Enedina Rosas Vélez, presa por defender la voluntad del pueblo de
rechazar gasoducto
“Me dijeron muchas veces, ‘por la
buena o por la mala, van a tener que firmar’”, acusa la comisaria ejidal
Funcionarios acosan a ejidatarios
para que se imponga el Plan Integral Morelos
Por Blanche Petrich, enviada
martes, 27 mayo 2014
La campesina Enedina
Rosas Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, está
presa desde hace un mes y medio en el CERESO de Atlixco “por sostener mi palabra”, dice; por no acceder al prolongado acoso
al que fue sometida por funcionarios del gobierno de Puebla que pretenden
forzar a los ejidatarios a autorizar la venta de terrenos y derecho de paso
para la construcción del gasoducto comprendido en el Plan Integral Morelos.
El ejido de Xonacayucan, ubicado dentro de la
zona de riesgo volcánico naranja de las faldas del Popocatépetl, es apenas una
de las 2,061 propiedades que serían afectadas por el gasoducto, megaproyecto
estrella de los gobernadores Rafael Moreno Valle, panista de Puebla y Graco
Ramírez Abreu, perredista de Morelos.
Enedina Fuentes, viuda desde los 40 años,
sacó adelante sola a la familia, al tiempo que cultivó y mantuvo productiva la
milpa que heredó. Fue electa presidenta del Comisariado Ejidal por su lealtad a
la tierra. En esa posición, en los últimos meses resultó ser, sin deberla ni
temerla, uno de los escollos a remover para coronar los grandes negocios que
esperan beneficiarse con las multimillonarias obras del controvertido PIM.
El juez de lo penal de Altixco, Elmo Mayoral,
emitió una orden de aprehensión en su contra bajo los cargos de “obstrucción a la construcción de obra
pública” y el presunto robo de dos
celulares, denunciado por uno de los empleados de la compañía constructora
que ingresó al ejido el pasado 7 de marzo para empezar las obras de excavación,
sin la autorización de la comunidad.
Otros dos líderes de comunidades de la
región, Abraham Cordero Calderón y Juan Carlos Flores Solís, fueron acusados
por el mismo cargo. Ninguno de los tres detenidos estuvo en el lugar de los
hechos el día en el que supuestamente se robaron los aparatos telefónicos.
El día de visita en el penal municipal de
Atlixco –una cárcel maloliente y estrecha que se oculta detrás de los
magníficos muros de ladrillo y talavera del Palacio Municipal- ella espera con
la vista fija en la estrecha puerta del locutorio del área femenil. Detrás de
la rejilla de la reducida barra se apretujan las visitas.
Se mueve como si le pesara el cuerpo; apenas
puede abrir los ojos inflamados por el llanto. “Le ha costado mucho remontar la depresión por estar encerrada”,
nos dice su hija Lucina Quijano Rosas. Una sonrisa ilumina su rostro avejentado
cuando una visita pregunta por ella.
“¿Y qué le
parece todo esto que está pasando? ¿Verdad que es una tremenda injusticia?”, pregunta con ansiedad.
“Van a firmar, a la buena o a la mala”
Desde hace un año, cuando la CFE y el gobierno poblano empezaron a “cabildear” con las autoridades
municipales y los propietarios de los predios de los 12 municipios poblanos que
son afectados por el trazo del gasoducto, Enedina Rosas padeció un acoso que
culminó con su detención, el seis de abril. Un “cabildeo” que combina sobornos y amenazas con un solo desenlace
posible: la cesión de los terrenos que necesita el gasoducto.
“Primero los
licenciados de la CFE me fueron a tocar a la puerta de mi casa. Querían que les
firmara unos papeles, autorizando que hicieran sus obras en el ejido. Pero yo
no tengo facultad para autorizar nada, por ley la asamblea ejidal tiene que
aprobarlo.
“En varias
reuniones, los ejidatarios y el resto del pueblo dijeron que no. ¿Y cómo cree
que vamos a aceptar? ¿Quién quiere firmar para que el peligro entre a su propia
casa? Ya se ha visto cómo los gasoductos revientan en otros lados. Peor en
nuestro pueblo, que está en la zona de riesgo del volcán. ¿Y si viene la
erupción? Vamos a volar todos”.
A la primera visita de las autoridades le
siguieron muchas más. “Me dijeron muchas
veces: por la buena o por la mala van a tener que firmar. Yo les respondía:
cómo no, voy a hacer llegar su comentario a mis compañeros”.
En ocasiones la interceptaban en la calle, o
en el campo, camino a su terreno, donde siembra maíz, frijol, cilantro,
rábanos. “Una vez me llevaron a Casa
Aguayo (la casa de gobierno, en la capital estatal). Otras, a las oficinas de la Procuraduría Agraria. Y dale y dale con que
firme el permiso. Se ponían majaderos”.
Ella siempre se escudó tras el mandato del
acta de la asamblea ejidal, que resuelve no ceder los derechos del ejido a la
CFE.
“Ellos, los
licenciados, no piensan en la gente. No les interesan los niños. No comprenden
a la gente mexicana. Solo ven por sus negociazos y creen que con dinero todo lo
pueden conseguir. Y pues no, los pueblos no siempre están de acuerdo. Por eso
estoy aquí”.
Un custodio de la cárcel municipal, que no
deja de observarla, interrumpe. “Se acabó
la visita, Enedina”. No han pasado ni 10 minutos.
La fase represiva contra los opositores al gasoducto
Fue en plena Semana Santa cuando se desató lo que los campesinos
organizados en el Frente Nacional de Organizaciones y Pueblos en Lucha llaman “la represión” contra los opositores al
megaproyecto en Puebla. En Morelos hay antecedentes de manifestaciones
dispersadas con violencia y órdenes de aprehensión contra líderes populares. En
Puebla la política de hostigamiento y compras hostiles de tierras escaló con la
detención de tres dirigentes, entre ellos la presidenta Ejidal de Xonacayucan.
Aquellos días de abril, entre las nopaleras,
los maizales y las plantaciones de alfalfa y gladiolas que cubren la fértil
tierra entre Santa Isabel Cholula y San Jerónimo Tecuanipan y ascienden por la
ladera del Popocatépetl hacia Nealtican, aparecieron, alineados hasta donde se
pierde la vista, los tubos de acero al carbón de 30 pulgadas de diámetro, que
se van a extender a lo largo de casi 160 kilómetros, enterrados a 1.20 metros
de profundidad, desde Tlaxco, Tlaxcala, hasta Huesca, Morelos, atravesando por
un costado del cráter los municipios poblanos de Huejotzingo, Juan C. Bonilla,
San Andrés Calpan, San Buena Ventura Nealtican, San Jerónimo Tecuanipan,
Santa Isabel Cholula, Atlixco, Huaquechula, Atzizihuacan, Tochimilco, Acteopan
y Cohuecan.
En varios de estos sitios ya se miran enormes
maquinarias en reposo, listas para empezar a cavar las zanjas. Cada día de
espera representa pérdidas monetarias. En los convenios de la CFE con varias constructoras
extranjeras se registran ya retrasos de hasta un año y multas multimillonarias
que tendrán que pagar los estados colindantes mientras la maquinaria esté
parada. Según los planes, la infraestructura del PIM debería estar lista en dos
años, para empezar a dar servicio a otros proyectos privados, de
transnacionales como la gran planta ensambladora de la automotriz alemana Audi,
similar o mayor que la planta poblana de la Volkswagen, que se construye en San
José Chiapa.
Compraron la tierra, pero no la voluntad de los pueblos
En declaraciones públicas, el gobierno de Moreno Valle afirma que la CFE ya
adquirió el 93 por ciento de los terrenos que va a necesitar. “Y eso es cierto. Algunos terrenos fueron
comprados por centavos; otros fueron arrebatados con sobornos o amenazas. Pero
lo que no tienen es la anuencia de los pueblos”, explica Mario Vélez, líder
estatal del Frente Nacional de Pueblos y Organizaciones en Lucha y dirigente de
la Unión Campesina Democrática.
Comenta que han logrado centavear a algunas
autoridades municipales, ejidales o comunales; a otras las han puesto con entre
la espada y la pared. “Pero no han
convencido a los pueblos, ni a las asambleas ejidales o comunales”.
Un día antes de la detención de la señora
Enedina, en San Juan Amecac 15 patrullas de la policía estatal llegaron a
medianoche a buscar a su casa al presidente de bienes comunales Avelino
Velázquez. Pero el líder, destacado por su oposición al gasoducto, no se
encontraba. Su familia fue amenazada. Él sigue prófugo.
Un día después, el 7 de abril, fue detenido
Juan Carlos Flores Solís, representante del Frente de Pueblos en Defensa del
Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDATMPT), quien había
acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a denunciar el arresto de
Enedina.
Se rumora, aunque las autoridades judiciales
se niegan a ofrecer información precisa, que hay al menos una docena de órdenes
de aprehensión más. Varios de los perseguidos, entre ellos el profesor
universitario Ricardo Pérez Avilés, del Centro Universitario para la Prevención
de Desastres Regionales (Cupreder), han solicitado amparos en Puebla, Tlaxcala
y a nivel nacional y no han obtenido respuesta de los jueces.
En otras localidades, la CFE arrancó compras
de tierras y cesión de derechos en terrenos ejidales y comunales con asambleas
ilegales, certificados de propiedad apócrifos, sobornos y amenazas. Para las
compras de tierras los precios se han fijado sin un avalúo comercial. Los
precios que han impuesto varían de 80 a 180 pesos por metro cuadrado.
Vélez enumera: en San Juan Tulcingo,
Tochimilco, de 180 ejidatarios solo votaron 21. A pesar de la evidente
ilegalidad la autoridad legitimó el acta de asamblea. En Atzitzihuacan, al
agente municipal Santiago Marín lo amenazaron con “atorarle” el presupuesto anual de 2012 para forzarlo a firmar. En
Acohuecan se sabe que las autoridades del pueblo fueron sobornadas e
intimidadas para ceder el paso.
“En ningún caso
hemos logrado establecer un diálogo civilizado. Mucho menos hemos logrado que
se nos responda con criterios científicos a la demanda de seguridad en las
zonas aledañas al área de riesgo volcánico. En algunos sitios incluso el
gasoducto cruza las rutas de evacuación de los poblados de la zona de mayor
riesgo”.
El último portazo del gobierno estatal
ocurrió el pasado miércoles 21 de mayo. El secretario de Gobierno Luis
Maldonado recibió a representantes de las organizaciones opuestas al proyecto.
Les “otorgó” tres minutos de su
agenda. Rechazó escuchar sobre el encarcelamiento injusto de Enedina y Carlos
Flores, a quienes insistió en llamar delincuentes.
“Esta no es la ventanilla para atender
esta queja”, dijo. Les advirtió que en los terrenos donde los ejidatarios o
comuneros no autoricen el paso del gasoducto “se cavará la tubería a seis metros de profundidad, porque ellos no son
dueños del subsuelo”. Y dio por terminado el encuentro.
El valor de la palabra empeñada
Mientras tanto, en San Felipe Xonacayucan, donde el pueblo se había
dividido –cinco ejidatarios aceptaron vender parte de sus terrenos; la mayoría
se mantuvo firme—los pobladores se han reagrupado en torno a la demanda de
justicia para doña Enedina. “Ahora todos
se sienten con la obligación de apoyarla. Saben que ella está presa por
cumplirle al pueblo. Nadie cree que ella sea capaz de robarse nada, ni siquiera
un celular”, resume Lucina Quijano Rosas, su hija.
El supuesto hurto del celular fue clasificado
por el juez como “robo agravado”,
porque si solo se le hubiera acusado de “obstrucción
de obra pública” hubiera podido salir bajo fianza, aclara el abogado
defensor Oscar Martín Rojas. Pero no hay ni una prueba que la inculpe, salvo el
dicho del acusador.
Lucina cuenta cómo sucedieron los hechos: “El día del supuesto robo, llegaron al ejido
las máquinas de la empresa Bonetti. Metieron los tractores y algunos empleados
empezaron a hacer sus mediciones. El pueblo se juntó y fue a exigirles que se
retiraran. Mi mamá ese día tenía bronquitis. Llegó a los terrenos pero se
retiró pronto, porque se puso mal. Había un señor, José Reyes Méndez,
responsable de la obra, que empezó a tomar fotografías de la gente con sus celulares.
La gente del pueblo se lo impidió. Eso fue todo.
“Pero el siete
de abril, como cada primer lunes de mes, mi mamá fue a una reunión de ejidos a
San José Teruel, Izúcar de Matamoros. Ahí se presentó ese señor Reyes, quien le
exigió que le devolviera sus celulares. Mi mamá no sabía ni de qué le estaba
hablando. Pero fue una forma de ponerle el dedo, porque ahí ya estaban las
patrullas esperando. Cuando Enedina se retiraba fue detenida. Incluso un
periódico local llegó a decir que se trata de una presa de alta peligrosidad”.
Pese a las irregularidades en la causa penal
121/2014 arraigada en el juzgado de Atlixo, la defensa sigue en espera de una
respuesta a su demanda de amparo, que permitiría a Enedina Rosas salir de
prisión y seguir el proceso penal en libertad. Mientras, esta campesina sigue
defendiendo lo que considera tiene el mayor valor: sostener su palabra de honor y no firmar la cesión de derechos de las
tierras ejidales para que, en esas laderas de riesgo volcánico se construya un
gasoducto. Porque, como ella dice, “¿quién
va a querer meter el peligro a su casa?”.
Comentarios