Bryan Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López, detenidos
arbitrariamente por federales. Foto: Tomada de Facebook
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24 de noviembre de 2014
MÉXICO, D.F. (apro).- Dos horas después de ingresar al Ministerio
Público de la delegación Venustiano Carranza el pasado 15 de noviembre, Bryan
Reyes Rodríguez y Jacqueline Santana López se enteraron que estaban acusados de
amenazar con cuchillos de cocina a una policía federal y robarle 500 pesos,
cuando ésta se encontraba con dos colegas.
Apenas 20 horas después de su ingreso al MP,
Bryan fue llevado al Reclusorio Varonil Norte y Jacqueline al Femenil de Santa
Martha. Ahora esperan que un juez analice su caso y resuelva en consecuencia.
Las declaraciones que realizaron ambos jóvenes
por separado ante el MP –sin haber podido platicar después de su detención–,
coinciden en una versión de los hechos muy diferente a la que ofrecieron los
uniformados:
Pasadas las 02:30 de la tarde del sábado, Bryan,
Jacqueline y su amigo Ulises Chávez Trejo salieron de la casa del primero rumbo
al mercado de La Merced para comprar comida. En el cruce de las avenidas
Francisco del Paso y Troncoso y Fray Servando Teresa de Mier, un grupo de 15
personas vestidas de civil los sometieron.
Ulises logró escapar, pero a Bryan lo forzaron a
subirse a un automóvil Chevy con vidrios polarizados. Jacqueline fue subida a
un taxi modelo Tsuru. Él gritó: “¡Soy
Bryan Reyes, me están secuestrando!”, antes de desaparecer en el auto.
Un elemento de la Policía Preventiva del
Distrito Federal escuchó el llamado de auxilio y arrancó su camioneta. Rebasó
al Tsuru y al Chevy y ordenó a los conductores detenerse. Ellos se
identificaron como policías federales. Entonces la patrulla se fue.
“Terrorismo de Estado”
Jorge Miranda, abogado de Bryan, aseveró hoy que, al subir los jóvenes a
autos de civiles, los policías –sin uniforme–, estaban realizando una
desaparición forzada, pero vieron sus planes frustrados por la intervención del
agente del DF.
En consecuencia, “fabricaron el delito de robo” que, además resultó “absurdo”, según el abogado. Preguntó:
¿a quién se le podía ocurrir asaltar con cuchillos a tres policías a las dos de
la tarde en una calle con mucho tránsito y en frente de la delegación
Venustiano Carranza, con el fin de robarles 500 pesos?
La detención “arbitraria”
y sin orden de aprehensión de los dos jóvenes “no es otra cosa que terrorismo de Estado”, denunció.
En conferencia de prensa, los defensores y
familiares de los jóvenes detenidos denunciaron las irregularidades que
mancharon el proceso de averiguación previa y la posterior decisión de
dictaminar un auto de formal prisión a los dos jóvenes el pasado 22 de
noviembre.
Primero, destacaron el hecho de que los
uniformados no forman parte de cualquier cuerpo de la Policía Federal, sino de
la Dirección General de Operaciones e Infiltración de la Coordinación de
Operaciones Encubiertas, perteneciente a la Comisión Nacional de Seguridad.
Además, Bryan es uno de los jóvenes que fueron
detenidos el 1 de diciembre de 2012, a raíz de las protestas contra el regreso
del PRI en el poder.
El MP consignó “de forma exprés” a los dos jóvenes. La defensa aún tenía 28 horas
para presentar pruebas que contradecían la versión de la policía, ya que el
término constitucional es de 48 horas, aseveró Sergio Soto, abogado de
Jacqueline.
Durante las 20 horas Bryan y Jacqueline
estuvieron en el MP, sus abogados realizaron la tarea que, en teoría, le
corresponde a la policía: Solicitaron a la Secretaría de Seguridad Pública del
DF los videos de las tres cámaras de vigilancia ubicadas en la zona, que forman
parte del sistema de seguridad C-2 y C-4 del gobierno capitalino.
Según los abogados, los videos que consiguieron
se adecuan a la versión de los jóvenes: En ellos aparecen el Chevy seguido del
taxi Tsuru. Luego los alcanza la camioneta del policía local que los detiene,
pero enseguida se va.
Los defensores se trasladaron a la zona donde
ocurrieron las detenciones. En la jerga judicial, esto se denomina “inspección ministerial”, pero en este
caso las autoridades no la realizaron. Ahí, los abogados entrevistaron a los
comerciantes y vecinos, quienes confirmaron una vez más la historia de los
jóvenes.
El MP también omitió realizar las pruebas de
huellas dactilares sobre los supuestos objetos del delito: los cuchillos y el
billete de 500 pesos, para ver si eran las de Bryan y Jacqueline. La prueba de
dactiloscopía “es obligación del MP”,
recordó Soto.
Más: El Ministerio Público no solicitó a la
Policía Federal información sobre la adscripción de los tres uniformados ese
día ni tampoco sus funciones específicas.
Varios indicios podrían haber motivado al MP a
preguntar a la Policía Federal si los agentes hacían un operativo contra Bryan
y su novia: los antecedentes de Bryan por las manifestaciones del 1DMX y el
hecho que ese mismo día –aproximadamente a la misma hora– un policía disparó su
arma en Ciudad Universitaria después de sacar fotografías a los estudiantes del
auditorio Justo Sierra, mejor conocido como “Che
Guevara”. Pero, de nuevo, el MP no lo hizo.
Declaraciones idénticas
En sus declaraciones ante el MP, los tres policías aseguraron que
patrullaban en la zona para realizar acciones de prevención. Estas tareas,
subrayó Soto, recaen en las atribuciones de la policía del DF.
Y no sólo eso: Según el abogado, las declaraciones
de los tres agentes son absolutamente idénticas y, en algunos momentos,
aberrantes.
Por ejemplo, leyó un extracto de la declaración
de Luis Alberto Castillo Rodillo en la que supuestamente explicó al MP que se
encontraba “con Lidia Zárate Herrera y
Luis Alberto Castillo Rodillo”, es decir, él mismo.
“En materia penal, se presume que los testimonios que utilizan términos
idénticos carecen de validez, pero el juez les dio valor probatoria”, lamentó Soto.
En ninguna parte de las declaraciones de los
policías se hace mención de Ulises Chávez, quien vive recluido en su casa desde
el 15 de noviembre, ya que según sus publicaciones en las redes sociales, al
asomarse de su ventana puede ver a personas vestidas de civiles haciendo
guardias en las cercanías de su vivienda.
A pesar de todo lo anterior, el juez 39 del
Distrito Federal dictaminó el auto de formal prisión el pasado 22 de noviembre
contra Bryan y Jacqueline, y dado el carácter federal del delito, se declaró
incompetente por razón de fuero.
En los próximos días se dará a conocer el
Juzgado en el que se llevará a cabo el juicio contra la pareja, informó Soto a Apro.
El juez federal deberá estudiar de nuevo todos
los materiales que sirvieron para inculpar a los dos jóvenes y podrá analizar
las pruebas que recogió la defensa.
María del Carmen Rodríguez, madre de Bryan, se
indignó que el juez del DF “se brincó las
pruebas que se le presentó”. Entonces estalló: “Alguien con un dedito de inteligencia se da cuenta del montaje tan
tonto que ni siquiera supieron hacer”.
Recordó que tanto Bryan como Jacqueline “son luchadores sociales” pacifistas,
que tocan en los cafés y venden hamburguesas vegetarianas como forma de
ingresar dinero a sus hogares. Agregó que han participado en los movimientos
para la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos de
Ayotzinapa.
Y advirtió: “Algún
día van a salir de este lugar y van a seguir luchando”.
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