Rebelión, 22-04-2014
La
Reforma Educativa aprobada por el Congreso de la Unión en febrero de 2013 ha
modificado la relación del docente con las autoridades educativas. Al elevar a
grado constitucional el ejercicio docente en el Artículo Tercero de la Carta
Magna, la figura del profesor queda ajena a la del trabajador, así mismo el
docente, al convertirse en una especie de “sujeto
administrativo” es excluido del derecho laboral (Tanto del artículo 123,
como de la Ley Federal del Trabajo, secundaria del citado artículo). Al
publicarse en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Servicio Profesional Docente (LSPD), la permanencia
del profesor en sus funciones queda exclusivamente en manos de la autoridad
educativa, el ingreso, promoción y permanencia se encuentra en los mismos
términos:
La presente Ley es reglamentaria de la fracción III del
artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rige
el Servicio Profesional Docente y establece los criterios, los términos y
condiciones para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la Permanencia
en el Servicio. (Artículo 1. LSPD)
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación
(INEE) junto a la Secretaría de Educación Pública (SEP) tendrá potestad plena
en cuanto la idoneidad del ejercicio profesional de los educadores:
Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las
Autoridades Educativas, así como los Organismos Descentralizados que imparten
educación media superior, para llevar a cabo las funciones de evaluación que
les corresponden para el Ingreso, la Promoción, el Reconocimiento y la
Permanencia en el Servicio Profesional Docente en la educación obligatoria.
(Artículo 7. LSPD)
En ese contexto, las autoridades educativas locales, así
mismo los organismos descentralizados en educación media superior quedan
subordinados al citado instituto y en los hechos al Estado. Lo mismo sucede con
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y algunos
sindicatos locales, quienes pierden toda función y sentido, dado que legalmente
no tienen injerencia en ningún asunto relacionado con la situación del
profesor.
Esa concentración de poder corresponde a una estrategia del
Estado para expandir su modelo neoliberal e impulsar la aceptación de los
valores del libre mercado. Al anular los derechos laborales de los trabajadores
de la educación y concentrar todo aspecto en el INEE, (cuya naturaleza es de
franca dependencia al Poder Ejecutivo, aunque la propaganda oficial argumente
su “objetividad e independencia”) el
fin planteado es la sumisión sin concesión del magisterio a acatar sin la
mínimas resistencias el programa político-educativo neoliberal.
Curados en salud, bajo el argot de la eficiencia
empresarial, las palabras calidad y evaluación para localizar a la primera, se
convierten en conceptos, entresijos lingüísticos, abstracciones pero en todo
caso, fines supremos del proceso enseñanza- aprendizaje (sea cual fuere su fin
en el currículo expuesto) cuya justificación relega a cuestión secundaria los
derechos humanos y deja espacio fértil a la instauración decidida del
neoliberalismo.
López
y Flores (2006) lo manifiestan de la siguiente manera:
La evaluación ha sido utilizada para enfatizar los valores
de la competitividad y el utilitarismo, los principios de la empresa privada-
bono de calidad, salario de acuerdo a “rendimientos”,
contratos con límite de tiempo para los docentes-, y la exaltación del
prestigio de las escuelas privadas, a las que los estudiantes migran ante la
depauperación de las públicas. (p.6)
La afrenta contra la educación pública y por la instauración
de un modelo neoliberal pasando por destrucción del estado de bienestar
nacional, es necesidad impostergable para la reproducción de las condiciones de
producción del capitalismo salvaje por medio de sus aparatos ideológicos en
este caso la escuela (Althusser, 1989).
El dominio de los neoliberales de la escuela no podrá ser,
sin toparse con obstáculos. La escuela siendo un espacio de socialización en
donde se enfrentan, el modelo hegemónico (representado por legislaciones,
programas de estudios, supervisores, directores, docentes) y sujetos tratados
de moldear (alumnos) asumiendo el espacio escolar una lucha de clases donde las
agudización de las contradicciones generará resistencias.
Resistencia que precisará Giroux (2003) “La noción de la autonomía relativa es desarrollada por medio de una
serie de análisis que señalan esos ‘momentos’ no reproductivos que constituyen
y sostienen la intervención crítica de la intervención humana” (p.136)
Entre el sistema de opresión y sus contradicciones, surge en el sujeto la
necesidad de la reflexión y del análisis crítico para la acción política
contraría a los intereses opresores.
En ese espacio es donde se puede ubicar la resistencia del
docente ante la imposición de Ley del Servicio Profesional Docente, no
obstante, la resistencia no es homogénea en el país, solamente algunos
profesores organizados con antelación pudieron pasar de la teoría a la acción.
En Oaxaca, Guerrero, Michoacán la resistencia tomó el camino de opción política
contra el poder (Giroux, 2003). Todos estados donde la organización sindical
desde hace decenas de años formaron una central independiente aunque adherente
al Sindicato corporativo, la denominada Coordinadora Nacional Trabajadores de
la Educación (CNTE) En el resto de la República la pasividad generó frutos para
la institución sin oposición a la citada Ley.
Freire (1999) describía lo anterior:
Cuanto más se les imponga pasividad, tanto más ingenuamente
tenderán a adaptarse al mundo en lugar de transformar, tanto más tienden a
adaptarse a la realidad parcializada en los depósitos recibidos. (p.75)
Esa pasividad ha generado un triunfo en la lucha de clases
por parte de la Estado neoliberal contra el magisterio, empero el triunfo no es
liso, se enfrenta a las resistencias de los profesores de la CNTE y de otras
organizaciones. Importante será analizar posteriormente las distintas
resistencias, ya que en palabras de Giroux (2003):
La lógica que da forma a un acto de resistencia puede, por
un lado, estar vinculada con intereses que son específicos en cuanto a género,
clase o raza; pero, por otro lado, tal resistencia puede representar y expresar
los elementos represivos inscritos por la cultura dominante más que ser un
mensaje de protesta en contra de su existencia. (p.137)
Analizar a fondo la contradicción en las resistencias, la
naturaleza de los esfuerzos por detener la Ley del Servicio Profesional Docente
es exigencia, para observar la viabilidad de la estrategia práctica, sus retos
y posibilidades de triunfo.
Referencias
bibliográficas:
Althusser, L. (1989) La filosofía como arma de la Revolución, México, Siglo Veintiuno
Editores.
Giroux, H. (2003) Teoría y resistencia en educación, México, Siglo Veintiuno
Editores.
Ley del Servicio
Profesional Docente (2013)
Publicada en el Diario Oficial de la Federación 9 de noviembre de 2013,
recuperado el 16 de abril de 2014 en:
López, S. y Flores, M. (2006) Las reformas neoliberales en Latinoamérica. Revista Electrónica de
Investigación Educativa, 8 (1). Consultado el 16 de abril de 2014 en: http://redie.uabc.mx/vol8no1/ contenido-flores.html
El Autor:
Manuel Alejandro Ramírez
Solorio es Licenciado en Docencia en
Lengua y Literatura por la Universidad Autónoma de Baja California, actualmente
es estudiante de la Maestría en Pedagogía Crítica en el Instituto de Pedagogía
Crítica.
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