Familiares de un presunto miembro del EPR ejecutado en la región de Tepetixtla, (Foto Ludovic
Desaparecido
En los
años setenta, este término significaba secuestrado, torturado, desmembrado… una
táctica que servía tanto para deshacerse de activistas estorbosos, pero sobre
todo, para aterrorizar a aquellos que se oponían a los regímenes autoritarios y
anticomunistas que ostentaban el poder en América Latina. Los encargados en «desaparecer» a los opositores políticos
eran llamados en ese tiempo paramilitares y se trataba de tropas irregulares
entrenadas en los Estados Unidos o por agentes de la CIA.
Levantado
Hoy,
en cambio, el término «levantado» ya no tiene la connotación política de
entonces, se usa para describir un secuestro, un levantón que por lo general va acompañado
de tortura y el desmembramiento de la persona. Como es fácil comprender, se
trata de exactamente la misma cosa. Pero la gran diferencia es que hoy en día
los «levantados» no tienen nada que
ver con la política, puede ser cualquier persona: empresarios, turistas, chicas
jóvenes, bebés… Desde hace diez años se han producido en el país cerca de 30
mil «levantones», según fuentes
oficiales, pero algunas fuentes multiplican esa cifra por cinco ¡o incluso
diez! Recordemos que la dictadura militar de Argentina «desapareció» a cerca de 25 mil personas. Esta cifra ya
ha sido rebasada por la cantidad aceptada por el propio Estado mexicano,
que por otro lado es ¡hasta doce veces menor que las estimaciones más
pesimistas presentadas por activistas y defensores de derechos humanos! [2]
Es decir, en el mejor de los casos, la situación en México es tan dramática
como lo fue en la peor dictadura de América latina, Argentina, donde 25,000
personas fueron desaparecidas. Sin embargo, si aceptamos las cifras más
alarmistas, podríamos imaginar que en los últimos diez años han desparecido
hasta 300 mil personas que han sido enterradas en fosas comunes en
México. Hoy en día, los que se dedican a «levantar»
ya no son llamados «paramilitares»,
sino «narcos», muchos de ellos han
sido entrenados por el Ejército y la policía de México, algunos de ellos han
sido formados directamente en Estados Unidos o por agentes de los servicios
especiales estadounidenses [3].
El caso Ayotzinapa es particular porque en él encontramos los dos
componentes, pero además porque esta escuela tiene una historia muy destacada y
memorable, pues en ella estudió el guerrillero Lucio Cabañas, ¡el Che Guevara
mexicano!
La guerra sucia
Volvamos
a los años sesenta. En ese momento, el país vivía bajo la «dictadura perfecta», la «dictablanda»
del autoritario Partido Revolucionario Institucional. El estado de Guerrero
enfrentaba diversos conflictos políticos. Los «cívicos» liderados, entre otros, por el profesor Genaro Vázquez,
pugnaban por mayor democracia y lograron que fuera destituido el gobernador en
turno, cuando en 1960 su policía disparó contra la multitud en Chilpancingo.
Las elecciones siguientes llevaron al poder estatal a un nuevo gobernador quien
en 1962 ordenó de nuevo disparar contra la multitud reunida en Iguala en un
mitin electoral de oposición. Genaro Vázquez fue encarcelado, pero logró
escapar y pasó a la clandestinidad.
Años después, en 1967, matones a sueldo pagados por los terratenientes
(quienes al mismo tiempo eran líderes del partido en el poder) ordenaron
disparar contra «copreros»
–productores de coco– reunidos en Acapulco; agradable puerto que se presentaba
como símbolo de la modernidad, del progreso, de la sociedad de consumo y, en
ocasiones, de la democracia. Ese mismo año, no muy lejos de ahí, en Atoyac, la
policía disparó una vez más contra la multitud que se manifestaba contra la
discriminación de los más pobres en la escuela de dicha ciudad, lo que provocó
la radicalización de algunos participantes, entre los que se encontraba un
maestro rural que decidió tomar las armas contra el Estado. Ese maestro rural
se llamaba Lucio Cabañas y se había formado en la Escuela Normal Rural de
Ayotzinapa. Su movimiento guerrillero, que disponía de una fuerte base social,
hizo estremecer al gobierno.
Durante la lucha que siguió para derrotar a la guerrilla enclavada en el
estado de Guerrero, comandada por Lucio Cabañas, las autoridades mexicanas
utilizaron una de las técnicas que ya había sido aplicada por el coronel
Bigeard y sus secuaces durante la guerra de Argelia, y que había demostrado su
eficacia para luchar contra los movimientos subversivos: la desaparición
forzada. Con ella se trataba de eliminar al mayor número de personas, fueran o
no guerrilleros, para silenciar las voces que se alzaban contra la omnipotencia
del partido y en particular contra las desigualdades sociales.
Esta guerra contra la insurgencia en México se conoció como la Guerra Sucia. Durante el
período que cubre de 1967 a 1982, sólo en la región de Atoyac fueron «desaparecidas» cerca de 600 personas,
de un total de 2 mil en todo el país. Muy pocos cuerpos han sido encontrados
hasta hoy. En los primeros años de la década del 2000 se trató, muy tibiamente,
de juzgar a los responsables de aquellos hechos, pero la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos –inaugurada con bombos y platillos por el
presidente Vicente Fox– no logró condenar a ningún responsable, a pesar de que
muchos estaban perfectamente identificados. La fiscalía desapareció sin dejar huella
alguna, de la misma manera que desaparecieron los jóvenes que se suponía iba a
rehabilitar.
Lo único que se rehabilitó fue la impunidad: «¿Por qué preocuparse? –seguramente pensaron los aprendices de
torturadores de los años 2000– nadie ha
hecho justicia por los actos cometidos antes ¡Démonos gusto entonces! ¡Nunca
nadie nos juzgará!».
Nuevas ejecuciones en los años 90
A
mediados de los años ochenta, la amenaza comunista había desaparecido y la
calma había regresado por fin. Por un tiempo se detuvieron los ataques contra
la población local, pero los acontecimientos de 1994 revivieron recuerdos: El
EZLN se levantó en Chiapas, y en Guerrero los campesinos se agruparon en
una organización con reivindicaciones sociales y ecológicas, la OCSS [4]. El 28 de junio 1995, 17 campesinos fueron ejecutados por la policía de
Guerrero, la tristemente famosa «Motorizada»,
en un sitio cercano a la ciudad de Coyuca de Benítez, en el lugar llamado Aguas
Blancas. La policía no dudó en «sembrar»
armas entre los cuerpos de los campesinos asesinados, a fin de hacer creer que
había habido una confrontación.
Un año más tarde, un nuevo grupo guerrillero, el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) [5], hizo su aparición en la región, jurando
vengar a las víctimas de la masacre. Desde 1988 (fecha del fraude electoral
contra Cuauhtémoc Cárdenas) hasta el año 2003, se registraron en Guerrero más
de 500 asesinatos y desapariciones por motivos políticos, la mayoría de las
víctimas eran miembros del PRD (por entonces el partido de oposición), de la
OCSS, presuntos miembros del EPR y de otros grupos armados que operaban en la
región. A este triste panorama hay que añadir decenas de presos políticos y
exiliados.
La narco-violencia
Desde
mediados de los años 2000, la violencia provocada por el narcotráfico aumentó
en intensidad: cabezas cortadas, cuerpos desmembrados, torturas, desapariciones
en masa… la misma historia otra vez… pero ahora cualquier persona está expuesta
a ser «levantada», del más rico al
más pobre y por cualquier razón, por una mirada fuera de lugar, por un chisme…
la violencia se ha extendido a todos los estratos de la sociedad, de cierto
modo se ha democratizado… y Acapulco, la capital económica del estado, se ha
convertido en una de las ciudades más violentas del mundo.
Es interesante subrayar la detención de uno de los líderes del Cártel
Independiente de Acapulco, una célula de sangrientos asesinos. El delincuente
se llamaba Tarín, era el hijo de uno de los hermanos Tarín, los asesinos
infames que trabajaron en los años setenta con el mayor Acosta Chaparro y cuya
misión era torturar y «eliminar» los
opositores al régimen. En los años setenta fueron encontrados 247 cráneos en lo
que son los cimientos del hotel Mayan Palace de Acapulco… activistas,
delincuentes incómodos… y gente como usted o como yo, que sólo iban pasando por
ahí.
Pero ¿por qué Ayotzinapa?
En la
última década, los asesinatos políticos no han cesado en Guerrero, su
existencia fue simplemente ocultada por la guerra entre narcotraficantes. Los
activistas locales argumentan que cuando uno de ellos es detenido por la
policía o el ejército, con gran frecuencia es entregado a los sicarios, quienes
los torturan, vuelven el cuerpo irreconocible y lo entierran en fosas clandestinas.
Sólo en el año 2013, unos quince activistas fueron asesinados en la entidad,
sin contar los que fueron encarcelados.
Los jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa molestan, pues reivindican
la herencia revolucionaria de Lucio Cabañas y mucho más, están arraigados a una
comunidad agrícola que ha sido completamente devastada por los tratados de
libre comercio y la producción de drogas. Desde 2011, dos estudiantes de
Ayotzinapa fueron asesinados en Chilpancingo por la policía del estado. Si
añadimos a esto el «mal ejemplo» que
dan las policías comunitarias –quienes con base en un trabajo comunitario y
gratuito han logrado luchar eficazmente contra la delincuencia y sus aliados
escondidos en las policías municipales y estatales– y el aniversario de la masacre
del 2 de octubre de 1968 –a cuya celebración se dirigían los estudiantes– es
fácil pensar que con el ataque a los estudiantes se ha querido mandar un
mensaje, no sólo a los estudiantes de Guerrero, sino a todos los mexicanos.
Sin embargo, ¿de quién podría provenir este mensaje?
Mientras que los medios de comunicación de México no escatimaban elogios
hace unas semanas porque su país enviaría fuerzas de paz, Cascos azules, para
apoyar las intervenciones de la ONU, hoy parece que todo ese ruido mediático
sólo ha servido para ocultar prácticas que, a medio siglo de la Guerra Sucia,
son todavía masivamente utilizadas.
NOTAS.
[1] Escuelas
Normales Rurales: Escuelas rurales fundadas en la época post-revolucionaria,
donde estudian gratuitamente los jóvenes de la región.
[2] De acuerdo con CIDAC, think tank mexicano, la guerra que asola a México
habría causado, entre 2006 y 2012, 300 mil muertos o desaparecidos.
La mayoría de las víctimas son inmigrantes indocumentados procedentes de
América Central.
[3] Los fundadores del grupo de los Zetas eran militares mexicanos
entrenados en la guerra contra la insurgencia por servicios especiales
estadounidenses.
[4] Organización Campesina de la Sierra del Sur, hoy
desmantelada. En 2013, dos de sus ex dirigentes fueron asesinados.
[5] Guerrilla marxista que tiene presencia en los estados
de Guerrero, Oaxaca, Puebla, Morelos y la Ciudad de México. De sus filas han
surgido otros grupos como el ERPI y las FARP.
PARA
SABER MÁS:
Gutiérrez, Maribel (1998) Violencia en Guerrero. La Jornada Ediciones,
México.
Bartra, Armando (1996) Guerrero Bronco. Ediciones Era, México.
Montemayor, Carlos (1997) La Guerra en el Paraíso. Debolsillo, México.
**Historiador
y director de documentales, Ludovic Bonleux trabaja desde 2002 sobre el tema de
la violencia política en el estado de Guerrero. Ha realizado reportajes y
documentales sobre este tema.
***Las
consideraciones y contenidos de este artículo son del autor y no necesariamente
compartimos son compartidos por el Colectivo Editorial, sin embargo nos parece
necesario plantear espacios críticos en donde se debatan ideas y perspectivas
sobre este caso, por lo que consideramos que el artículo aporta elementos al
análisis del contexto guerrerense.
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