Por Equipo Indignación
23 abril, 2015
Empresario invade territorio y criminaliza a campesinos
mayas
A través de una demanda de
acción restitutoria, presentada hoy ante el Tribunal Unitario Agrario,
campesinos mayas ejidatarios de Halachó defienden sus tierras, invadidas por el
señor Herbert Zumárraga.
Además del despojo de sus tierras y la afectación de su territorio, los
ejidatarios enfrentan desde hace 5 años un hostigamiento judicial por parte del
señor Zumárraga, quien a raíz de la adquisición de la Quinta San Jerónimo
Kuncheila, se arroga la propiedad de una extensión mucho mayor de hectáreas que
rodean la quinta.
La acción restitutoria pretende obtener una resolución agraria para
enfrentar el despojo de más de 500 hectáreas que ha invadido y cercado el
empresario, y demostrar que se trata de tierras ejidales y comunales y, a fin
de cuentas, parte del territorio que como pueblo maya les corresponde.
Más de 40 campesinos han sido criminalizados, puesto que el señor
Zumárraga ha interpuesto denuncias acusándolos falsamente y sin pruebas de daño
en propiedad ajena y robo (de postes).
Lamentablemente las instancias de procuración y administración de
justicia han permitido que prosperen demandas a pesar de la vaguedad, la falta
de pruebas y lo absurdo de las acusaciones, además de que la mayor parte de los
inculpados tiene más de sesenta años e incluso algunos ya fallecieron.
Efectivamente, dos acusaciones contra más de cuarenta ejidatarios
mayores de edad criminalizan a quienes están siendo despojados de sus tierras e
intentan defenderse. Estas acusaciones han derivado en múltiples perjuicios
para el ejido y para los campesinos mayas, puesto que han enfrentado
detenciones y costos muy altos por cauciones excesivas para poder estar en
libertad, a pesar de no cuentan con recursos puesto que son campesinos que se
dedican a sembrar principalmente la milpa.
La primera acusación penal contra campesinos de Halachó fue presentada
en abril de 2010 por daño en propiedad, supuestamente por haber destruido una
cerca de púas, pero lo absurdo es que procediera a pesar de que se acusa a
personas que fueron señaladas después de interpuesta la denuncia, sin que haya
pruebas o deslinde de la responsabilidad, lo que hace evidente que se acusa
falsamente.
La otra demanda, también del 2010, a la acusación de daño en propiedad
ajena suma la de robo de postes, ahora contra 40 campesinos. Los acusados
niegan absolutamente cualquier participación en esos hechos y, a pesar de que
se les ha acusado sin pruebas, han sido detenidos algunos de ellos. A través de
amparo y de pago de multas están en libertad en este momento, pero permanentemente
amenazados y ahora hay una nueva acusación contra campesinos de Halachó.
Tanto el despojo como la criminalización exhiben incumplimientos del
estado mexicano en el reconocimiento, respeto y la protección eficaz de lo
derechos del pueblo maya. Permitir que acusaciones sin fundamento contra
personas mayores procedan, imponer altas multas exhiben que instancias de
procuración e impartición de justicia contribuyen a criminalizar, discriminan
y, en la práctica, actúan en contra de integrantes del pueblo maya que
defienden su tierra.
A quienes integramos el equipo Indignación nos preocupa que, por
acciones u omisiones, complicidades o impericia, el estado mexicano permita
despojos a las tierras y territorios del pueblo maya.
Las acciones en defensa del territorio tendrían que ser más firmes y
eficaces y conformar una política permanente que evite invasiones, despojos o
especulación de tierras.
De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos
de los pueblos indígenas, los Estados están obligados a establecer mecanismos
eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por
objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos
(Artículo 8).
En el año 2010, campesinos mayas de Halachó observaron que parte de sus
tierras ejidales, alrededor de 500 hectáreas que se encuentran en la periferia
de una pequeña propiedad de ocho hectáreas, conocida como Quinta San Jerónimo
Kuncheilá, en las cuales realizan el trabajo de sus milpas, parcelas de cítricos
y agroforestales estaban siendo invadidas y cercadas con alambre de púas.
Según testimonio de los campesinos, esta quinta denominada San Jerónimo
Kuncheilá, es una pequeña propiedad no mayor de ocho hectáreas, de acuerdo con
documentos muy antiguos. Por esa razón les llamo mucho la atención que ahora el
actual propietario haya abarcado y al
mismo tiempo se esté adjudicando una superficie mayor a las 500 hectáreas.
La acción restitutoria se suma a una estrategia del pueblo de Halachó
para enfrentar estas agresiones. La estrategia incluye también mecanismos para
enfrentar la criminalización y el hostigamiento judicial, así como exigir al
Estado mexicano revertir el sometimiento que muestra ante intereses económicos
que afectan tierras y territorios del pueblo maya.
La semana pasada campesinos mayas de Halachó plantearon a la relatora
sobre derechos de los pueblos indígenas de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, Rosse-Marie Belle Antoine, que estuvo de visita en Yucatán,
el despojo y la criminalización que enfrentan, así como las acciones que han
emprendido. A la relatora se le hizo llegar información adicional sobre este y
otros casos.
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