
sea necesario, teniendo en cuenta que la obligación del gobierno es aclarar lo
sucedido a los estudiantes desaparecidos y descubrir dónde se encuentran, una
tarea en la cual la participación e investigación del GIEI resulta crucial.
Como usted sabe por el
informe presentado a su gobierno, el GIEI descubrió múltiples y preocupantes
errores en la investigación de los hechos, incluyendo el mal manejo de
evidencia y la omisión de testimonios. Los hallazgos del GIEI no coinciden con
las conclusiones de la Procuraduría General de la República sobre el motivo o
los métodos en que se perpetraron los crímenes; por el contrario, el GIEI
determinó que varios aspectos cruciales de la hipótesis oficial eran
científicamente imposibles. El GIEI no encontró ninguna evidencia contundente
que sostuviera la teoría principal del gobierno de que los estudiantes fueron
incinerados en el basurero de Cocula. Además, el GIEI dejó claro que hay otras
líneas de investigación y otros actores cuya participación tienen que ser
totalmente aclaradas, incluyendo miembros del ejército mexicano y otras
instituciones federales. Aún más, el informe encontró que tanto policías
estatales y federales, como también miembros del ejército mexicano, tuvieron
conocimiento y estaban presentes en varias escenas del crimen caracterizadas
por el brutal uso de la fuerza, sus largas horas de duración y la coordinación
del ataque hacia los estudiantes, sin interceder para proteger la vida de sus
conciudadanos.
Entendemos que la
Procuraduría General de la República se encuentra analizando el informe para
determinar cómo incorporar sus hallazgos en la investigación del gobierno. Es
por eso que instamos de la manera más atenta a la Oficina del Procurador
General de la República a incluir todos los aspectos del estudio del GIEI e
implementar todas las recomendaciones de los expertos. Especialmente instamos
al gobierno a tomar las siguientes acciones:
-Continuar la búsqueda
de los estudiantes. Con base en la evidencia disponible, el GIEI no pudo determinar
el paradero de los estudiantes. Mientras que los estudiantes permanezcan
desaparecidos, el caso debe ser considerado como una investigación abierta de
desapariciones forzadas.
-Reorientar las líneas
de investigación. Para empezar, es necesario que una nueva unidad de
investigación sea asignada al caso. Es fundamental que se realice una revisión
del motivo de los crímenes, incluyendo una posible conexión con un quinto
autobús que al parecer pudo haber estado involucrado en el transporte de drogas
ilícitas. Tanto instalaciones privadas como de gobierno donde los estudiantes
pudieron haber sido llevados deben ser investigadas.
-Permitir que al GIEI
entrevistar a todas las autoridades. Se necesita de manera urgente el
testimonio de todas las autoridades que estuvieron presentes durante los
incidentes, incluyendo el ejército mexicano y la policía federal. Por ejemplo,
al GIEI se le debe permitir entrevistar de forma directa a los miembros del
27vo Batallón de Infantería del Ejército mexicano, quienes pudieron haber
desempeñado un papel de suma relevancia en los acontecimientos de esa noche.
-Garantizar la atención
adecuada a las víctimas. Implementar el acuerdo de asistencia jurídica, social,
psicológica y médica a las familias. Consolidar mecanismos de comunicación con
las familias. Fortalecer los mecanismos de protección a los testigos.
-Resolver el problema de
desapariciones forzadas en México. Crear un registro nacional de las personas
desaparecidas integrado con el registro del Sistema Nacional de Atención a
Víctimas y estandarizar la información sobre los restos mortales no
identificados. Implementar protocolos efectivos y unificados tanto para
búsquedas inmediatas como para las investigaciones penales en todos los casos
de posible desaparición forzada. La nueva Ley General sobre Desapariciones debe
incorporar los aportes de la sociedad civil y los grupos de víctimas.
A más de un año de sus
desapariciones, el paradero de los estudiantes sigue sin conocerse, pese a la
declaración prematura de la Procuraduría General de la República de que la “verdad histórica” sobre el caso ya se
había resuelto. Para el inmenso pesar y desesperanza de las familias de los
estudiantes, sus seres queridos aún no regresan a casa.
Cabe mencionar que
durante la investigación y búsqueda de los estudiantes en el último año, casi
300 casos adicionales de desapariciones en la zona de Iguala han salido a la
luz. Aún más, el registro nacional de personas desaparecidas contiene
actualmente más de 25.000 casos de personas que desaparecieron entre 2007 y
julio de 2015.
Si bien valoramos la
reunión que sostuvo con los familiares de las víctimas el pasado 24 de
septiembre, le urgimos a aumentar los esfuerzos de su gobierno respecto al
caso. Es imperativo que el gobierno despliegue el mayor esfuerzo, recursos,
responsabilidad, cuidado y compromiso, no sólo para encontrar a los 43
estudiantes de Ayotzinapa, sino también para poner fin a la crisis de las
desapariciones forzadas y la impunidad de estos crímenes en México.
Nosotros continuaremos
monitoreando el caso de los estudiantes de Ayotzinapa y los informes que
indican el elevado número de desapariciones forzadas en México.
Agradecemos de antemano
su atención brindada hacia la resolución de este grave asunto.
Sinceramente:
Walter Albán Profesor
Principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú
– PUCP
Juan Pablo Albán
Director del Consultorio Jurídico, Profesor de Derecho Internacional y Derechos
Humanos, Facultad de Derecho, Universidad San Francisco de Quito
Raquel Aldana Decana
Asociada, Profesora de Derecho, Universidad del Pacífico, Escuela de Derecho
McGeorge
Philip G. Alston
Profesor de Derecho ‘John Norton Pomeroy’,
Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York
Roxanna Altholz
Profesora Clínica Asistente, Escuela de Derecho de Berkeley, Universidad de
California
Thomas Antkowiak
Profesor Asociado de Derecho; Director, Clínica Internacional de Derechos
Humanos; Director, Programa para América Latina, Facultad de Derecho de la
Universidad de Seattle
Arturo Arias Profesor ‘Tomas Rivera Regent’ en Literatura
Latinoamericana, Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Texas
en Austin
David Baluarte Profesor
Clínico Asistente de Derecho, Director de la Clínica de Derechos de los
Inmigrantes, Escuela de Derecho de la Universidad de Washington y Lee
Daniel M. Brinks Co-
Director, Centro de Derechos Humanos y Justicia Bernard y Audre Rapoport de la
Universidad de Texas en Austin
Tito Bracamonte
Secretario Ejecutivo, Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú
Laurence Burgorgue-Larsen Profesora de Derecho, Universidad de Paris
Panthéon-Sorbonne
Santiago A. Canton Director Ejecutivo, Partners for Human Rights, Robert
F. Kennedy Human Rights
Lauren Carasik, Esq.
Profesora Clínica de Derecho, Directora, Clínica Internacional de Derechos
Humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de Western New England
Jessica Carvalho Morris
Directora Ejecutiva, Conectas
Carlos Castresana
Fernández Fiscal del Tribunal Supremo de España (en licencia)
Gaston Chillier Director
Ejecutivo, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)
Ernesto de la Jara
Basombrío Director Fundador, Instituto de Defensa Legal (IDL), Perú
Connie de la Vega
Profesora de Derecho y Directora Académica de Programas Internacionales de la
Universidad de San Francisco, Escuela de Derecho
Todd Eisenstadt
Profesor, Departamento de Gobierno, American University
Dr. Mark Ellis Director
Ejecutivo, Asociación internacional de Abogados
Karen Engle Co-Directora,
Centro de Derechos Humanos y Justicia Bernard y Audre Rapoport de la
Universidad de Texas en Austin
Dra. Silvia Figueroa
Profesora, Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales, Tecnológico de
Monterrey, México
Martin Flaherty Profesor
de Derecho Internacional de los Derechos Humanos ‘Familia Leitner’ y Co-Director fundador del Centro Leitner de
Derecho Internacional y Justicia de la Facultad de Derecho de Fordham; Profesor
invitado de la Escuela Woodrow Wilson de Asuntos Públicos e Internacionales de
la Universidad de Princeton
Alejandro M. Garro
Profesor de Derecho, Facultad de Derecho de Columbia, Universidad de Columbia
Alejandra Gonza
Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho
de la Universidad de Washington
Dr. Eduardo González
Velázquez Profesor-Investigador, Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales,
Tecnológico de Monterrey, México
Lisa Haugaard Directora
Ejecutiva, Grupo de Trabajo para América Latina
John Heffernan Director Ejecutivo, Speak Truth to Power, Robert F.
Kennedy Human Rights
Shin Imai Profesor
Asociado de la Facultad de Derecho de Osgoode Hall; Director del Proyecto de
Justicia y Responsabilidad Corporativa de la Universidad de York
Kerry Kennedy Presidenta, Robert F. Kennedy Human Rights
Viviana Krsticevic
Directora Ejecutiva, Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Frank La Rue Director, Robert F. Kennedy Human Rights – Europa
Karim Lahidji Presidente
de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
Dr. Lucas Lixinski
Profesor Titular de Derecho, Universidad de Nueva Gales del Sur, Australia
David Lovatón Palacios
Profesor Titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia
Católica del Perú
Helen Mack Presidente,
Fundación Myrna Mack
Annette Martínez-Orabona
Directora Ejecutiva, Instituto Caribeño de Derechos Humanos (ICADH)
Ruth W. Messinger Presidenta, American Jewish World Service (AJWS)
Jennifer Moore Miembro
del Comité Nacional de Abogados de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales
de Paz – EE.UU.
Lucia Nader Fellow, Open Society Foundations (OSF) Aryeh Neier
Presidente Emérito, Open Society Foundations (OSF)
Joy Olson Directora
Ejecutiva, Oficina para América Latina en Washington (WOLA)
John Packer Director,
Centro de Investigación y Educación para los Derechos Humanos, Universidad de
Ottawa
Amelia Parker Directora
Ejecutiva de Brigadas Internacionales de Paz – EE.UU
Francisco J. Rivera
Juaristi Director, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Profesor Clínico
Asistente de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara
César Rodríguez Garavito
Director Ejecutivo, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (“DeJusticia”)
Naomi Roht-Arriaza
Profesora Distinguida de Derecho, Facultad de Derecho de Hastings, Universidad
de California
Eric Rosenthal Director Ejecutivo, Disability Rights International (DRI)
Macarena Saez Directora
de Facultad, Centro de Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Facultad de
derecho de American University
Katya Salazar Directora
Ejecutiva, Fundación para el Debido Proceso Legal
Violeta Sandoval
Directora de Formación y Emprendimiento Social, Tecnológico de Monterrey,
México
Miguel Sarre Profesor,
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)
James Silk Profesor
Clínico de Derecho, Clínica Internacional de Derechos Humanos Allard K. Lowenstein.
Director, Centro para los Derechos Humanos Internacionales Orville H. Schell ,
Jr., Facultad de Derecho de Yale
Gwynne Skinner
Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos y Refugiados; Profesora
Asociada de Derecho, Facultad de Derecho de la Universidad de Willamette
Gerald Staberock
Secretario General de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
David Tolbert
Presidente, Centro Internacional para la Justicia Transicional
Rodrigo Uprimny Yepes
Investigador y Miembro Fundador, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y
Sociedad (“DeJusticia”); Profesor de
Derecho, Universidad Nacional de Colombia
José Miguel Vivanco
Director de la División para las Américas, Human Rights Watch (HRW)
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