5 preguntas sin respuesta a un año de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa
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Protesta
por el primer aniversario de la desaparición de estudiantes en Iguala,
Guerrero.
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Animal Político
Paola Alín
A
un año de la desaparición de estudiantes no está claro cuál es su destino.
La noche del 26 de septiembre de 2014 en
Iguala, Guerrero, desaparecieron 43 estudiantes y otros 3 fueron asesinados.
Un año
después no está claro lo que realmente sucedió esa noche.
Las
autoridades han capturado a 111 personas, acusadas de participar en los hechos.
También
sostienen que los jóvenes fueron incinerados en un basurero, pero un informe
independiente descarta esta posibilidad.
En 12
meses se han acumulado miles de hojas en los expedientes de investigación.
Pero
también algunas preguntas que hasta ahora no tienen respuesta. BBC Mundo le
presenta algunas de ellas:
1. ¿Por qué aún no se sabe qué pasó
realmente?
Desde el momento que se supo del ataque a
estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, se
plantearon varias versiones sobre lo que había sucedido.
La
Procuraduría General de la República (PGR) estableció en noviembre que los
jóvenes habían acudido a la ciudad para boicotear el informe de la esposa del
presidente municipal, María de los Ángeles Pineda Villa.
De
acuerdo con esta versión, el alcalde José Luis Abarca ordenó a la policía
municipal que los detuviera.
Estos
policías junto con otros del vecino municipio de Cocula, los entregaron a
sicarios de la banda de narcotráfico de Guerreros
Unidos, que los asesinaron y cremaron en el basurero de ese municipio.
Pero el
informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ofrece
otra versión y cuestiona la viabilidad de la explicación de la PGR.
Según
el GIEI, los estudiantes llegaron al centro de Iguala por la noche, no en la tarde
como señaló la PGR.
No
fueron a boicotear el informe de la esposa del alcalde sino a rescatar a sus
compañeros encerrados central de autobuses.
Además,
el peritaje de un experto contratado por el GIEI señala que fue imposible que
en el basurero de Cocula se cremaran 43 cuerpos, como señala la fiscalía
general.
La
investigación de la PGR se basa en las declaraciones de las personas detenidas.
Pero el
Grupo señala que en esos testimonios hay cuatro versiones distintas de los
hechos. Y que todas se contradicen con las evidencias científicas encontradas.
Y la
falta de confianza en las autoridades también contribuye a la incertidumbre.
Hasta
ahora, los expertos del GIEI reconocen que no puede saberse lo que realmente
pasó con los estudiantes.
2. ¿Por qué los padres creen que
están vivos?
Los padres de los estudiantes desaparecidos
sostienen que la investigación del caso se basa fundamentalmente en testimonios
de los detenidos y no en evidencia científica.
En
cambio, subrayan, la investigación del GIEI analizó varias hipótesis que la PGR
no ha tomado en cuenta.
Según
los familiares y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que
les asesora, desde el principio las autoridades buscaron muertos a los
estudiantes.
Por eso
el rastreo en fosas clandestinas, donde se comprobó que no estaban los jóvenes.
La
fiscalía envió a la Universidad de Innsbruck varios restos encontrados en el
basurero de Cocula y en el río San Juan.
De
éstos sólo se ha identificado plenamente a un estudiante, Alexander Mora, y
existen indicios de uno más puede corresponder a Jhosivani Guerrero de la Cruz.
Pero no
hay seguridad que los demás sean del resto de los estudiantes, insisten.
Algunos
plantean la hipótesis de que los jóvenes pueden estar cautivos, incluso dentro
de instalaciones militares o en plantaciones de droga.
Especialistas
han dicho, sin embargo, que sería muy difícil que no se supiera de ellos.
Los
padres responden que necesitan pruebas científicas irrefutables.
“Sabemos que cada vez el panorama está más
complicado”, reconoce el abogado de Tlachinollan, Vidulfo
Rosales.
“Han dicho que aceptarán lo que venga y
como venga, pero que haya certezas”.
3. ¿Por qué tanta violencia y saña
contra un grupo de jóvenes estudiantes?
Además de las 43 desapariciones, la noche
del 26 de septiembre en Iguala fueron asesinados 3 estudiantes.
Uno de
ellos fue torturado. Sus agresores le arrancaron la piel de la cara.
El
informe del GIREI establece que los policías y civiles armados les dispararon
directamente, y a algunos incluso los y trataron de arrollar con una camioneta.
Los
expertos registraron al menos 9 ataques distintos. Pero hasta ahora no se
conoce la razón de tanta saña y violencia.
En
principio algunos hablaron de una posible venganza de los policías por las
agresiones que habían sufrido de los estudiantes.
La ONU
dice que la investigación sobre el caso Ayotzinapa es “deficiente y tardía”.
Algunos
medios citan a declaraciones de detenidos sobre una especie de castigo por el
activismo político de la Escuela Normal.
Otra de
las hipótesis es que los agresores confundieron a los estudiantes con un grupo
narcotraficante rival, “Los Rojos”.
La
investigación del GIEI establece también que los jóvenes pudieron tomar un
autobús que llevara un cargamento ilegal.
Pero ni
en el expediente de la PGR o el informe de los expertos hay elementos que
justifiquen la forma como los estudiantes fueron agredidos.
La
práctica de secuestrar autobuses no es nueva, e incluso es parte de la vida
cotidiana de las Normales Rurales como la de Ayotzinapa.
Los
agresores sabían que eran estudiantes y no miembros de una banda rival.
Y por
si fuera poco, la noche del ataque los jóvenes no estaban armados: se
defendieron con piedras a los disparos de fusiles de asalto.
4. ¿Cuál fue el papel de los
militares en la trágica noche de Iguala?
Según la PGR la desaparición de los
estudiantes fue responsabilidad de policías de Iguala y Cocula.
Pero el
informe del GIEI señala que en los hechos también estuvieron presentes policías
federales y militares.
No está
claro por qué hubo tanta violencia contra los estudiantes.
Su
papel no está claro todavía.
Los
expertos determinaron que los movimientos de los jóvenes fueron vigilados desde
el llamado Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo, C4, que enlaza a corporaciones locales y
federales en Guerrero.
A lo
largo del 26 de septiembre hubo reportes constantes, incluso de los
enfrentamientos y agresiones armadas a los estudiantes.
Pero
las comunicaciones se interrumpieron durante un rato esa noche.
La
justificación, documentó el Grupo de expertos, fue que la Secretaría de la
Defensa Nacional intervino las comunicaciones.
También
se estableció que hubo agentes de inteligencia militar en algunos de los sitios
de las agresiones, incluso de donde desaparecieron los estudiantes.
Los
expertos del Grupo solicitaron hablar con los integrantes del 27 Batallón de
Infantería, asentado en Iguala, para conocer lo que atestiguaron esa noche.
El
gobierno federal no autorizó la entrevista.
5. ¿Por qué la investigación
oficial es “negligente”, “tardía” y plagada de “graves irregularidades?”.
El trabajo de las autoridades sobre la
desaparición de estudiantes ha sido severamente cuestionado por organizaciones
internacionales.
El
Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU señala en su último informe que las
investigaciones oficiales son “tardías y
deficientes”.
El
organismo también pide un “replanteamiento
general” del caso con base en el informe de expertos internacionales.
La
organización Human Rights Watch (HRW) señala que la investigación tiene “irregularidades”, y puntualiza algunas
con base en el informe del GIEI.
Señala,
por ejemplo, que la fiscalía de Guerrero no aseguró debidamente los sitios
donde ocurrieron los delitos y por eso no se recabaron elementos cruciales para
las pesquisas como huellas, rastros de sangre o cabello.
El
grupo de expertos encontró, 9 meses después, ropa de las víctimas que la PGR no
había analizado.
Grabaciones
de cámaras de seguridad que pudieron registrar los hechos fueron borradas o se extraviaron.
No se
revisaron las casas de policías detenidos, y algunos testigos clave como los
choferes de los autobuses en que se movieron los estudiantes fueron
interrogados 7 meses después de los hechos.
Después
que se presentó el informe del GIEI el presidente Enrique Peña Nieto ordenó que
fuera incorporado a la investigación oficial.
Pero
Amnistía Internacional cree que debería hacer más.
“A menos que el presidente Peña Nieto tome
acción real ahora, va a continuar siendo visto en todo el mundo como el
facilitador de estos horrores”, advierte.
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