noviembre 27 de 2014
Ciudad
de México, 27 de noviembre (SinEmbargo).– Los 11 manifestantes detenidos el
pasado 20 de noviembre en la marcha por los 43 normalistas “corren peligro de ser sometidos a un proceso judicial injusto”,
denunció hoy Amnistía Internacional.
La Procuraduría General de la República (PGR) los acusa de
homicidio en grado de tentativa, asociación delictiva y motín y no les permite
la libertad bajo fianza.
A través de un comunicado, la organización defensora de los
derechos humanos pidió que la gente escriba cartas al Presidente de México,
Enrique Peña Nieto y al Procurador General de la República, Jesús Murillo
Karam, entre otros, antes del 6 de enero de 2015 para exigir que se investigue
una “presunta detención arbitraria y
malos tratos”.
“Escriban
inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma: instando a
las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva e inmediata sobre
la presunta detención arbitraria y malos tratos de los 11 manifestantes [...] instando a las autoridades a proporcionar a
todos los detenidos atención médica adecuada; pidiéndoles que garanticen
el proceso debido a todos los detenidos, lo cual incluye un contacto razonable
con abogados y familiares, y un juicio justo”, manifestó la organización en
un comunicado.
El 20 de noviembre se llevó a cabo una manifestación
multitudinaria pacífica por la desaparición de 43 estudiantes y un grupo de
personas al final arrebató vallas del Palacio Nacional, la sede presidencial, y
arrojó cócteles molotov a la policía. Sin embargo, los detenidos, acusados de
participar en agresiones contra la policía, niegan haber realizado actos
violentos.
“Todos ellos han
denunciado haber sufrido malos tratos y han sido trasladados a prisiones de
alta seguridad, en lugares muy apartados, que limitan seriamente sus
posibilidades de ponerse en contacto con sus abogados y familiares”, denunció Amnistía.
Los detenidos, que fueron enviados a cárceles en el estado
de Veracruz y de Nayarit, están a la espera de que la justicia determine el
sábado si hay elementos suficientes para someterlos a proceso.
Las organizaciones que representan legalmente a los 11
detenidos denunciaron que la acusación de la PGR se centra en que los
manifestantes se llamaban a sí mismos “compa”
y “compañeros”, y en los gritos
tales como ‘muera Peña’, ‘muera el PRI’ y ‘mueran las instituciones’.
Los 11 detenidos, entre ellos tres mujeres y ocho hombres,
formaban parte de los miles de personas que se manifestaron el 20 de noviembre
para exigir una respuesta oficial urgente y efectiva en el caso Ayotzinapa.
Amnistía Internacional dijo que la mayoría de las
manifestaciones que se celebraron en la Ciudad de México el 20 de noviembre
fueron pacíficas.
“En muy pocos casos se
informó de disturbios y actos de violencia contra policías. Como respuesta,
parece ser que los policías utilizaron fuerza desproporcionada contra los
manifestantes, y recurrieron a las detenciones arbitrarias y los malos tratos
bajo custodia, en un aparente intento de castigar a los manifestantes y
disuadir a otras personas de participar en manifestaciones futuras”.
También dio cuenta de casos anteriores en los que la policía
realiza detenciones arbitrarias durante las manifestaciones.
“El 1 de diciembre de
2012 y el 2 de octubre de 2013, varios manifestantes fueron detenidos
arbitrariamente y acusados de delitos graves. La mayoría fueron juzgados y
absueltos meses después. Algunos sufrieron tortura u otras formas de malos
tratos durante su arresto o mientras estuvieron bajo custodia. Aunque los casos
se documentaron adecuadamente, nadie ha rendido cuentas por estas violaciones
de derechos humanos”.
La organización denunció que varias entidades del país han
adoptado o intentado adoptar recientemente leyes sobre el uso de la fuerza por
parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley durante las
manifestaciones. “Estas modificaciones
son en su mayoría contrarias a las normas internacionales de derechos humanos y
suponen una amenaza para la libertad de asociación y de expresión”.
Las declaraciones realizadas recientemente por el Presidente
Peña Nieto y otros altos cargos, continúa el reporte de la organización,
transmiten a los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley de todo el país un inquietante mensaje que podría indicar
que el uso desproporcionado de la fuerza
y otras violaciones de derechos humanos son aceptables al tratar con manifestantes.
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