Fuente original: Otramérica
Los disturbios en Copacabana tras el fallecimiento
en extrañas circunstancias de un bailarín, se saldan con un muerto. Detrás de
los sucesos parece esconderse la decisión de las autoridades de recurrir a la
militarización para disuadir grandes movilizaciones como las vividas hace un
año durante la Copa Mundial de Fútbol, que arranca el 12 de junio.
El fantasma de las
protestas que el pasado año se adueñaron de Brasil lleva tiempo amenazando la
cuenta atrás al Mundial de fútbol. Lo justificaría el hecho de que buena parte
de aquellas reivindicaciones sigue en gran medida pendiente. Pero sobre todo,
lo haría casi inevitable el año electoral que viven los brasileños, que el
próximo octubre deberán pasar por las urnas para revalidar o sustituir a Dilma
Rousseff al frente del gobierno. Todos los analistas coincidían en buscar en la
clase media el principal protagonista de esas hipotéticas movilizaciones, pero
nadie había llegado a plantear que la llama de la protesta bajase de las
favelas e incendiase Copacabana e Ipanema, el corazón turístico de la ciudad, a
solo unas semanas del inicio del campeonato del mundo.
Y es que la sospecha de que
la Policía haya sido responsable de la muerte del joven bailarín de televisión,
Douglas Rafael da Silva Pereira, provocó una auténtica revuelta entre los
habitantes de las favelas de Povão-Povãozinho y Cantagalo, donde residen más de
10.000 personas. El joven fue hallado muerto en el interior de una guardería y
según la autopsia habría fallecido tras haber sido alcanzado por una bala que
le atravesó un pulmón. Sin embargo, esa no fue la primera versión oficial.
Inicialmente, la Policía negó que su cuerpo presentara heridas de bala y achacó
su muerte a una caída escalando el muro del colegio mientras huía de un tiroteo
entre policías y delincuentes. Una explicación que no convenció a cientos de
vecinos que, tras responsabilizar del hecho a agentes de la Unidad de Policía
de Pacificadora (UPP), bajaron de la favela hasta las calles de Ipanema y,
especialmente, la avenida de Nuestra Señora de Copacabana, donde levantaron
barricadas y quemaron varios vehículos. Durante los disturbios, un joven de 27
años resultó muerto por disparos de la Policía.
María de Fátima da Silva,
madre del bailarín, tampoco aceptó aquella versión policial y desde el primer
momento acusó a los agentes de la UPP de la muerte de su hijo. Además, a su
juicio, el informe médico también pondría de manifiesto supuestas torturas
previas a su fallecimiento, con diversos hematomas y el cráneo hundido. La
mujer incluso asegura que hay un testigo que habría visto los hechos, aunque
por cuestiones de seguridad no ha querido desvelar su identidad. Según María de
Fátima, el origen de su asesinato sería una disputa mantenida con miembros de
la UPP a propósito de una queja por una motocicleta que provocó su detención y
que desde entonces no habría cesado el acoso policial sobre su hijo.
Para la mujer, la revuelta
vecinal habría impedido que la Policía hubiera hecho desaparecer el cadáver de
su hijo. “Estaban intentado llevarse el
cuerpo de Douglas cuando los vecinos llegaron. Gente corajosa y valiente. Si no
mi hijo iba a ser otro desaparecido, otro enterrado en el barro, del que solo
se encontraría su esqueleto”, señalaba. La desaparición de personas es un
grave problema en Río, que en muchos casos esconden la eliminación de cadáveres
de personas asesinadas por ajustes de cuentas entre bandas o, en ocasiones, por
la Policía. El caso que tuvo más repercusión fue la desaparición a principios
de este año del albañil Amarildo Días de Souza, supuestamente torturado y asesinado
por agentes de la UPP de la favela de Rocinha, un crimen por el que se detuvo a
25 policías.
Esta no es la primera
protesta que se produce en el complejo de favelas del morro de Cantagalo. Hace
solo unas semanas los residentes cortaron uno de los accesos a la estación de
Metro de General Osorio tras la muerte de dos personas por los disparos de un
desconocido desde una motocicleta. También en este caso los vecinos
responsabilizaron a la Policía al tiempo que denunciaban la presencia en el
barrio de milicias, grupos de ex policías o militares que actúan como bandas
que extorsionan a cambio de supuesta protección y lucha contra delincuentes. En
los últimos días han aparecido por la zona pintadas que relacionan a la UPP con
estas milicias.
Policía
letal
Incidentes como estos ponen de manifiesto que
la violencia sigue siendo uno de los grandes problemas de Brasil, así como el
gran número de casos en que se ven involucrados agentes policiales. De hecho,
según un reciente informe del Fórum Brasileño
de Segurança Pública, cada día mueren cinco brasileños como
consecuencia de acciones policiales. Solo en 2012 fallecieron en esas
circunstancias 1.890 personas, frente a las 400 que murieron en Estados Unidos
durante el mismo periodo. De hecho, Brasil detenta una de las mayores tasas de
letalidad policial, superior a otros países no menos conflictivos como México,
Venezuela o Sudáfrica.
Los disturbios en Cantagalo
no son los únicos que se han registrado en Río en los últimos días. La pasada
semana fue el desalojo de la favela de Telerj,
un edificio abandonado de una empresa telefónica que había sido ocupado por
unas 3.000 personas que reclamaban viviendas, lo que originó graves disturbios.
Aunque el caso más espectacular ha sido la reciente “pacificación” del complejo de favelas de Maré con la ocupación
militar de la zona por fuerzas del ejército apoyadas por vehículos blindados.
Esta misma semana la policía entraba también en la favela de Niteroi.
Los responsables de
seguridad del gobierno de Río han justificado este tipo de acciones y el
refuerzo de las UPP distribuidas por 37 favelas, debido al hostigamiento que en
las últimas semanas estaban sufriendo estas unidades y que se ha cobrado la
vida de varios policías. Unos ataques protagonizados por unas bandas criminales
que intentan recuperar el terreno perdido en las favelas y que, según estos
mismos responsables policiales, estarían también detrás de algunas de las
protestas surgidas tras supuestos casos de violencia policial.
Una política de mano dura
que, según otras versiones, escondería un objetivo diferente: evitar que
durante el mundial vuelvan a repetirse movilizaciones como las del año pasado.
El gobierno intentaría con estas demostraciones de fuerza disuadir a los
potenciales manifestantes. Y, en opinión del antropólogo norteamericano James
Holston, lo estaría consiguiendo. “Yo
creía que la Copa se iba a calentar mucho con nuevas manifestaciones, pero soy
muy pesimista. Creo que las ciudades serán ocupadas por el Ejército”,
señala. “El gobierno no va a permitir que
ocurra nada. Será una ocupación militar, como ya ocurrió en Rio en 1992
(durante la Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente). Maré es un ejemplo”, comenta este científico social que actualmente
trabaja en esta favela carioca.
Por lo pronto, las
movilizaciones convocadas hasta la fecha bajo la consigna “sin derechos no habrá Copa” están muy lejos de reunir a los
cientos de miles de manifestante que se congregaron en las calles durante las
protestas de junio del pasado año. La incógnita ahora es saber qué efecto que
puedan tener revueltas de las favelas como las vividas estos últimos días en
pleno corazón del Río con mayor proyección internacional. Por lo pronto, la
tensión se mantenía en la favela después de que la Policía admitiera que el
joven bailarín murió al ser alcanzado por una bala, aunque según los responsables
policiales, resultará imposible determinar quien efectuó el disparo.
Comentarios