Colaboración/5 agosto, 2015
Por Renata Bessi y Santiago Navarro F.
Agencia Subversiones
El estado de Oaxaca, al sur de México, amaneció militarizado el martes
21 de julio de este año 2015, un hecho que hizo recordar el año 2006, cuando el
gobierno intentó reprimir una de las manifestaciones de los profesores de este
estado, hecho al cual respondieron mas de un millón de personas que salieron a
las calles para exigir la destitución del gobernador de ese momento, Ulises
Ruiz Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), acusado de abuso de
poder y de desvió de recursos públicos. El saldo de este proceso, que se
extendió durante seis meses, fue una brutal represión que dejó por lo menos 27
muertos, entre ellos un periodista estadounidense, Brad Will, así como cientos
de detenidos y torturados.
Nueve años después, miles de efectivos de las fuerzas federales y
estatales se desplegaron en Oaxaca para resguardar edificios estratégicos, como
la planta de la empresa estatal de Petróleos Mexicanos (Pemex), los aeropuertos
del estado, así como puntos turísticos en la costa del pacifico en Puerto Escondido
y Huatulco. Mientras tanto 9 helicópteros de la Policía Federal sobrevolaban en
la ciudad de Oaxaca, resguardando centros comerciales, gasolineras y las
radiodifusoras para que no fueran tomadas por el sindicato de profesores como
una forma de presión ante el gobierno, tal como sucedió en el año 2006.
La intensificación del proceso de militarización, iniciado desde los
acontecimientos de las elecciones estatales realizadas el 7 de junio de 2015,
fue estratégico para que el gobernador en turno, Gabino Cué Monteagudo, con
respaldo del presidente Enrique Peña Nieto, pudiera tomar el control del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), que hasta antes del
día 21 de julio estaba en manos de los profesores de la Sección 22 de la
Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE). Esto implicó
la cancelación de las cuentas bancarias de la CNTE y el bloqueo de la señal de
su radiodifusora, al mismo tiempo se liberaron 32 órdenes de aprehensión para
los líderes sindicales de Oaxaca.
Entre los cerca de 10 mil policías que custodian la capital de este
estado figuran los elementos de la Gendarmería Nacional, quienes se capacitaron
con fondos de la Iniciativa Mérida. El Congreso de los E.U. ha asignado fondos
a la Iniciativa Mérida con amplio apoyo bipartidista, aportando mas de 1,600 millones
de dólares a México. En apoyo a esta iniciativa, se ha equipado a la policía
con helicópteros, equipo de alta tecnología y actualmente están participando
con asistencia y conocimientos técnicos con el fin de lograr la «profesionalización» de la policía, y la
reforma judicial y penal.
«La embajada de los Estados
Unidos se honra en asociarse con el gobierno de México para el desarrollo de la
capacidad de sus fuerzas de seguridad», dijo
Anthony Wayne, embajador de este país, en agosto del año 2014 ante la
presentación oficial de la denominada Gendarmería Nacional de la policía
federal mexicana. Así mismo sostuvo, «a través de la Iniciativa Mérida, varias
agencias estadounidenses ofrecen capacitación y comparten mejores prácticas
para aumentar el liderazgo y profesionalismo dentro de las agencias mexicanas
de procuración de justicia».
«Desde que empezaron a
implementar la políticas neoliberales y desde el Consenso de Washington,
comenzó un proceso de eliminación de personas como mecanismo de control social.
Y por supuesto que la gente comenzó a defenderse y fue cuando comenzaron a
crear ejércitos y policías. En ese sentido el gobierno no defiende al pueblo,
se defiende de él, en este caso, para que puedan avanzar las inversiones
transnacionales en la educación, la energía, el petróleo, la minería y otros
sectores», comentó el obispo Raúl Vera, nominado al premio Nobel de la Paz en el
año de 2012.
Reforma
educativa militarizada
Pese a las acusaciones hechas por el gobierno a la forma de
administración del IEEPO por la Sección 22, la militarización es una acción
estratégica para dar continuidad a la denominada reforma educativa por la vía
de la imposición, tal como fue aprobada en el año 2013 por el congreso federal
y que se está llevando a cabo en todos los estados de México. A excepción de
Oaxaca, Michoacán y Guerrero, donde los profesores han resistido a la
implementación de dicha reforma argumentando que su principal objetivo es la
privatización de la educación.
Con la presencia de los policías federales existe una tensión latente
por una posible represión parecida a la del año 2006. «El narcotráfico aún es más potente y México está militarizado. Este
contingente militar que está aquí en Oaxaca es para controlar a unos
insurrectos, ¿y cuál es la insurrección?, simplemente pedir justicia, pedirle
al Estado mexicano que cese con esa reforma educativa que no es otra cosa que
la eliminación de la educación pública. Porque van a eliminar a los profesores,
después sigue la salud pública, y así con el sindicato de Petróleos Mexicanos»,
afirmó Raúl Vera.
Los profesores de la Sección 22, desde un primer momento, han rechazado
dicho modelo educativo, ya que es un modelo homogéneo para todo el país, sin
considerar las condiciones de los estados que cuentan con pueblos indígenas o
condiciones de extrema pobreza, como es el caso de Oaxaca, donde hay lugares que no cuentan ni con materiales de trabajo y a veces ni con aulas.
De acuerdo con Dolores Villalobos, profesora del Sindicato de la Sección
22, es un modelo que busca tercerizar la educación remplazando los espacios con
nuevos trabajadores por medio de un contrato y sin derechos laborales, hasta
que se torne un servicio privado. «Esta
no es una reforma educativa sino laboral, lo que pretenden es que el Estado
deje de proporcionar la educación pública y gratuita. Antes el Estado tenía la
obligación de brindar la educación pública. Como parte de la reforma eso está
cambiando. Cambia el concepto a sólo “garantizar” la educación, esto significa
que no habrá condiciones y se tornará privada. En el fondo quieren reducir el número
de trabajadores de la educación. Ahora con la reforma funcionará el sistema de
contratos por uno o dos años, sin ningún beneficio», afirma Dolores
Villalobos.
Así, el mayor obstáculo para que el gobierno pueda hacer efectiva la
reforma al 100% ha sido la CNTE. Aunque esta coordinadora cuenta sólo con
alrededor de una fracción de 200 mil profesores de un total de 900 mil
trabajadores de la educación en todo México. De estos 200 mil, 60 por ciento
están en el estado Oaxaca.
«El gobierno sabe que la mayor
resistencia contra la Reforma está aquí en Oaxaca. Porque si esta reforma
procede aquí, en este estado, no habrá más resistencia y se implementará en
todos los demás estados», dijo Villalobos.
Mientras tanto el 22 de julio de este año 2015, en Toluca, Estado de
México, por lo menos diez gobernadores de diversos estados y el jefe de
gobierno del Distrito Federal se reunieron para detallar su próximo encuentro para
el mes de octubre de 2015 con gobernadores de los Estados Unidos y Canadá. Una
reunión que aprovecharon para discutir las medidas que tomarían en caso de
posibles movilizaciones del CNTE como respuesta a la reestructuración del
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO).
Modelo
educativo para América Latina
En el año 2013, tras un tumulto de protestas y un fuerte operativo
policiaco-militar, fue aprobada la reforma educativa, sugerida por OCDE en el
año 2008 al presidente Enrique Peña Nieto, en el Acuerdo de Cooperación
OCDE-México para Mejorar la Calidad de la Educación en las Escuelas de México.
En el documento, la OCDE se posiciona a la «vanguardia
de los esfuerzos emprendidos para ayudar a los gobiernos a entender y responder
sobre los cambios y preocupaciones del mundo actual, como el gobierno
corporativo, la economía de la información y los retos que genera el
envejecimiento de la población».
Una de las sugerencias de la OCDE fue abrir espacios al sector privado
en el área de educación. «La reforma
educativa es demasiado importante para el futuro de México como para dejar
solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la OCDE considera
urgente la creación de una ‘coalición orientadora’ que incluya a los líderes
políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la sociedad
civil», consta en el documento.
El órgano hizo básicamente 15 recomendaciones proponiendo «una estrategia de acción que busca dar más
apoyo a las escuelas, directores y docentes para mejorar los resultados de las
escuelas y los estudiantes», en busca de «escuelas eficientes». Uno de los
componentes de este acuerdo trata sobre el desarrollo de políticas y prácticas
adecuadas para evaluar la calidad de las escuelas y los maestros y para
vincular los resultados con los incentivos para lograr procesos de mejora. «Estas líneas de trabajo fueron dirigidas
por el Consejo Asesor de la OCDE sobre Políticas de Evaluación e Incentivos
para Docentes en México, conformado por expertos internacionales», explica
el documento.
«No estamos en contra de la
evaluación. El problema es cómo son realizadas y las consecuencias que trae
detrás de estas evaluaciones. Por el contrario nosotros hemos construido un
modelo alternativo que ya presentamos ante el congreso y no se ha respetado», afirma
la profesora Villalobos.
Un referente de este modelo de educación en Latinoamérica es Brasil, así
como en México, la política educacional tiene una orientación de organismos
internacionales, intensificada a partir de la década de los años 90. Fueron
implantadas políticas de evaluación por competencias y habilidades, un sistema
de avaluación en larga escala, donde se estableció una participación
público-privada, y la concepción de la educación giró en torno a las políticas
desarrollistas y neoliberales, es decir, para el mercado, inclusive
respaldándose en conceptos de economía, de competencias y habilidades, explica
la investigadora Alayde Digiovanni, del Programa de Estudios de América Latina,
de la Universidad de São Paulo (PROLAM/USP).
«Los sistemas de evaluación en
como son implementados no ayudan en casi nada. En algunos lugares ya tenemos
este modelo que incentiva la competitividad, sistema de bonos para aquellos que
presenten más rendimiento conforme la evaluación. El resultado es competición y
desigualdad entre las escuelas. El sistema comúnmente desconsidera el contexto
socio-económico de donde se encuentran las escuelas»,
sostiene la investigadora Alayde Digiovanni.
De acuerdo con Digiovanni, los acuerdos con los órganos internacionales
no se restringen sólo a Brasil y México. Son políticas determinadas por
organismos internacionales como la OCDE y el Fondo Monetario Internacional
(FMI) implementadas para toda América Latina y el Caribe. «Se identifica la
educación como un factor primordial para el desarrollo económico, implicado en
una serie de indicaciones internacionales para las políticas públicas en temas
de educación de América Latina y el Caribe». Tales recomendaciones siguen el
modelo orientado por las políticas neoliberales, sostiene Digiovanni.
Justificación
mediática
Junto a la estrategia militar, el gobierno ha trazado una estrategia mediática.
Desde el día 21 de julio de 2015, todos los medios comerciales se han
sincronizado, desde los periódicos hasta los canales de televisión que no han
dejado de emitir mensajes a favor de la determinación del gobernador y de los
beneficios de la reforma educativa. Detrás de la cuenta de Twitter del gobierno
hay todo un equipo que mantiene un bombardeo de mensajes que terminan apagando
los mensajes en contra, por ejemplo: «En #Oaxaca
inicia una nueva etapa de eficiencia, modernidad y dignidad en el sistema
educativo estatal» o «La #ReformaEducativa
en #Oaxaca
avanza y no se detendrá». El gobierno federal también
figura con sus mensajes de apoyo: «El @GobRep
respalda al Gobierno de #Oaxaca y al Gobernador @GabinoCue». Aliados
del gobierno desde los partidos de izquierda como los de derecha también
aplauden en las redes sociales los cambios para aplicar a reforma educativa en
Oaxaca.
Alerta de
las organizaciones civiles
Por otra parte, una red de más de 100 organizadores de derechos humanos
publicaron una nota conjunta en la que externan su preocupación por la
utilización de la policía federal y las fuerzas armadas contra el magisterio
oaxaqueño y la ciudadanía en general. «En
este país, la presencia policíaca y militar no representa una mayor garantía de
seguridad, al contrario es sinónimo de represión y criminalización de la
protesta social, como las graves violaciones de derechos humanos vividos en el
año 2006, varios de ellos investigados actualmente en la Fiscalía de
Investigaciones para Delitos de Trascendencia Social (FIDTS)», afirma la
nota. Así mismo exigen la salida inmediata la policía federal y la gendarmería
de Oaxaca. «(…) y responsabilizamos al gobierno federal y al gobierno del estado de los
hechos que se desencadenen a raíz del proceso de militarización que vive
Oaxaca», finaliza la nota.
La Comisión de la Verdad de Oaxaca, que ha registrado y denunciado
violaciones a los derechos humanos durante la militarización del año 2006,
también se pronunció al respecto. «La presencia de la gendarmería, lejos de
salvaguardar los derechos humanos, está propiciando un clima intimidatorio en
diversos sectores de la población. Para muchos sectores aun esta fresca la
memoria de los años 2006 y 2007 en Oaxaca, en los que efectivos de la Policía
Federal Preventiva incurrieron en faltas graves y cometieron violaciones a los
derechos humanos, hechos que esta Comisión actualmente investiga», destaca la
Comisión.
Ante el contexto de militarización y de la reestructuración del IEEPO
por parte del Estado, la Sección 22 ratificó que la demanda central de los
estados miembros de la CNTE es la abrogación de la reforma educativa. El
rechazo a la evaluación y el desconocimiento al decreto de desaparición del
IEEPO, sosteniendo que de no obtener una respuesta favorable continuarán con el
proceso organizativo de una huelga nacional. Mientras tanto, el lunes 27 de
julio del año 2015, fue convocada la primera mega manifestación de los
profesores en la ciudad de Oaxaca. Así mismo, el resto de los agremiados en la
CNTE en otros estados ya han comenzado a realizar acciones de protesta en
solidaridad con sus compañeros de Oaxaca y contra la reforma educativa.
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