Estados Unidos: 192 años de intervenciones en América Latina y El Caribe para asegurarse el control regional
Fuente: Miradas al Sur
21-04-2015
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=197858
Las
pretensiones de ocupación por parte de Estados Unidos sobre América latina y el
Caribe para asegurarse el control de los países, sus recursos y sus poblaciones
han seguido cauces legales e ilegales. Las dinámicas de intervención directas e
indirectas han sido denunciadas por organizaciones, gobiernos e incluso
reconocidas por sus propios aparatos de control. La implementación de dichas
estrategias se puede encontrar de forma combinada en los recientes intentos de
desestabilización y de golpe de estado en los países latinoamericanos.
Entre 1789 y 2009 se reconocen 95 intervenciones directas por parte de las
fuerzas armadas de Estados Unidos en América latina y el Caribe. Ya sea con
fines de expansión territorial, mediante la declaración de Guerra
(México-1846), la ocupación neocolonial (Guerra con España/Cuba, Puerto Rico y
Filipinas-1898), el envío de fuerzas militares para “defender a los ciudadanos de EE.UU. y para promover sus intereses”
(invasiones Granada, Panamá), la asesoría ilegal y la formación de
paramilitares y grupos de choque (Chile, Honduras, El Salvador, Nicaragua).
El académico mexicano Pablo González Casanova
informa de 750 intervenciones militares, diplomáticas, políticas y económicas
en ese lapso. El investigador argentino Gregorio Selser documentó 3.000 en las
cuales incluye imposiciones diplomáticas, acusaciones y amenazas públicas por
parte de funcionarios, presencia intimidatoria, intromisiones abusivas de
embajadores, las incursiones armadas “no
autorizadas”, operaciones encubiertas, apoyo a golpes de Estado, civiles o
militares, actos de espionaje y desestabilización contra gobiernos no gratos y
bloqueos económicos.
También mediante la asistencia militar
(ejercicios militares conjuntos, bases militares) y “asistencia a la sociedad civil” (NED), ayuda para el desarrollo
(Usaid), asistencia médica (Medretes) o prevención de desastres
(Emergency Operations Center-EOC y Disaster Relief Warehouse-DRW). El Comando Sur
de EE.UU. reconoce que más de 100 proyectos de EOC y DRW se han completado o
están en marcha en 25 países de América del Sur, América Central y el Caribe.
Dichas estrategias, en un primer momento, fueron implementadas para la mayoría
de los países latinoamericanos pasando por la enmienda Platt, la Doctrina
Monroe, el Gran Garrote (bigstickpolicy), la Política de Buena Vecindad, el
TIAR, la OEA, la doctrina de Seguridad Nacional, la Alianza para el Progreso y
con ello la creación de la CIA o la DEA, entre otras.
Sin embargo, en los últimos años se han
implementado programas intervencionistas de acuerdo a los desafíos específicos
del país o la región a controlar. Esto en sí mismo marca un cambio en la
política intervencionista de Estados Unidos.
En el ámbito militar el Plan Colombia (2000),
la Alianza para la Seguridad de América del Norte (Aspan) (2005), la Iniciativa
Mérida (2008), junto con las iniciativas económicas como ALCA (Acuerdo de Libre
Comercio de las Américas, descarrilado en Mar de Plata 2005), tratados de libre
comercio (Nafta, Cafta, Trans-American Partnership-TAP), iniciativas de
infraestructura continental (Connecting the Americas Initiative 2022,
presentada por Obama y Santos en 2013, que busca la interconexión regional de
los mercados de energía, desde Canadá hasta Chile), nuevos convenios militares
(instalaciones militares en Colombia, Panamá, IZN-Paraguay).
El Departamento de Defensa de EE.UU. reporta
en el informe BRAC 2013 que existen 5.059 instalaciones militares de EE.UU. en
el mundo, de las cuales 18 se encuentran en nuestra región, sin señalar su
localización (además de las 37 instalaciones en Puerto Rico y 6 en Islas
Vírgenes). También reporta financiamiento a ONG (a través de Usaid, con
presupuesto destinado para ALyC. CBJ, Foreign Assistance, Summary Tables), buscan
establecer una política económica y militar que responda a los nuevos desafíos
en la hegemonía mundial en detrimento de la organización latinoamericana y
caribeña.
Otro proceder tiene que ver con operaciones encubiertas con la complicidad de
gobiernos o políticos latinoamericanos como el caso de la operación Fénix
(Sucumbíos 2008) y los llamados golpes blandos/parlamentarios (Honduras,
Paraguay) que han buscado desestabilizar o derrocar gobiernos democráticamente
electos, además de los intentos de desestabilización en el bienio 2014-15, que
alcanzaron (y alcanzan) a Venezuela, Argentina y Brasil, entre otros.
Algunos retos visibles para
América latina
1- En los últimos años se ha avanzado hacia la
consolidación de organismos regionales creados para hacer frente a los nuevos
retos latinoamericanos: Unasur, ALBA-TCP, Petrocaribe, Banco del Sur. Aunque
los avances no dejan de ser complejos, el posicionamiento de Unasur como un
órgano que facilite la solución de conflictos entre países de la región, sin
intervención de EE.UU., se hace cada vez más importante.
2- Fortalecer los procesos de transformación
institucional que no dependan de un actor o un partido, sino que sean procesos
construidos y defendidos por los distintos sectores de la población, generando
amplios consensos que promuevan el diálogo y recuperen las distintas visiones
de mundo evitando que una sola domine a las demás.
3- Reconocer las dificultades y los retos que
enfrentan los gobiernos latinoamericanos recuperando las demandas de
comunidades indígenas, campesinas y urbanas.
4- La apuesta por construir otra forma de
desarrollo, que no implique continuar las políticas extractivistas o que
favorezcan al capital transnacional en detrimento de las poblaciones y sus
territorios.
5- Frenar el avance de los partidos
conservadores/oligárquicos que ganan posiciones en el Congreso y en las
ciudades principales (Quito-2013, Alcaldía Mayor de Caracas-2013, Buenos Aires,
La Paz-2015,) y que junto con los medios de comunicación privados promueven la
desinformación y la desestabilización.
6- Eliminar o delimitar los acuerdos de
asistencia militar con los Estados Unidos que van en detrimento de la soberanía
y los intereses latinoamericanos (Colombia, Paraguay, Costa Rica, Panamá,
Honduras).
7- Avanzar y consolidar los procesos
democráticos sin dejar de lado la construcción de alternativas desde las
organizaciones y movimientos sociales (Vía campesina, MST, EZLN)
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