Por Cristóbal León
Campos
27 abril, 2015
Sietes meses se han cumplido de la desaparición de 43 estudiantes de la
Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en
Ayotzinapa, Guerrero, y del artero asesinato de 6 personas (3 estudiantes
normalistas). Hasta la fecha el Estado no ha proporcionado más que diferentes
mentiras, ha pretendido montar diferentes escenarios con el fin de engañar a la
sociedad y distraer la atención del hecho fundamental: LA DESAPARICIÓN DE LOS
ESTUDIANTES NORMALISTAS ES UN CRIMEN DE ESTADO.
Las historias casi fantásticas con que el gobierno ha intentado cubrir
su responsabilidad, se han acompañado en todo momento con el incremento de la
violencia represiva, el hostigamiento y persecución de quienes no aceptan
quedarse sentados esperando que la justicia se establezca por mandato divino.
Los padres de familia, el magisterio disidente organizado en la CETEG, la
sociedad civil guerrerense y millones de mexicanos y ciudadanos del mundo, han
mantenido vigente el reclamo y exigencia de la pronta aparición con vida de los
estudiantes normalistas. Siete largos meses transcurridos y aún se ve lejos la
posibilidad de establecer la justicia, en un claro caso más de impunidad por
parte del Estado mexicano, en el que se encubre la verdad y se protege a los
culpables materiales e intelectuales cerrando el pacto entre el gobierno y el
crimen organizado.
El estado de Guerrero está marcado de forma particular por la violencia
represiva de los gobernantes, en las décadas de 1960 y 1970 la guerra sucia
desapareció a centenares de personas cuyo destino difícilmente se logre saber
con certeza. En 1995 fueron masacrados campesinos desarmados en Aguas Blancas y
en 1998 tuvo lugar un hecho similar en el Charco. En las últimas fechas
recordemos que el 12 de diciembre de 2011, fueron asesinados dos normalistas de
Ayotzinapa, por parte de elementos de la Policía Ministerial en Chilpancingo,
todo esto junto a un sinnúmero de casos de ejecuciones y de desapariciones
forzadas. Estos casos son ejemplo del carácter estructural de la violencia de
Estado. En Guerrero la presencia del ejército en las comunidades rurales e
indígenas es común y forma parte de la vida cotidiana, representa claramente la
impunidad en que se siguen reproduciendo diversas formas de violencia como el
racismo y la transgresión sistemática de los más elementales derechos humanos,
la existencia de cacicazgos es otro ejemplo de la complicidad entre gobierno y
crimen organizado.
La historia de la Escuela Normal de Ayotzinapa se inscribe en la
historia de lucha de las Escuelas Normales Rurales, que si bien fueron creadas
como parte de la política de Estado, los años posrevolucionarios trajeron poco
a poco enormes contradicciones entre su existencia y su supervivencia, pues las
políticas educativas fueron alejándose cada vez más de su origen social, para
dar paso a la actual realidad neoliberal. El proyecto educativo ruralista se ha
visto amenazado desde décadas atrás, con el fin de diversos programas, el
cierre de muchas Escuelas Normales y la tensión agudizada con el modelo
político que privilegia la ganancia en detrimento de la comunidad y los
aspectos sociales.
Después de casi cien años de que fueron creadas las Escuelas Normales Rurales,
nuestro país cambió de un modelo de Estado de bienestar, a un Estado controlado
con por poderes fácticos, el narcotráfico y la violencia organizada. Se pasó de
la defensa de la soberanía nacional a la entrega de los recursos naturales a
los monopolios transnacionales. Se transitó de la reforma a la contrarreforma
agraria y demás reformas estructurales que van sepultando toda herencia de la
Revolución de 1910. La agresión a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa es
una paradoja, pues las Escuelas Normales Rurales fueron creadas precisamente
para defender lo que representan y ahora son criminalizadas. Ayotzinapa
representa la organización colectiva, el autogobierno y la lucha campesina. Los
valores eminentemente sociales son los que se persiguen por el Estado y es
Ayotzinapa un ejemplo de ellos, cuyo origen se encuentra en los ideales del
socialismo mexicano.
La rabia que en estas fechas siente el pueblo de Guerrero es compartida
por millones de mexicanos, que han sufrido en diferentes formas la explotación,
marginación y represión que el modelo económico impone. Su rabia es digna pues
es la que siente todo aquel que ve sus derechos pisoteados, y que sin embrago,
no desiste, no se entrega y no permite que pasen sobre su dignidad. Ayotzinapa
es ejemplo de resistencia. El no aceptar que se efectúen las elecciones no es
más que reflejo de esa rabia acumulada. La farsa que significan las campañas
políticas, las promesas y el despilfarro de recursos públicos, no puede dar ni
dará solución al dolor de un pueblo que ha visto ser asesinados y desaparecidos
sus hijos, hermanos y amigos. Votar o no votar no es una disyuntiva para quien
ha perdido todo. La disyuntiva es como dar cauce a esa rabia de forma
organizada y colectiva.
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