Contralínea 443
del 29 de Junio al 05 de
Julio 2015
[Opinión-Autor: Guillermo Castillo Ramírez (*)
No logramos el
ciento por ciento [de nuestras
demandas], pero por primera vez en los
últimos 30 años conquistamos el respeto a los derechos laborales por los que
tanto hemos luchado.
Fermín Salazar, La
Jornada, 5 de junio de 2015
Éste es un acuerdo
histórico, que significa el inicio de la continuación de una lucha que
concluirá con la creación del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores
del Campo.
Fidel Sánchez, La
Jornada, 5 de junio de 2015
Y ya que pregunta
sobre cómo es la vida por acá en el valle, pues es injusta, muy injusta. Mire
nomás cómo la riqueza de los patrones, que son apenas unos pocos, está
levantada sobre la miseria y la explotación de muchos, de miles de nosotros, de
los jornaleros que no tenemos casi nada y dejamos todo atrás y salimos de
nuestras tierra pa’ buscar un mejor futuro.
Artemio Pérez,
marzo de 2015
Los acontecimientos de San Quintín, Baja California, tanto
el opresivo sistema de trabajo en los complejos de producción agroindustrial
–que remite a las condiciones de explotación laboral en esa zona de Baja
California sostenidas por décadas (un jornalero agrícola trabaja 15 horas al
día; en promedio la jornada media laboral de los jornaleros agrícolas es de 57
horas por semana para los hombres y 65 para las mujeres: Red de Jornaleros
Internos de México, La Jornada, 27 de marzo de 2015)– como las movilizaciones
de los jornaleros por sus derechos laborales en los últimos meses, muestran los
diversos sujetos sociales e instituciones que, en relaciones de tensión y de
poder desiguales, caracterizan gran parte de la agricultura comercial del país,
como los ranchos y campos agrícolas mercantiles presentes en cerca de 18
estados de México (“Jornaleros de San
Quintín: entre la explotación moderna y la resistencia social”,
Contralínea, 12 de abril de 2015).
a)
Por un lado, los jornaleros que, con un pasado de precariedad económica y
necesidades irresueltas en sus localidades campesinas e indígenas de
procedencia, salieron en busca de mejores condiciones de existencia; que no
sólo alude al abuso y agravio actual, sino también refiere a la historia previa
de marginación estructural de estos campesinos migrantes, los cuales
experimentaron de manera directa carencias materiales derivadas de la ausencia
de los derechos sociales en sus localidades de origen. Estos sectores sociales,
una vez que migran y en tanto no poseen capital económico ni infraestructura
productiva propia para generar recursos monetarios y se encuentran fuera de sus
lugares de procedencia, se ven en la urgencia de vender su fuerza de trabajo a
casi cualquier costo, y, en no pocas ocasiones, al peor de los empleadores (“Los jornaleros del Valle de San Quintín,
reflejo de la ignominia y los reclamos de justicia”, Bilaterals, 12 de
junio de 2015).
No obstante,
los jornaleros, en tanto actores sociales con capacidad de organización social
y acción, se aglutinaron en torno a una serie de demandas laborales concretas
y, mediante actividades y protestas de diverso tipo, construyeron las
condiciones para generar-forzar un proceso de negociación con diversas
instituciones del Estado y el sector patronal, negociación que está
desembocando en el cambio parcial de sus situaciones de trabajo y vida.
b)
Por otra parte, están los dueños de los campos y ranchos agrícolas, muchos de
los cuales, en su afán de incrementar a toda costa sus ganancias, se
aprovechan, tanto de la inactividad del Estado para el cabal cumplimiento de
los derechos laborales, como de las condiciones de vulnerabilidad de los
jornaleros. Esto permite a estos grupos locales de poder económico imponer a
los trabajadores agrícolas situaciones laborales peligrosas e ilegales, además
de pagarles injustos salarios que no alcanzan a solventar el mínimo de las
necesidades básicas de un individuo y/o su familia (“El Valle de San Quintín: entre el abuso laboral y la movilización de
los jornaleros”, Alterinfos América Latina, 22 de mayo de 2015).
c)
En esta arena política laboral también está el Estado en sus múltiples escalas:
municipal, estatal y federal, que se ha distinguido no sólo por carecer de una
voluntad efectiva para defender a los jornaleros y por su incapacidad política
para ejercer la Ley Federal del Trabajo, sino también por promover de facto
situaciones de impunidad y negligencia, en tanto en los hechos permitió
condiciones de trabajo que rayaban en la explotación laboral (“En
semiesclavitud, más de 2 millones de jornaleros”, La Jornada, 6 de abril de
2015; y “Esclavitud aún en 2015: México tiene el índice más alto en América
Latina”, Animal Político, 30 de marzo de 2015).
Lejos de velar por el
cumplimiento de los derechos de los trabajadores, el Estado se volvió un
legitimador del statu quo sobre el que se asentaba este sistema de explotación
y, de facto y transgrediendo el precepto constitucional de la igualdad de todos
los ciudadanos ante la ley, otorgó un trato diferenciado y preferente al sector
patronal, en perjuicio de los jornaleros.
d)
A esto se suman los sindicatos oficiales –como la Confederación Regional Obrera
Mexicana (CROM) y la Confederación de Trabajadores de México– que, lejos de
defender los derechos y prerrogativas de los trabajadores, en los hechos se
unen a este entramado de abuso laboral permitiendo relaciones laborales
injustas e ilegales, contribuyendo a mantener la inercia de estos procesos de
exclusión social y económica (“Defiende
la CROM a los patrones de San Quintín”, La Jornada, 17 de mayo de 2015).
Alcance de los acuerdos
En el contexto de las condiciones laborales de los
trabajadores de los ranchos agrícolas, y según lo han expresado varios de los
líderes y representantes de los jornaleros, a través de la lucha organizada de
los trabajadores agrícolas y mediante la presión política y mediática de las
movilizaciones y las mesas de negociación se consiguieron varios logros de
carácter histórico. Entre otras conquistas laborales, se acordó:
1.
la supervisión y vigilancia de las condiciones de trabajo por parte de las
autoridades competentes,
2.
el respeto a los derechos humanos de los trabajadores,
3.
la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social de los jornaleros,
4.
un bono anual con un monto de dos quincenas de trabajo,
5.
la entrada y puesta en operación de programas de atención social dirigidos a
los jornaleros y
6.
el establecimiento de un sueldo base de 150, 165 y 180 pesos diarios, según el
tamaño de las empresas, las cuales serán categorizadas de acuerdo con su
actividad productiva, su capacidad económica, la agrotecnología con que
cuentan, el tamaño del área cultivada y el volumen de empleados
(“Jornaleros de San
Quintín logran acuerdo salarial”, La Jornada, 5 de junio de 2015).
Las limitantes y el camino por
recorrer
Sin embargo, dentro de los pendientes aún por resolverse,
hay tres que son de gran importancia:
a)
la conformación y consolidación del Sindicato de la Alianza de Organizaciones
Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social;
b)
el cumplimiento efectivo y total de los acuerdos de la mesa de diálogo y
negoción de mayo pasado;
c)
y la continuación de la lucha por la mejora de las condiciones laborales y de
vida de los jornaleros.
En este contexto, si
bien se consiguió elevar en cierta medida la remuneración económica por jornal
a los trabajadores agrícolas, muy lejos quedó la iniciativa de los jornaleros
de recibir 300 pesos por día trabajado y, debido a la prácticamente nula
voluntad del sector patronal, ni siquiera se llegó a la magra y limitada
propuesta de 200 pesos por jornal (“Patrones
rechazan pagar 200 pesos al día a jornaleros de Baja California”, La
Jornada, 16 de mayo de 2015).
No obstante lo avanzado,
y considerando que no es un problema que radica en la falta de recursos
económicos del sector patronal –dado que buena parte de la producción de los
ranchos se destina a la venta en Estados Unidos y las ganancias son en dólares
y de acuerdo con los estándares del costo de vida estadunidense–, los actuales
salarios pactados aún distan mucho de ser justos y proveer los recursos
monetarios suficientes para solventar el precio de la canasta básica y el resto
de las necesidades de los jornaleros, más si consideramos el elevado costo de
vida en la región del Valle de San Quintín y que muchos de estos trabajadores
agrícolas son padres de familia.
*Maestro y doctor en antropología; autor
de proyectos de investigación posdoctoral en antropología con líneas de trabajo
en migración nacional e internacional y procesos de movilidad geográfica de
grupos indígenas y campesinos en México.
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