La Voz del Anáhuac
El martes 25 de noviembre, a las 4 de la
tarde, saldremos en marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, demandando
la libertad inmediata e incondicional de lxs compañerxs presxs políticos,
detenidoxs arbitrariamente en el Zócalo y sus inmediaciones, luego de ser
desalojado violentamente, tras la manifestación del 20 de noviembre.
El
pretexto para desalojar brutalmente el Zócalo, golpeando indiscriminadamente a
mujeres, niños, ancianos y hombres fueron las expresiones de ira popular que explotaron
tras 55 días de cinismo, impunidad, mentiras, complicidades narco-estatales, tortura
psicológica a los familiares, amigos y compañeros de los 43 normalistas de
Ayotzinapa desaparecidos desde el 26 de septiembre y el asesinato de tres
normalistas y tres civiles. Pero no sólo esa rabia que surcó las vallas de
contención con piedras, palos, cocteles molotov y sobre todo mentadas de madre
tienen origen en un largo historial de agravios, prisión política, torturas,
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres, crímenes de estado
perpetrados a lo largo de, para no ir más lejos, en los últimos 50 años:
Tlatelolco, 10 de junio, “guerra sucia”,
Aguas Blancas, Acteal, El Charco, El Bosque, Guardería ABC, feminicidios en
Ciudad Juárez, Estado de México y un largo etcétera transcurridos durante todo
este tiempo bajo gobiernos priístas, pero también panistas y perredistas. Todos
estos agravios acumulados hacen estallar el hartazgo.
Ahora
el estado pretende lavar sus manos manchadas de sangre pretendiendo hacer creer
que toda la responsabilidad de la masacre de Iguala es del grupo criminal
Guerreros Unidos y el contubernio del presidente municipal de Iguala, cuando es
una realidad a ojos vista que en todo el territorio nacional estamos sometidos
a un gobierno que por décadas ha tejido una truculenta red de complicidades y
compromisos con el narcotráfico, hasta llegar a una relación de mutua
dependencia, una simbiosis, entre el estado en todos sus niveles (municipales,
estatales, federal, mandos policíacos y militares, instituciones judiciales, partidos
políticos, medios de comunicación, clero, etc.) y los grupos criminales. Lavado
de dinero, impunidad, protección, puestos clave en el aparato estatal, financiamiento
de campañas electorales, paramilitarismo, ajustes de cuentas, asesinato de
periodistas incómodos para ambos, giros negros, trata de mujeres, extorsiones, son
algunas de las prácticas cotidianas de esta perversa simbiosis.
El caso
de Abarca es sólo un botón de muestra. Antes que todo esto se evidenciara a
raíz de la masacre de Iguala en Guerrero, ya había un antecedente desde 1995,
cuando en los municipios de la Montaña y la Costa Chica se organizaron las
Policías Comunitarias para combatir a los grupos criminales ante la
ineficiencia y complicidad del estado. Otro tanto se evidenció en Michoacán,
fue justamente esto lo que motivó la sublevación armada protagonizada por las
autodefensas. Fue precisamente la connivencia estado-crimen organizado lo que
hizo necesario que el pueblo se armara y tomara en sus manos la defensa de sus
familias, pueblos, tierras, bienes. El resultado quedó a la vista. Cuando el
poder federal intervino fue para someter a su control a las autodefensas,
encarcelando a quienes no se dejaron someter.
Por
eso, ahora, cuando el estado pretende engañarnos, burlarse de nueva cuenta,
explota la indignación.
Y ante
tanta impunidad por los crímenes de estado, parte del movimiento social, los
jóvenes en particular, decididos a luchar por construir un mundo mejor, no
ignoran los riesgos que corren, por eso cubren su rostro, por eso se defienden
de la brutalidad policíaco-militar. “Me
cubro el rostro, porque si no me desaparecen”, “si me agrede el estado tengo derecho a defenderme”, manifiestan.
Anarquistas o no, los jóvenes no están dispuestos a poner la otra mejilla,
tampoco quieren ser el desaparecido número 44, o el enésimo asesinado.
Pero no
sólo los jóvenes están encabronados, la gente común del pueblo, señoras,
trabajadores, vendedores ambulantes, empleados, que a diario viven la miseria,
el despotismo, la humillación están hartos y van perdiendo el miedo.
A la
hora de las detenciones, cualquiera puede caer, haya participado o no en la
protesta, a la hora de presentarlos a un MP, si no hay evidencia alguna, la
siembran. Y si la consigna es aplicar “castigos
ejemplares”, con pruebas sembradas y delitos inventados, consignan a quien
sea, estudiante o no, un trabajador, un ama de casa, un adolescente, cualquiera
es indiciado de terrorismo, de asociación delictuosa, de motín, hasta de homicidio. O como días antes ocurrió con Bryan y Jaqueline: asalto a mano armada a ¡un agente Judicial!
Por eso
ahora, exigir la liberación inmediata e incondicional de todxs lxs presxs políticxs
del 20NovMx no es esperando justicia del estado, no es reivindicando si son
inocentes o no. Ni culpables ni inocentes, simplemente rehenes del estado en
una práctica terrorista para intimidar, para desmovilizar la protesta social.
Sí,
debemos movilizarnos, pero no con la esperanza de que el estado haga justicia y
reconozca que ilegalmente los tiene presos, sino porque sólo la movilización,
la denuncia pública, la presión social, la difusión masiva y, en buena medida,
la solidaridad internacional, obligarán al estado a dar marcha atrás. Puede
parecer increíble, pero acá nos movilizamos decenas, centenas de miles de
gentes y el estado ni nos ve ni nos oye, pero las protestas en otras geografías
sí le preocupan, porque eso afecta sus intereses por las inversiones
extranjeras, sobre todo ahora que, con sus reformas estructurales ha puesto en
subasta los bienes de la nación. ¿Quién va a querer invertir en un país que se
cae en pedazos? ¿Donde los asesinatos, las desapariciones forzadas, los
crímenes de estado son cotidianos? ¿Quién va a invertir en un país en el que está
desnudándose el amasiato estado-crimen organizado? Sólo otros tan o más cínicos
que los que gobiernan este país.
Y,
finalmente, que nadie se espante por una capucha o un vidrio roto. Esa no es la
causa de la represión ni su justificación. Quizá no sea la mejor forma, pero es
una forma de lucha. Y en estos momentos todas las formas de resistencia, de
rebeldía, de autodefensa son válidas. No permitamos que nos siembren la idea de
que toda acción que no se apegue a la legalidad es obra de “infiltrados”. Ya lo
decía Ricardo Flores Magón:
“El
verdadero revolucionario es un ilegal por excelencia. El hombre que ajusta sus
actos a la ley podrá ser, a lo sumo, un buen animal domesticado; pero no un
revolucionario.
La ley
conserva, la revolución renueva. Por lo mismo, si hay que renovar hay que
comenzar por romper la ley.
Pretender
que la revolución sea hecha dentro de la ley, es una locura, es un
contrasentido. La ley es yugo, y el que quiera librarse del yugo tiene que
quebrarlo”.
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