GOBIERNO MEXICANO “PREPARA UNA SALIDA MILITAR” FRENTE AL CASO AYOTZINAPA (denuncia CDH Tlachinollan)
13 diciembre, 2014
Chilpancingo,
Guerrero. Vidulfo Rosales Sierra, integrante del Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, alerta que el gobierno mexicano prepara una salida de
tipo militar frente a la crisis política que enfrenta a raíz de los hechos de
septiembre pasado, en Iguala, y en los que servidores públicos asesinaron a
tres alumnos de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de
Ayotzinapa, y desaparecieron a 43.
“Lo que
estamos observando hoy es la preparación del escenario de una salida militar.
Una salida sumamente sangrienta y violenta”, dice en entrevista con Contralínea.
La declaración del abogado
tiene su origen en la campaña de “descalificación”
y “desprestigio”, desplegada desde
las esferas del poder público en contra de quienes se han solidarizado con las
demandas de justicia y presentación con vida de los estudiantes normalistas.
Dicha campaña alcanzó su clímax
el pasado 10 de diciembre, cuando Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de
Marina, acusó que los padres de familia de los jóvenes desaparecidos
forzadamente están siendo “manipulados”
por “grupos” y personas quienes “lucran” con su dolor para alcanzar
objetivos individuales o de grupo.
Dos días antes, habían
iniciado formalmente los señalamientos públicos en contra de defensores de
derechos humanos y activistas de Guerreo, solidarizados con la causa de
Ayotzinapa. Sin especificar el origen de la información, Reporte Índigo
reveló que personajes como Vidulfo Rosales Sierra y Abel Barrera, integrantes
del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, están en la mira del
Centro de Investigación y Seguridad Nacional por ser considerados “peligrosos para la gobernabilidad”.
Además, por sus presuntos
vínculos con grupos “subversivos”
como el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, la Organización del
Pueblo Indígena Mepha’a, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y
los campesinos ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán.
Al respecto Rosales Sierra,
representante legal de los familiares de los normalistas
detenidos-desaparecidos, señala: “Yo creo
que puede haber una intervención militar y eso le daría un sentido diferente a
la institucionalidad. Habría un quiebre de las instituciones en México, si es
que toman el liderazgo las fuerzas armadas para resolver esta crisis”.
Y agrega: “A nosotros, como defensores de derechos humanos, nos parece muy
riesgoso que hoy asuman posturas políticas las fuerzas armadas y que pretendan
trazar una línea de cómo debe resolverse la crisis que ocasionaron los hechos
de Iguala”.
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