Valentina Valle
27 octubre, 2015
En este 394 día desde la desaparición
forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otros tres en
Iguala, la cita con los padres y madres de familia fue a las 9 de la mañana,
frente al Hemiciclo a Juárez, en el centro de la Ciudad de México. La
conferencia de prensa comenzó con la condena de la versión gubernamental de los
hechos ocurridos aquella noche, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) denunció el pasado 6 de septiembre, con un informe que
desnuda como colosal mentira la que el ex procurador Jesús Murrillo Karam
intentó vender al mundo como histórica
verdad.
Los
padres, a través de las palabras del abogado Isidoro Vicario, solicitaron a los
medios de comunicación difundir la información acerca de las recomendaciones
del GIEI y condenaron la reticencia de las autoridades a abrir líneas de
investigación que involucren a las altas esferas del poder, temerosas de que estas resulten responsables de los
crímenes. En este contexto, recordaron la feroz campaña mediática en contra de
la Normal, de los estudiantes y de ellos mismos y por esta razón se dirigieron
a los medios, pidiendo que de ahora en adelante sean más honestos y no se dejen
usar por el gobierno para llevar adelante su estrategia de criminalización,
desprestigio y descalificación de las víctimas.
Como
ejemplo de esta estrategia, fue citada la recientemente estrenada película «La Noche de Iguala», realizada por el
periódico Excélsior, que «aparta la
verdad de los hechos, criminaliza a nuestros hijos hoy desaparecidos y ofende
la memoria de los estudiantes asesinados». La gira de visitas a algunos
medios de comunicación nacionales e internacionales, comerciales y
alternativos, que los padres y madres realizaron luego de la rueda de prensa,
tuvo precisamente esta finalidad: difundir una información verdadera acerca de
su lucha, desmentir sus supuesta divisiones y reiterar sus demandas al gobierno
federal[1]
para la presentación con vida de sus hijos desaparecidos.
Citando
las palabras del Doctor José Torero del GIEI, que «no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a
testimonios, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero de Cocula el día
27 de septiembre de 2014», los familiares insistieron que lo ocurrido en
Iguala es un crimen de Estado y como tal debe ser investigado y perseguido. Por
enésima vez señalaron la necesidad de investigar el papel de las diferentes
fuerzas de seguridad que estuvieron presentes aquella noche y repitieron que no
están dispuestos a aceptar que sus hijos se busquen en fosas, porque «hay que buscarlos con vida, porque vivos se
los llevaron y vivos los queremos».
Aunque
no se hizo mención específica a la apertura de los cuarteles militares, y
particularmente del 27 Batallón de Iguala, la referencia fue evidente,
considerando que el ejército ha sido, hasta la fecha, la única entidad que se
ha negado a cualquier tipo de colaboración en la investigación sobre el caso de
la desaparición de los normalistas.
Cabe
recordar la postura del general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), durante el encuentro con los diputados
de la comisión que indaga el caso Ayotzinapa que tuvo lugar a principio de este
mes de octubre. En la reunión, que el semanario Proceso definió
eufemísticamente «ríspida», el
general fijó su postura sobre la inacción militar en la noche de Iguala,
aclarando que el ejército «no intervino
porque nadie le pidió hacerlo» y rechazando rotundamente la posibilidad que
«sus soldados» rindieran cuenta
frente al GIEI o a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La
postura del general fue muy criticada, y no a raíz de unos buenos sentimientos
inspirados por los padres de familia o de una supuesta solidaridad con los
normalistas, sino con base en el Derecho Internacional, cuyo desconocimiento
por parte del secretario de la Defensa resulta abrumador. Como varias fuentes
resaltaron, de hecho, la CIDH es un organismo autónomo de la Organización de
los Estados Americanos (OEA), a la que México pertenece desde su fundación, en
1948. Y aunque ya en aquel entonces el país no se hubiese demostrado enardecido
para solucionar los problemas relacionados con los atropellos de los derechos
humanos, por fin el 16 de diciembre de 1998 México sí admitió la competencia de
la Corte Interamericana de los Derechos Humanos como tribunal internacional con
plenos efectos para resolver los casos sometidos a su jurisdicción por la CIDH
o por un Estado de la OEA.
Según
el derecho internacional, entonces, y tomando en cuenta el artículo 1º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la defensa de los
derechos humanos resultaría ser total, y no sujeta al «orden jurídico mexicano», como planteado en el documento 030433,
donde el general de brigada, Arturo Vallarta Tafolla, jefe de Estado Mayor de
la IX Región Militar con sede en Acapulco, habla de una supuesta violación de «los principios del debido proceso y por
ende los derechos fundamentales de los militares». Cabe recordar que el
mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar
sobre la desaparición de 43 estudiantes plantea un «libre acceso a todas las fuentes de información», y en un país
donde cuatro de las seis resoluciones de la CIDH en contra del Estado se han
emitido por acciones del Ejército [2], lo que sorprende no es que los padres de
los normalistas estén pidiendo abrir los cuarteles, sino que su petición no
haya sido todavía atendida.
Como si
no fuera suficiente, en respuesta a esta decimotercera jornada de movilización
por Ayotzinapa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, pidió
dejar de culpar al gobierno federal para la desaparición de los normalistas.
Así, entre ex procuradores que «ya se
cansaron» y secretarios que piensan que «ya
basta de señalar al gobierno como responsable», a los padres de familia y
los estudiantes de la Normal Isidro Burgos no queda otra opción que seguir en
la lucha por la búsqueda de la verdad, porque la respuesta al general
Cienfuegos que, exasperado, se pregunta «qué
quieren saber» es una sola: «dónde
están, eso queremos saber».
NOTAS:
[1] En específico las demandas al gobierno
Federal son:
1) Que de forma inmediata
presente con vida a nuestro 43 hijos y compañeros;
2) Castigo a los responsables
materiales e intelectuales de la ejecución extrajudicial de tres y la
desaparición de 43 de nuestros hijos y compañeros;
3) Que cese la criminalización,
hostigamiento y descalificación en contra de los estudiantes de Ayotzinapa y
padres de familias;
4) Que se cumplan los 10 puntos
del Convenio de Colaboración firmado por el Estado Mexicano y el Grupo
Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la audiencia llevada a
cabo ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) en Washington
D. C. el día 20 de este mes y año;
5) Que se cumplan todas y cada
una de las Recomendaciones generales y específicas realizadas en el informe del
GIEI, entre los que a continuación señalamos la:
a) Unificación de la
investigación;
b) Llevar a cabo gestiones y
diligencias pendientes, es decir, agotar todas las declaraciones testimoniales
que han sido solicitadas por el GIEI y que aún no se han realizado;
c) Investigar posible traslado
de estupefacientes como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión
contra los normalistas, así como identificar de manera precisa el autobús
Estrella Roja;
d) Investigar denuncias por
malos tratos o torturas con las debidas garantías a los presuntos
perpetradores;
e) Realizar una segunda autopsia
de Julio César Mondragón Fontes;
f) Replantear elementos de
investigación del caso;
g) Investigar otros posibles
responsables;
h) Llevar a cabo nuevas
capturas;
i) Investigar el patrimonio de
presuntos responsables;
j) Investigar la posible
obstrucción de la investigación;
k)
Mantener los procesos de búsqueda;
l) Incorporar a la investigación
fotografías satelitales y tecnología de búsquedas;
m) Llevar a cabo las
recomendaciones sobre atención a los familiares y otras víctimas;
n) Consolidar mecanismos de
información y relación con los familiares y otras víctimas.
[2] De las sentencias
condenatorias de la CIDH al Estado mexicano, notoriamente las de los casos
Jorge Castañeda, «Campo Algodonero»,
Radilla Pacheco, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, y Cabrera
García y Montiel Flores, las última tres han sido relacionadas con una
responsabilidad directa del ejército mexicano, al igual que el caso de las
hermanas González Pérez, en qué la CIDH estableció la responsabilidad del
Estado mexicano por la detención arbitraria y la violación sexual como una
forma de tortura cometida por militares.
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