El 19 de octubre del 2014, se cumplieron 13 años del asesinato de la
abogada litigante defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido. El
19 de octubre del 2001 fue encontrada, boca abajo sobre uno de los sillones de
su despacho de la calle Zacatecas 31-A, en la colonia Roma, por uno de los
abogados auxiliares del despacho, Gerardo González. Tenía un disparo en el
muslo izquierdo y otro en la cabeza (Según el último dictamen que sirvió como
prueba para la PGJDF, Digna dispara al sillón para probar el arma, se levanta y
camina hacia el otro sillón, se sienta y con la mano derecha se dispara en el
muslo izquierdo, espera sentada unos minutos, se levanta y regresa al otro
sillón en donde se hinca y se dispara con la mano izquierda en la cabeza del
lado izquierdo); presentaba moretones a la altura del muslo derecho, en el
cuello, la ceja izquierda y el lóbulo derecho; y en el centro de sus labios
había marcas de mordidas. Al lado del cuerpo de Digna, de 37 años, había una
advertencia escrita en un trozo de papel:
“Pros, hijos de puta, si siguen así, a ustedes también les va a tocar.
Conste que bajo advertencia no hay engaño”, decía el papel firmado con una cruz.
La amenaza iba dirigida a los integrantes del
Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, donde Ochoa y Plácido trabajó
durante 12 años, de 1988 al 2000. Pero es el primero de septiembre de 1993
cuando ingresa Oficialmente al Centro de Derechos Humanos, como Asesor Jurídico
Legal. Y es en el año 2000 cuando presenta su renuncia.
El cuerpo de Digna fue encontrado alrededor de
las 5 de la tarde. Y el entonces Procurador del DF, Bernardo Bátiz, llegó al
lugar del asesinato, alrededor de las diez de la noche, y declaró: “Me comprometo a hacer todo lo necesario
para localizar a los responsables”. Es decir la Procuraduría de Justicia
del Distrito Federal, de acuerdo con sus primeras versiones, declara que Digna
había sido asesinada. Dos años después la Procuraduría de Justicia del Distrito
Federal cambia su versión y asegura que Digna Ochoa se había suicidado. Bátiz
se negó a recibir las pruebas de medicina forense, criminalística y química
forense de los familiares, a pesar de que, según la Constitución, es un derecho
de los familiares de la víctima el que aporten pruebas a la investigación. De
los cuatro peritajes, dos trataban la hipótesis del suicidio y fueron
desechados por la misma PGJDF, el tercer peritaje, que hablaba sobre la
hipótesis del suicidio, se argumentó que era el que más se acercaba a la
realidad, pero que estaba incompleto, por lo que se ordenó otro peritaje que,
sin embargo, no se realizó bajo metodología científica y comprobable y que no
contiene mecánica de hechos…. ¿Por qué si
se desechan los dos primeros dictámenes, el tercer peritaje refuerza sus
conclusiones (el suicidio) basándose en los elementos de los dos primeros (el
homicidio)? (pregunta de le hace el SCI Marcos a Bátiz). Otras preguntas
que el SCI Marcos le hace a Bernado: ¿Cuáles
fueron las medidas que tomó la PGJDF para conservar intacto el lugar en donde
ocurrió el homicidio de Digna? (En este lugar se realizó, ocho meses
después, el peritaje de criminalística de campo que tomó en cuenta la PGJDF
para dictaminar el “no ejercicio de la
acción penal”, es decir, para afirmar que se trató de un suicidio.); ¿Por
qué el reporte de la necropsia afirma que Digna presentaba una flacidez
muscular generalizada y sostiene que tenía de 15 a 16 horas de haber muerto sin
que el cadáver tuviera la rigidez que correspondería a ese tiempo?; Según las
pruebas testimoniales de la PGJDF, Digna Ochoa estuvo con personas en su
despacho la tarde anterior a su muerte, ¿por qué no se encontraron huellas
dactilares de nadie en el despacho?; La necropsia de Digna duró una hora
con 30 minutos (se inició a las 2:30 de la mañana y terminó a las cuatro). En
ella no se tomaron radiografías y no se describieron de manera completa las
lesiones. Dependiendo de la complejidad, hay necropsias que duran hasta 24
horas, ¿por qué tardó tan poco tiempo la de Digna?
Gerardo González, auxiliar del despacho de Digna
y quien encontró el cuerpo, declaró haber visto polvo blanco, como una especie
de talco, regado en la alfombra, los sillones y en la ropa de Digna, y no
descartó que Ochoa y Placido hubiera forcejeado con los homicidas, pues la
diadema que traía en la mañana estaba tirada en la alfombra. Las amenazas de
muerte contra miembros del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez,
comenzaron el año de 1995, David Fernández, Director del Centro recibió
amenazas vía telefónica el 17 de agosto de ese año, por lo que se inició la
Averiguación Previa: 50/ACI/584/95-08; el 7 de octubre de 1996 todos los
abogados del Centro Pro, reciben amenazas. Digna Ochoa y Plácido, recibió
amenazas, el 5 de octubre de 1999 por lo que interpuso la denuncia:
50/1313/99-10; también por privación ilegal de la libertad, robo, tortura
psicológica y allanamiento de su residencia en 1999, por lo que se abrió la
Averiguación Previa: 50/1389/99-10. Durante el año 2001, Digna recibió, por lo
menos tres amenazas por escrito encontradas en su buzón de su departamento: “Hija de puta ya te tenemos…..”, de
fecha 7 de agosto de 2001; “Muy pronto te
cargará tú…..”, de fecha 10 de agosto del 2001; “¿Cómo estás?”, de fecha
16 de octubre del 2001.
Cabe señalar que a raíz de la amenazas en contra
de los integrantes de centro Pro, la Corte Interamericana de los Derechos
Humanos (CIDH), acordó, solicitar al gobierno mexicano de manera urgente,
medidas de protección para preservar la seguridad e integridad física de sus
integrantes, por lo que por algunos años mantuvieron seguridad personal y de
resguardo de las instalaciones e inmueble de dicho centro.
Digna Ochoa renuncia al Centro Pro en el año
2000, al decidir litigar de manera independiente, siendo el caso más relevante
que tenía, al momento de su asesinato, el de los dos ecologistas de Guerrero
presos, en el Cereso de Iguala, Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, fundadores
de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca
de Catalán.
A los dos ecologistas presos se les prohibió
hablar sobre el asesinato de Digna, quien demostró con pruebas la tortura a la
que fueron sometidos, Rodolfo y Teodoro, en 1999 a manos de efectivos del
Ejército mexicano, del 40 batallón de infantería, con sede en Altamirano. “Tras su detención Rodolfo y Teodoro
permanecieron 48 horas en el puesto de mando militar que el Ejército improvisó
a las orillas del río en Pizotla. El 4 de mayo fueron trasladados al 40
Batallón de Infantería, en Ciudad Altamirano, donde estuvieron incomunicados
hasta el 6 de mayo. En los cinco días fueron torturados psicológica y
físicamente con golpes en los testículos, cabeza, estómago y espalda, además se
les amenazó con dispararles en el cráneo y hacer daño a sus familias”
(Centro Pro, 1999).
Otro caso
que llevaba al momento de su muerte era el de Sergio Sánchez Sáenz y José
Anselmo Robles, miembros del Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN),
presos en el penal de Querétaro
El Centro Pro comunica: “La liberación de Montiel y Cabrera se dio días después del asesinato
de su abogada, Digna Ochoa, que para entonces ya no llevaba la defensa de ellos
ni trabajaba en el Centro Prodh, pero el crimen contra ella ocurrió dos semanas
después de que visitó en la sierra de Petatlán comunidades que participan en el
movimiento ecologista, y que tienen entre sus miembros presos y perseguidos por
ese motivo; según diversos testigos, el asesinato de la abogada fue planeado
por mandos del Ejército, y ordenado y ejecutado por caciques y sicarios de la
sierra de Petatlán. El crimen, el 19 de octubre de 2001, causó conmoción en la
opinión pública relacionada con los derechos humanos nacional y de otros
países, y uno de sus efectos inmediatos fue la libertad de Rodolfo Montiel y
Teodoro Cabrera, con la que el presidente panista Vicente Fox pretendió bajar
la presión a su gobierno”.
Por cuestiones de seguridad la información se
manejó así, Digna defendía a Montiel y Cabrera, además de defender a otros
activistas ecologistas en la Sierra de Petatlán por oponerse a la tala y los
caciques de la región, pero recordemos que estaba siendo amenazada de muerte (y
Rodolfo aún no salía de prisión); por denunciar y probar que militares los
habían torturado, sembrado armas y semillas de mariguana, esto lo probó ante un
juez Federal son sede en Iguala. Y provocó que la Procuraduría Militar tuviera
que iniciar una averiguación contra los militares torturadores y el comandante
de la 35 zona militar, el General Miguel Elías Leyva García.
En 2010 Agentes federales detuvieron en Jalisco,
a Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de
Guerrero, cacique de la zona de Petatlán; presunto operador del cártel de
Sinaloa y señalado como autor intelectual del homicidio, en octubre de 2001, de
Digna Ochoa. Alba Álvarez es señalado como la persona que ordenó asesinar a
Digna Ochoa, supuestamente porque le incomodó una visita que Digna realizó a
Petatlán para conocer y denunciar agresiones a ecologistas de la región de
Petatlán.
El primero y dos de octubre de 2001, Ochoa
visitó la zona y recabó testimonios de violencia y hostigamiento que padecían
los campesinos ecologistas por parte de un grupo de caciques encabezados por
Alba Álvarez. 16 días después fue asesinada.
Militares, caciques, empresarios, gobernadores, presidente
de México (Fox) ministerios públicos, fiscales especiales, policías de los tres
niveles de gobierno, responsables del asesinato.
Algunos de los casos en que participo durante su
estancia en El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez., son:
Detención de presuntos Zapatistas en Yanga,
Veracruz y en Cacalomacán, Estado de México, en 1995.
Detención de Javier Elorriaga y Elisa Benavides por
su relación con el EZLN, en 1995.
Comentarios