Comuneros denuncian agresiones de fuerzas federales en Ostula,
Michoacán. Foto: Benjamín Flores
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Gloria Leticia Díaz
21 de julio de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- Autoridades agrarias de
Santa María Ostula desmintieron la versión oficial sobre los hechos ocurridos
el domingo 19 en esa comunidad indígena del municipio de Aquila, Michoacán,
donde murió un menor de edad por disparos de arma de fuego.
En rueda
de prensa en las instalaciones del Centro Prodh, Agustín Vera Ramírez, jefe de
tenencia municipal y vocero de Ostula, desmintió que los militares que se
desplazaron a esa región para detener al comandante de la policía comunitaria,
Semeí Verdía, hayan hecho “disparos al aire”, como afirmó el mando especial
para la Seguridad de Michoacán, Felipe Gurrola.
“Es una manera de justificarse, ellos podrán
decir lo que quieran pero no fue así –insistió Vera Ramírez–; lo dicen para lavarse las manos, no hubo
disparos al aire y tampoco disparos de nuestros compañero. Ellos (los
militares) tiraron para que la gente se
quitara (del camino), dispararon contra
los civiles”.
De
acuerdo con las autoridades comunitarias, por los disparos de los militares
sobre el puente de Ixtapilla murió el menor Edilberto Reyes García, de 12 años,
y resultaron heridos la niña Yeimi Nataly Pineda Reyes, de 6 años; Edith Balbino
Vera, Delfino Antonio Alejo Ramos, de 17; Horacio Valladares Manuel, José
Nicodemos Macías Zambrano y Melesio Cristino Dirzio, de 60 años.
En
compañía de Ezequiel Celestino Grajeda, presidente del Consejo de Vigilancia de
los Bienes Comunales de Santa María Ostula, el vocero de la comunidad acusó de “traición” a los gobiernos federal y
estatal, toda vez que la detención de su líder se dio en el contexto de una “cita que le hicieran el secretario y
subsecretario de Seguridad Pública estatal (Javier Ocampo García y Adolfo
Eloy Peralta) para una revisión de
balística, que se realiza cada 15 días”.
Vera
Ramírez denunció que durante la detención de Verdía, operativo en el que
habrían participado unos mil integrantes de diferentes corporaciones policiales
y fuerzas federales, los militares intentaron ocultar su procedencia.
“Cuando me acerqué a preguntarles a qué batallón
pertenecían, decían el 85, pero en el uniforme decía clarito que eran del 86,
seguro ya tenían planeado distraer con el número del batallón”, acotó.
También
apuntó que la detención del comandante Verdía es ilegal toda vez que las armas
que portaba, una AR-15 y un arma corta 9 milímetros, fueron proporcionadas por
las mismas autoridades estatales, ya que formaba parte de la Fuerza Rural
puesta en marcha por el excomisionado Alfredo Castillo; incluso, el líder
comunitario cobraba como integrante de la corporación, y “tiene sus recibos de pago” que así lo acreditan.
Agustín
Vera también mostró acuerdos firmados por los funcionarios de la SSP estatal,
así como por el comisionado para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI),
Jaime Martínez Veloz.
En ambos
documentos, fechados el 16 de marzo y 12 de junio pasados, se hace referencia a
la grave situación de inseguridad que padece la comunidad y el compromiso al
menos del gobierno michoacano de detener a “los
principales líderes del crimen organizado”: Federico González Medina, El Lico, y Mario Álvarez López, El Chacal.
Además,
acusó a las fuerzas armadas de estar coludidas con el grupo delincuencial de
Los Caballeros Templarios, que han visto dañados sus intereses por la operación
de la policía comunitaria.
De
acuerdo con Vera Ramírez, El Lico y El Chacal se apropiaron de un terreno
comunitario que en 2009 fue recuperado por los habitantes de Ostula, el cual
habría sido utilizado para “bajar droga” y
“enterrar gente, pues ahí había muchas
fosas y cuerpos”.
En la
pelea de los comuneros por conservar sus recursos naturales, recordó, 34
personas han muerto, entre ellas el niño de 12 años, y seis han sido
desaparecidas, sin que haya visos de las autoridades por esclarecer los casos.
Luego
aseguró que durante la confrontación con los habitantes de Ostula, el domingo
19, los soldados gritaban “¡Vivan Los
Caballeros Templarios!”, al tiempo que insultaban a la población, la
golpeaban con macanas y disparaban gases lacrimógenos y bombas de humo.
Agustín
Vera contó que desde 2009, a petición de la Policía Comunitaria, se instaló un
destacamento de la Marina, pero “les
sirvió a ellos (los Templarios), porque llegaban a la comunidad entre 20 y 30
camionetas con gente armada, sacaban a la gente de sus casas, las mataba o se
las llevaban, y los marinos no hacían nada, nada más llegaban a levantar a los
muertos, decían que necesitaban una orden para actuar, pero se les veía con el
jefe de plaza (González Medina) y con
el cacique (Álvarez López), quienes
se los llevaban a la playa o a sus casas, yo creo que para darles dinero”.
En la
conferencia de prensa, el secretario ejecutivo de la Red TDT, Jorge Hernández,
y Gerardo Camacho, del Grupo de Apoyo a la comunidad de Ostula, exigieron una
investigación imparcial de los hechos violentos.
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