Por Heriberto Paredes
26 junio, 2015
[…] ti quin tlanizque
aquihque yancuic
mahcoquizque de quin palehuizque non
tetlalquiquixtilihque de non mo
huei tomin chihua ican equitl den to ampoa […]
Venzamos a aquellos que de nuevo
se han encumbrado, de los que ayudan a
los que han quitado la tierra a otros, de los que para sí
gran dinero hacen con el trabajo de los que son como nosotros
Segundo manifiesto en náhuatl,
Emiliano Zapata, 27 de abril de 1918.
Seguir combatiendo sin desmayar por la conquista de la tierra
que fue de nuestros antepasados y que manos rapaces nos arrebataron a la sombra
de pasadas dictaduras; continuar enarbolando con mano firme y corazón resuelto
el hermoso estandarte de la dignidad y de la libertad campesina; luchar hasta
el fin contra los nuevos cómplices de los despojadores de tierras, de los
explotadores del trabajo, de los negreros de las haciendas; tal es nuestro
deber, si queremos merecer el dictado de hombres libres y de ciudadanos
conscientes.
Segundo manifiesto en náhuatl,
Emiliano Zapata, 27 de abril de 1918.
Reparto de
tierras y reconstrucción de la comunidad en Ostula
Agencia SubVersiones
Publicado el 26/06/2015
Han pasado ya 6 años desde que la
comunidad nahua de Santa María Ostula decidió recuperar alrededor de 1000
hectáreas que estaban en poder de organizaciones criminales y que originalmente
pertenecen –oficialmente desde la década de los 60, aunque históricamente,
desde la fundación, en 1531, de este asentamiento– al territorio comunal. En
mayo de 2015 tuvo lugar uno de los procesos más complejos en lo que respecta a
la posesión de la tierra, el equilibrio entre lo colectivo y la producción
familiar, es decir, un primer reparto de tierras.
Ver reportaje completo: http://subversiones.org/archivos/116966
Han pasado ya 6 años desde que la comunidad nahua de Santa
María Ostula decidió recuperar alrededor de 1000 hectáreas que estaban en poder
de organizaciones criminales y que originalmente pertenecen –oficialmente desde
la década de los 60, aunque históricamente, desde la fundación, en 1531, de
este asentamiento– al territorio comunal. En mayo de 2015 tuvo lugar uno de los
procesos más complejos en lo que respecta a la posesión de la tierra, el
equilibrio entre lo colectivo y la producción familiar, es decir, el reparto de
tierras.
México, tras el fallido
proyecto revolucionario de comienzos del siglo XX, se convirtió en escenario de
disputas entre los diversos proyectos de país, aunque los que más consolidados
fueron, por un lado, la visión industrial y tecnológica en la que el
latifundio, los terratenientes y la mano de obra jornalera no representaban una
contradicción, siempre y cuando estos entes pasaran por un proceso de «modernización», que consistía en
reducir los costos de producción, aumentar el uso de tecnología agrícola y
ubicar el centro del desarrollo nacional en la generación de industrias,
dejando así al campo en un segundo plano. Tal vez Brasil sea hoy en día algo
similar a lo que las élites del norte mexicano deseaban para el país.
El segundo proyecto,
consolidado e impulsado por élites locales, emergentes sobre todo en el centro
y sur tras el fracaso revolucionario, consistió en desarrollar al campo,
colocando esta actividad como leitmotiv del Estado; considerando que México es
mayoritariamente una sociedad no urbana, la imagen agrarista de la nación sólo
sería posible fortaleciendo la identidad campesina y una distribución
específica de las tierras. Resultado de este esfuerzo y de cierta influencia
del zapatismo, el artículo 27 constitucional plasmó la existencia de una nueva
figura agraria de tenencia de la tierra: el ejido.
Con características muy
concretas, como la tenencia comunal de la tierra, el carácter inalienable,
inembargable e imprescriptible de esta forma de propiedad colectiva, el ejido
fue apropiado como una mecanismo de protección de las tierras ocupadas por los
pueblos originarios. Fueron las reformas que Carlos Salinas de Gortari llevó a
cabo en 1992 las que permitieron la posibilidad de compra-venta de tierras
comunales a través de la eliminación de los candados protectores. Y hablando en
lo concreto, no sólo se trata de la tierra para trabajo agrícola sino también
del subsuelo, su propiedad y su explotación.
Para los comuneros de
Ostula, la lucha en defensa de su territorio y de los recursos naturales que en
él se encuentran ha significado aferrarse a la vida y mantenerse de pie pese a
toda agresión, proveniente del Estado o del crimen organizado, o bien, de ambos
aliados para ejecutar un plan de despojo. Tras una lucha política que data de
los años 60, toda una generación de líderes comunitarios impulsó un proyecto
cercano a lo que hoy puede llamarse autonomía. Luego de soportar que casi 1000
hectáreas de buenas tierras estuvieran en manos de gobernantes o de criminales,
la decisión de recuperar las tierras, pasó también por todos los recursos
legales existentes, sin recibir respuesta alguna.
Es por ello que, el 17
de junio de 2009, tras un impulso organizativo, la comunidad decide emitir
algunos documentos que expresan, en su conjunto, la preferencia autonómica, así
como la legitimidad para ejercer la autodefensa a partir de la recuperación de
formas antiguas, expresión de sus usos y costumbres. Baste recordar algunos de
los puntos plasmados en estos documentos:
Hemos agotado todas las
vías legales y jurídicas para la defensa y reconocimiento de nuestras tierras y
territorios y sólo hemos recibido negativas, moratorias, amenazas y represión
por parte del Estado, como es el caso de esta comunidad de Santa María Ostula.
El camino que sigue es continuar ejerciendo nuestro derecho histórico a la
autonomía y libre determinación. Insistimos en que la tierra, que es nuestra
madre, NO SE VENDE, CON LA VIDA SE
DEFIENDE. (Manifiesto de Ostula)
Que de conformidad con
lo que dispone el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) «Sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes», nuestros pueblos tienen, en el marco de sus derechos a la libre determinación y
autonomía, el derecho de organizar su autodefensa del modo que consideren
conveniente en tanto no atente contra el respeto de los derechos humanos;
por lo que la creación, en el marco de nuestra cultura y organización
tradicional, de policías comunitarias, guardias comunales u otras formas
organizativas comunales para la
autodefensa indígena, son legales, legítimas y, sobre todo, necesarias frente a
la profunda corrupción y descomposición de las instancias encargadas de
impartir justicia. (Pronunciamiento sobre el derecho a la autodefensa
indígena).
Repartir tierras ya bien
entrado el siglo XXI, no sólo es visto por el poder estatal como algo anticuado
sino como algo obsoleto; en este sentido defender la tierra comunal se ha
vuelto una de las mayores consignas de los habitantes de la comunidad y hasta
ahora constituye un mecanismo concreto para fortalecer, por un lado la
producción agrícola y por el otro, la cohesión de la propia comunidad. Por ello
se han librado fuertes batallas, porque trabajar la tierra cumple –de facto–
las expectativas de autosuficiencia, autonomía, recomposición del tejido social
y la reconstrucción de una identidad campesina e indígena.
Repartir la tierra
Nicolás, el presidente del Comisariado de Bienes Comunales
de Ostula, comenta que es fundamental «valorar
la lucha que se dio en 2009 y la que ahora se está dando, sobre todo porque lo
de ahora es la continuidad de aquel tiempo». Una vez concluidos los
trabajos de este primer reparto, él , como autoridad agraria nos explica lo
sucedido en este día tan significativo para Xayakalan y para el resto de los
habitantes de las encargaturas de la comunidad: «Hoy beneficiamos a 54 comuneros o familias con un terreno de 100
metros de boca por 200 de altura, o sea, 2 hectáreas. La comunidad, a través de
la asamblea general, decidió que se diera esta cantidad de tierras. Fue en base
a las disposiciones de la ley agraria en su capítulo 99, al convenio 169 de la
OIT (Organización Internacional del Trabajo) y a los usos y costumbres que se decidió el tipo de reparto que se
haría. Las tierras son inalienables, es decir que no pueden venderse,
regalarse, abandonarse o cosas parecidas; son inembargables y también son
imprescriptibles, o sea que nadie puede decir que son suyas aunque hayan pasado
30 o 40 años. Las tierras siempre serán de la comunidad».
No está de más señalar
que el reparto de tierras que llevaron a cabo comuneras y comuneros de Ostula
no pretende recuperar la falsa tradición campesina enarbolada por la clase
política que controla el Estado, por el contrario, uno de los objetivos que
resaltan más es el distanciamiento con esta tradición y un acercamiento a las
historias de la lucha por la tierra que han protagonizado cientos de pueblos y
comunidades indígenas campesinas en todos los rincones del país.
En este sentido el
reparto de la tierra comunal, significa la posibilidad de consolidar un
equilibrio entre el desarrollo personal y familiar y el trabajo colectivo, ya
que existe una identidad campesina que es también un común denominador entre
las y los beneficiados. «Al fin de
cuentas uno puede sembrar lo que quiera, porque nadie va a venir a decirnos que
no; todo menos drogas. Y si dejo de trabajar la tierra y mi familia no se hace
cargo pues la tengo que devolver a la comunidad» nos explica una muy joven
mujer que recibe sus 2 hectáreas. El trabajo personal y familiar están en la
misma balanza y al mismo nivel que el trabajo colectivo, por eso la
satisfacción es doble al terminar una cosecha: las personas se sienten
valoradas y productivas pero saben, además, cada pedazo de tierra bien
cosechado significa un buen uso de la tierra y eso permite que la comunidad se
fortalecerá en varios ámbitos, por ejemplo, en la autogestión.
Bajo un intenso sol,
asistimos a la entrega simbólica de la mayor parte de las 108 hectáreas
correspondientes a 54 familias o comuneros que fueron beneficiados. Desde muy
temprana hora, una fuerte expectativa crecía entre mujeres y hombres, que
machete en mano, se concentraban poco a poco en la entrada principal de Xayakalan.
Una vez que Carlos González, asesor jurídico de la comunidad, explicó el tipo
propiedad comunal que se tiene actualmente y lo que significaba un reparto de
esta naturaleza. Para él está claro que lanzar una señal de unidad, fuerza y
cohesión es parte del proceso de reconstrucción de lo social y de lo
constructivo que debe ser la lucha.
La edad no era una
cuestión relevante para ser beneficiada o beneficiado, había jovencitos que no
llegaban ni a los 18 y sobre ellos ahora está la responsabilidad de conservar y
cultivar por lo menos 2 hectáreas; sin embargo el rostro de triunfo y de satisfacción
se volvió una característica común. Asistimos a un proceso que tal vez debió de
desarrollarse en los meses posteriores a la recuperación de las tierras en
2009, un momento histórico para la comunidad y una suerte de homenaje a los
comuneros asesinados y desaparecidos.
En una siguiente entrega
abordaremos con detenimiento algunas de las consecuencias de atreverse a
construir autonomía, además de que tocaremos explícitamente algunas de las
dinámicas de vinculación entre gobierno local y crimen organizado que
posibilitaron la violencia y el miedo entre la población originaria y campesina
en Ostula y de la costa michoacana.
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