Redacción
Desinformémonos.
7 de agosto de 2015.
El pasado 31 de julio médicos y pensionados del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) salieron a la calle en 13 estados del país
para denunciar que la reforma en ciernes del Seguro Social, es una
privatización encubierta de la sanidad, que se viene produciendo desde los años
80.
Para los trabajadores
del sector salud en lucha, la “universalización
de la sanidad” no es más que una propuesta para la irrupción de capital
privado y no para ampliar la cobertura de seguridad social a la población. Un
ejemplo de esta orientación a la medicina concertada, podría ser los cuatro
hospitales con asociación público-privada, que el Consejo Técnico del IMSS
autorizó el pasado 30 de junio.
“Mucho de los que defendemos, decimos que la privatización
viene de los 80, con las reformas del 95 y 97, y con la creación del Seguro
Social Popular, que ni es seguro ni popular”, explica un médico de especialidad del
IMSS, que prefiere guardar su anonimato, ante la represión que ejerce el sindicato
con las corrientes críticas dentro de los hospitales.
Una de las propuesta del
presidente Peña Nieto a esta universalización es establecer un fondo único
tanto para el IMSS como para el ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado). Esta idea de financiamiento quiere
que los recursos lleguen al usuario y no a las instituciones, donde el paciente
elige y el estado paga. En Baja California y Chihuahua ya se está empezando a
recrear este sistema de portabilidad que abre una puerta a la propuesta
privatizadora. Además, como informan los trabajadores que defienden el modelo
público, esta doctrina quiere asegurar un paquete de mínimos, donde muchas
enfermedades o cánceres no están contemplados.
Ese avance privatizador
se está produciendo a pacientes que sufren enfermedades a largo plazo y que
necesitan un tratamiento rutinario como la diálisis o hemodiálisis. La
investigadora médica Asa Cristina Laurell, de origen sueco pero naturalizada en
México, informó recientemente que de 2008 a 2014 la subrogación de los
hemodiálisis ha llegado hasta un 22.4% de todos los casos. O como el pasado
junio, donde el IMSS intentó que 16 mil pacientes diabéticos fueran encauzados
a compañías privadas.
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