México: El CECOP ante la nueva embestida privatizadora. A la organización comunitaria y ampliar la lucha
Fuente: Tlachinollan
Publicado
por Kaos en la red
Lo que el PRI ha
ganado con las recientes reformas estructurales como la energética y la de
telecomunicaciones, le basta para cantar victoria e imponerse por encima de
cualquier fuerza política o movimiento social que quiera oponer resistencia o
impedir el avance hacia un modelo económico basado en la dominación, el despojo
y la apropiación privada tanto del producto social excedente como del
patrimonio de todas las y los mexicanos. La nueva reconfiguración política
comandada por el grupo Atlacomulco se apresta para tomar el control de todas
las instituciones y para imprimirle un sello renovador a las añejas formas de
dominación. La nueva hegemonía peñanietista hereda las viejas prácticas de un
régimen que privilegió la fuerza para imponer su proyecto económico y ahora usa
la violencia para proteger los grandes intereses del capital trasnacional.
Violencia y despojo son las principales características de los gobiernos
que se ciñen a las normas funestas del mercado global. Para los que de arriba
significa grandes inversiones y megaproyectos de alto impacto, para los de
abajo se traduce en mayor violencia por el desempleo, la precariedad económica,
la carencia de vivienda, la falta de servicios públicos, los desplazamientos
forzados, la expulsión de los territorios ancestrales, los procesos migratorios
violentos, el ambiente generalizado de inseguridad, extorsiones, secuestros,
hambre y muerte en vastos sectores de la población.
Esta tendencia nacional nos está colocando al borde de la exasperación; o nos
resignamos a vivir en el fango de la violencia o resistimos y luchamos contra
las fuerzas del mal, que buscan expoliar al trabajador y despojar a los dueños
de las riquezas naturales. Abanderar las luchas contra la aplanadora del
capital trasnacional es quedar a merced de todo el aparato represivo del estado
y bajo los dictados arbitrarios de los procuradores, expertos en fabricar
delitos contra los luchadores sociales, y quedar bajo un régimen carcelario que
busca destruir la fortaleza de espíritu de quienes han sabido alzar la voz de
los silenciados.
El ejecutivo estatal, ha negado que la detención de Marco Antonio Suástegui
tenga que ver con la construcción de La Parota. Lo real es que existe un
presupuesto millonario para iniciar los trabajos para este año. Además hay un
calendario elaborado por la secretaría de hacienda que plantea los montos de
las inversiones que se deberán de hacer durante los próximos 3 años, llegando a
una suma total de 15 mil 500 millones de pesos. Además, el presidente de la
república Enrique Peña Nieto, en una de sus múltiples visitas a Acapulco,
anunció la construcción de una hidroeléctrica en el río Papagayo dentro del
proyecto Nuevo Guerrero. Los mismos
líderes nacionales de los principales partidos políticos han hecho suya la
propuesta de la Parota. Es decir, que las elites políticas, de común acuerdo
con las elites económicas mantienen inalterable la decisión de construir la
presa, sin que les afecte en lo más mínimo la opinión y decisión de los
verdaderos dueños de estas tierras.
Para lograrlo necesitan desactivar los focos de resistencia; buscan minar
la organización comunitaria, se empeñan en desacreditar la lucha legítima de
los opositores y en todo momento contratacan utilizando la ley penal para
encarcelar a sus líderes, enviándolos fuera del Estado para doblegarlos y
aislarlos de la población que los identifica como defensores comunitarios.
¿Si no existiera el interés de construir La Parota, por qué las autoridades
del Estado tomaron la decisión política de enviar a Suástegui a un penal
federal de alta seguridad, cuando sus supuestos delitos son del fuero común?
¿Por qué la autoridad judicial se supeditó a los dictados del poder ejecutivo y
se hizo cómplice para que se violentaran los derechos del procesado? ¿Por qué
con tanta perversidad y celeridad la procuraduría general de justicia del
estado armó en menos de 20 días 5 averiguaciones previas y las consignó en
menos de una semana? ¿Por qué se le obstruye el derecho que tiene Marco Antonio
de contar con una defensa adecuada? ¿Por qué tanta obstinación en tratar a
Marco Antonio Suástegui como un delincuente
peligroso y confinarlo a un penal de alta seguridad, cuando en el estado
existen casos sumamente graves que han causado severos daños a la sociedad y
los responsables gozan de impunidad?
Este tratamiento tan burdo que le han dado las autoridades del Estado no
tiene otra explicación que la de allanarle el camino a la CFE para facilitarle
la entrada a los bienes comunales de Cacahuatepec. La detención de Suástegui y
su actual procesamiento busca desacreditar su trayectoria como luchador social,
y al mismo tiempo le impide que pueda alcanzar su libertad, violentando su
derecho a una defensa adecuada. Con este encierro el gobierno del estado le
apuesta al debilitamiento del CECOP, a remarcar más la división interna y a
doblegar la histórica resistencia de los pueblos de Cacahuatepec. En
contrapartida buscan legalizar el despojo con actores estatales y no estatales
para facilitar mejor la entrada a sus territorios.
La embestida federal de legalizar el despojo con la nueva reforma
energética, tenderá a desactivar cualquier foco de resistencia, utilizando
diferentes recursos, tanto jurídicos como represivos. En esta primera etapa los
gobiernos están usando la mano suave para replegar al movimiento con la
detención de sus líderes. Si esto no da resultados concretarán las detenciones
de varios miembros del CECOP para causar temor entre la población, y de esta manera
poder derrotar al movimiento o por lo menos ponerlo contra la pared, al quedar
descabezado y diezmado.
La militarización de los bienes comunales de Cacahuatepec no es un hecho
fortuito o que sólo responda a la necesidad de proteger los pozos que surten de
agua a Acapulco. Tiene una intención más profunda, se trata de que el Ejército
se despliegue dentro de los territorios estratégicos para el capital
trasnacional, para brindar seguridad y garantías de estabilidad social a los
inversionistas extranjeros. En esta perspectiva del mercado global, las
corporaciones policíacas resultan insuficientes para proteger a las elites
económicas del orbe. Se requiere de la presencia de las fuerzas de elite de la
policía federal, del ejército y la marina, porque para el gobierno estos
enclaves estratégicos deben verse como asuntos de seguridad nacional. Las
nuevas reformas han ido preparando el camino para legalizar el despojo y abrir
las fronteras para que entren sin ningún temor las multinacionales que contarán
con el respaldo de las fuerzas federales.
Este escenario que se prefigura en el horizonte nacional no está tan lejano
del Acapulco rural. El Nuevo Guerrero
es la punta de lanza para emprender este proceso de recolonización de los
territorios ancestrales a través de la inyección de recursos financieros en
autopistas, emporios turísticos, explotaciones mineras, mega hidroeléctricas,
red de transmisión de energía eléctrica, entre otros grandes proyectos.
El CECOP tiene ante sí nuevos desafíos, frente a un grupo político
encaramado en la cima del poder que ha vuelto por sus fueros y que tiene muchos
años de experiencia en el uso de la fuerza. Un grupo que sabe lo que es la
guerra de desgaste; que para mantener el control territorial se las ingenia
para crear grupos de choque. Que sabe intervenir con diferentes frentes
públicos y encubiertos para desactivar cualquier movimiento de resistencia y
que sin ninguna restricción jurídica autoriza la entrada del ejército para
reprimir a la población, como ya sucedió en el estado en los años de la guerra
sucia.
La amenaza de un autoritarismo renovado empieza a afianzarse en el centro
de la república con las acciones injerencistas que están teniendo en el estado
de Michoacán y con operaciones políticas selectivas disfrazadas de legalidad,
como sucede con el doctor Mireles y Marco Antonio Suástegui, al enviarlos a
penales federales para criminalizar su movimiento y desacreditar su trayectoria
como luchadores sociales. Este uso desviado y politizado de los penales
federales es el puño que golpea a quienes se atreven a cuestionar las posturas
verticales y unilaterales de los gobernantes. Su osadía de disentir y de
revelarse la están pagando muy caro al confinarlos a estas mazmorras, al
quitarles toda su red de apoyo, impedirles una defensa adecuada y doblegar el
espíritu combativo de los dirigentes. Lo más grave es que estamos ante
realidades consumadas que buscan inhibir la lucha opositora y que socavan los
derechos de luchadores sociales que están recluidos ilegalmente fuera del estado,
como Gonzalo Molina, Arturo Campos, Marco Antonio Suástegui y Néstora Salgado.
Todos ellos y ella son presos políticos, porque las decisiones de refundirlos
en penales federales no tienen sustento legal, sino motivaciones meramente
políticas que rayan en rencores de índole personal.
Lo que existe en las profundidades de la vida comunitaria es algo más que
un liderazgo, hay estructuras organizativas que son las que le dan fuerza y
consistencia a las luchas del pueblo. Son movimientos que emergen de las raíces
de la colectividad, que defienden lo que está en el fondo de su ser y que saben
que ahí está anclado su pasado y que tanto su presente como el porvenir estarán
seguros, siempre y cuando se organicen para defender su patrimonio y luchen con
ahínco, como Marco lo hizo en todo momento. El CECOP ha sabido leer los nuevos
signos del tiempo neoliberal, se tiene que acuerpar. Está llamado a sumar y
convocar al reencuentro y la reconciliación. El nombramiento de una dirección
colectiva es un paso importante en esta nueva etapa de reestructuración, se
necesita recuperar la fuerza cimentada en sus asambleas, de salir fortalecidos
con la integración de comunidades que se han quedado al margen. Tienen que ir
en busca de los que se alejaron. Hoy más que nunca tienen que tejer fino los
artesanos de la resistencia, los sembradores de la rebeldía y con la
participación de las nuevas generaciones tendrán la sangre nueva que el CECOP
necesita para recuperar el brío y tomar el acero en sus manos para proteger lo
que es su carne y su sangre: la tierra y el río. Las autoridades del estado
están llamadas a mostrar con hechos que la detención de Marco Antonio, no tiene
tintes políticos, para ello es urgente su retorno al estado, de lo contrario,
se le niega el derecho a una defensa adecuada y se le estigmatiza como un delincuente peligroso y no como un
luchador social.
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