De la Redacción
Periódico La Jornada
FPDT
relata al organismo internacional negativa de jueces a otorgar amparos
El
futuro de nuestras comunidades es incierto y se viola el derecho a la vida,
señala
El Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su
intervención y protección ante el proyecto del gobierno mexicano de construir
un nuevo aeropuerto en la zona del ex lago de Texcoco.
Los
pueblos Santa Isabel Ixtapa, San Cristóbal Nexquipayac, San Francisco
Acuexcomac, San Salvador Atenco, Zapotlán, Colonia Francisco I. Madero, La
Magdalena Panoaya, San Andrés Riva Palacio, San Miguel Tocuila, Santa Cruz de
Abajo, San Felipe, Colonia Nezahualcóyotl, San Luis Huexotla, San Bernardino y
Santiago Cuautlalpan piden al organismo internacional medidas cautelares.
Relataron
a la CIDH los procesos legales empezados para evitar la construcción del
aeropuerto: un juez rechazó en principio la demanda de amparo, y en marzo de
este año un tribunal colegiado revocó el desechamiento y ordenó la admisión de
la demanda.
Sin
embargo, señala el Frente, el juez noveno de distrito negó la suspensión
provisional y la definitiva de los actos, así como los efectos de esos actos
que están dirigidos a la construcción del megaproyecto. “Las negativas de la suspensión las impugnamos pero el pasado primero
de octubre, el segundo tribunal colegiado del segundo circuito confirmó la
negativa de la suspensión mediante el recurso de revisión 177/2015, con el
argumento de que es mayor el interés de la sociedad en la realización del
proyecto que el perjuicio que va a generar en nuestros pueblos.
«¿Cómo es que los pueblos originarios,
acostumbrados a la vida en el campo, podamos vernos reflejados en un proyecto
de primer mundo, si nuestras condiciones de vida son de un país tercermundista?
Pues no contamos con los servicios esenciales médicos e infraestructura
hospitalaria, educativa, seguridad pública y empleos, aun estando a escasos 35
kilómetros de la capital mexicana», indica el FPDT en su
comunicación hacia la CIDH.
En 2002
fue derogado un decreto expropiatorio presidencial que revoca la decisión de
construir un aeropuerto en la misma zona en la que hoy se pretende edificar la
nueva terminal aérea.
«Estas condiciones que ha generado el
proyecto hacen que nuestros derechos elementales a la vida sean violentados,
además de provocar la ruptura del tejido social, lo que provoca que el futuro
de nuestros pueblos sea incierto y que de manera sistemática pasemos de ser
dueños de nuestro territorio que por siglos hemos construido a no figurar más
en ningún espacio», señala el Frente de Pueblos en Defensa de la
Tierra.
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