Texto
por Elis Monroy y Romeo LopCam
Enrique
Peña Nieto y su gobierno han dejado clara su postura ante el enorme
descontento demostrado en las movilizaciones del 20 de noviembre a partir
de lo ocurrido en Ayotzinapa, no permitirán que las protestas crezcan y
usarán todo el poder del aparato coercitivo del Estado, para criminalizarlas.
La brutal represión que llevaron a cabo los granaderos en contra de la
sociedad civil y las decenas de detenciones injustificadas y arbitrarias que se
llevaron a cabo ese mismo día, se coronaron hoy con el traslado de 11 de los
detenidos (ocho hombres y tres mujeres) a penales de máxima seguridad en
Nayarit y Veracruz. Los cargos que les imputan son motín, asociación delictuosa
y tentativa de homicidio; situación
evidentemente absurda y excesiva, dado que todos ellos fueron apresados en un
operativo en el que miles de personas, sin distinciones, fueron vulneradas en
sus derechos de libre manifestación y expresión.
El día 22 de noviembre, se llevó a cabo una marcha para exigir la
liberación de las tres detenidas y los ocho detenidos. Los contingentes se
dieron cita a las 14:00 horas en el Ángel de la Independencia, y avanzaron por
Av. Reforma hasta las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación
de Delincuencia Organizada (SEIDO), ubicadas en la esquina de Reforma y Violeta.
Las detenidas son:
Tania Ivonne Damián Rojas de 21
años, estudiante de Sociología en la FCPyS de la Universidad Nacional Autónoma
de México;
Liliana Garduño Ortega de 30
años, quien es madre soltera; y
Hillary Analí González Olguín de 22
años, estudiante de Sociología en la FCPyS de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Los
detenidos son:
Luis Carlos Pichardo Moreno, de 45
años, trabajador;
Francisco García Martínez;
Juan Daniel López Ávila, de 18
años, perteneciente al frente Popular Francisco Villa Independiente (FPFVI);
Atzin Andrade González, de 29
años, estudiante de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, «La
Esmeralda»;
Roberto César Jasso del Ángel, de 20
años, estudiante;
Laurence Maxwell (chileno),
de 47 años, estudiante de posgrado de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México;
Isaac Domínguez Ayala, quien
primero se identificó como Ramón Domínguez Patlán; y
Hugo Bautista Hernández de 22
años, estudiante de Sociología en la FCPyS de la Universidad Nacional
Autónoma de México.
Estudiantes y abogados que se encuentran en
manifestación fuera de las instalaciones de la SEIDO afirman que 11 de los 15 detenidos
que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República
(PGR) ya fueron consignados por el Ministerio Público y enviados a los Centros
Federales de Readaptación Social (Cefereso) de Veracruz y Nayarit, considerados
de máxima seguridad.
Los jóvenes permanecieron en la sede de la
SEIDO y no pudieron tener acceso a otro abogado más que al defensor de
oficio, denunciaron sus familiares.
Inicialmente las autoridades les imputaron los delitos de delincuencia organizada, motín, terrorismo y tentativa de
homicidio, de los más graves contemplados en las leyes mexicanas.
Posteriormente les quitaron los cargos de delincuencia
organizada (que cambiaron por asociación
delictuosa) y terrorismo, según
el abogado Alejandro Jiménez, quien sostuvo una reunión con el Ministerio
Público encargado de la averiguación previa.
Situación jurídica de lxs detenidxs del #20NovMX
Video de Agencia SubVersiones
Publicado
el 22/11/2014
Contrasta mucho la forma
expedita y contundente con que actuó el sistema de justicia mexicano en esta
ocasión, con la lentitud observada en el caso del ex presidente municipal de Iguala,
Guerrero, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes a
pesar de haber existido testimonios que los vinculaban al crimen organizado y
con el asesinato de opositores a su administración desde hace más de un año,
continuaron gobernando dicho municipio hasta que se suscitó la desaparición de
los 43 normalistas de la Normal Rural de Ayotzinapa.
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