“Aunque el gobierno de Velasco se comprometió a no levantar averiguaciones
previas, existen 11 órdenes de aprehensión contra indígenas zoques, por
reivindicar derechos agrarios”, Frayba.
Publicado
por: POZOL COLECTIVO
octubre
27, 2015
San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas, México.
Boletín de Prensa Nº 26
Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas
Comité Ejidal de
Ejidatarios Básicos, Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasén
Este Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de Las Casas, ha recibido información del Comité Ejidal de
Ejidatarios Básicos, Posesionarios y Avecindados del Ejido Chicoasén (Comité
Ejidal de Chicoasén) de la existencia de al menos 11 órdenes de aprehensión,
bajo la averiguación previa número 217/2015, en contra de los abogados y
ejidatarios que han interpuesto un amparo colectivo y 52 individuales para la
suspensión de la obra de la presa Chicoasén II. Esta criminalización se da a
pesar de existir minutas de acuerdo, firmadas los días 21, 22 y 29 de julio del
2015, donde el gobierno del estado de Chiapas de Manuel Velasco Coello se
comprometió a no levantar averiguaciones previas en contra de quienes defienden
sus derechos agrarios.
El
Comité Ejidal de Chicoasén ha informado públicamente las violaciones a sus
derechos agrarios en los que han incurrido la Comisión Federal de Electricidad
y la Procuraduría Agraria al permitir el avance de la hidroeléctrica.
Específicamente denuncian que el proyecto se aprobó mediante un proceso con
irregularidades, en una simulada acta de asamblea, el día 17 de noviembre de
2013, donde se incluyeron firmantes que carecen de sustento legal.
Como
indígenas zoques los ejidatarios afectados por la presa Chicoasén han realizado
diversas acciones pacíficas y legítimas para evitar que continúe el avance en
la construcción del proyecto hidrológico que afectaría su territorio. El 9 de
octubre de 2015 ganaron un amparo directo ante el Tribunal Colegiado de
Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, que les otorgó la suspensión de plano
provisional de la obra ejecutada por el Consorcio integrado por las empresas
Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas, CAABSA Infraestructura
y Sinohydro Costa Rica.
A pesar
de contar con un amparo a su favor, los ejidatarios manifiestan que los
trabajos no se han detenido; y en respuesta la criminalización a su lucha en
defensa de la tierra ha aumentado: se sienten intimidados y hostigados
judicialmente, temen ser detenidos, tal como se realizó con su abogado Arturo
Ortega Luna, quien se encuentra en el Centro Estatal de Readaptación Social
para Sentenciados (CERSS) Nº 14, El Amate; acusado de motín en espera de la sentencia del juez.1
Testimonios
con los que cuenta este Centro de Derechos Humanos indican:
“La Comisión Federal de Electricidad es la
que interpuso la denuncia, porque ganamos el amparo a favor de nosotros, y
porque en cualquier momento pararíamos la obra; y la otra es porque estamos
avanzando en cuanto a presentar los peritajes para que nos paguen los daños.
Por eso pensamos que se dio la detención de nuestro abogado y la liberación de
otras órdenes de aprehensión, con la finalidad de oprimir nuestro movimiento y
callarnos de esa manera, meternos miedo. Por esta razón nosotros ya
desconfiamos totalmente del gobierno, porque primero nos hacen firmar
documentos, minutas de acuerdo y a la mera hora ellos no respetan y nos
detienen”.
Este
Centro de Derechos Humanos reitera que la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) ha indicado que:
“Los Estados tienen el deber de tomar todas
las medidas necesarias para evitar que se someta a juicios injustos o
infundados a personas que de manera legítima reclaman el respeto y protección
de los derechos humanos. El inicio de investigaciones penales o querellas
judiciales sin fundamento en contra de defensores de derechos humanos, no sólo
tiene por efecto amedrentar su labor sino que además puede generar una
paralización de su trabajo de defensa de derechos humanos en tanto su tiempo,
recursos y energías deben dedicarse a su propia defensa”.2
La CIDH
ha recomendado a los Estados:
“Asegurar que sus autoridades o terceras
personas no manipularán el poder punitivo del Estado y sus órganos de justicia
con el fin de hostigar a quienes se encuentran dedicados a actividades
legítimas como es el caso de las defensoras y defensoras de derechos humano”.
Es
importante señalar que los proyectos hidroeléctricos afectan sobre todo a las
comunidades indígenas y campesinas. Cuando estos pueblos se organizan son
frecuentemente criminalizados en especial cuando se movilizan en rechazo a
proyectos que afectan sus tierras y territorios y sus derechos a la vida y la
integridad.
Este
Centro de Derechos Humanos exige la liberación inmediata del abogado Arturo
Ortega Luna; cancelación de las órdenes de aprehensión en contra de los
ejidatarios afectados por la presa Chicoasén II, personas en su mayoría de la
tercera edad quienes están enfrentado hostigamientos en la defensa de sus
derechos agrarios; cese a la criminalización de la lucha por la tierra.
1Detienen a abogado del Comité Ejidal de
afectados por la presa Chicoasen II. Acción Urgente. Centro de Derechos Humanos
Fray Bartolomé de las Casas, A.C. 23 de octubre de 2015. Disponible en:
2 Segundo informe sobre la situación de las
defensoras y defensores de derechos humanos en Las Américas. Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. 31 de diciembre de 2011. Disponible en:
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