Luis Hernández Navarro
Lujo, refinamiento y calidad son el sello de los
vehículos Rolls Royce. Los tableros de varios de sus modelos están hechos con
sangualica, una madera preciosa, dura y pesada, también conocida como
granadillo, que crece en las costas michoacanas. Por su calidad y color, se
utiliza también para elaborar paneles de yates y fabricar bisturíes e
instrumentos musicales.
Considerado en México árbol en
vías de extinción, enlistado en la NOM-059-SEMARNAT-2010 con la categoría de
especie protegida, su elevado precio y la gran demanda del mercado asiático han
propiciado su saqueo y exportación ilegal. En julio pasado, la Procuraduría
Federal de Protección al Ambiente aseguró precautoriamente en el puerto
de Manzanillo dos contenedores con poco más de 39 metros cúbicos de madera de
esta materia prima forestal que se pretendía enviar a China.
Como en tantas otras actividades
ilícitas perpetradas en los 25 kilómetros de la región costera del municipio de
Aquila, en la tala irracional de la sangualica y su venta a China continental
está involucrada la empresa templaria. No es su único negocio en la
región. Por allí salen también, con el mismo destino, toneladas y más toneladas
de hierro. Desde esas playas se llega y se sale de las partes más escarpadas de
Tierra Caliente. En sus litorales desembarcan lanchas rápidas con cargamentos
de coca provenientes de Colombia. En los ranchos privados asentados
sobre la ocupación ilegal de territorios comunales aterrizan avionetas Cessna
para trasladar armas y drogas.
En esas costas se disputan palmo
a palmo y vida a vida la tierra, el territorio y los recursos naturales. De un
lado, los comuneros nahuas de Ostula y 22 poblados cercanos; del otro, juntos o
separados, están los pequeños propietarios privados, la empresa minera
Ternium-Las Encinas SA (la segunda en importancia a escala estatal) y Los
caballeros templarios.
Esta lucha arrastra medio siglo.
Comenzó cuando en 1964, después de que sus tierras ancestrales fueron
reconocidas por una resolución presidencial, fallas técnicas en los planos
permitieron a los pequeños propietarios de La Placita invadir el territorio
comunal y fraccionarlo. Esos invasores son hoy, con frecuencia, integrantes o
aliados del crimen organizado en la región.
Es en el marco de esta
resistencia sórdida y silente contra el despojo y la explotación que los
comuneros de Ostula emitieron el primer ¡YA BASTA! en la región, anticipando
las luchas de los comuneros de Cherán y las autodefensas de Tierra Caliente. El
13 y 14 de junio de 2009 se promulgó en esas tierras el Manifiesto de
Ostula. Aprobado por pueblos y comunidades indígenas de nueve estados de la
República que asistieron como delegados a la 25 asamblea de la región
Pacífico-sur del Congreso Nacional Indígena, se proclamó que los indígenas
tienen el inalienable derecho, derivado del artículo 39 constitucional,
organizarse y realizar la defensa de su vida, de su seguridad, de sus
libertades y derechos fundamentales y de su cultura y sus territorios.
La recuperación de sus tierras y
la organización de su policía comunitaria fueron enfrentadas por el
narcotráfico y los caciques a sangre y fuego. En tres años fueron asesinados 32
comuneros y desaparecidos cinco más. El 6 de diciembre de 2011 fue torturado y
asesinado el comunero J. Trinidad de la Cruz, Don Trino, después de una
agresión a la Caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, a
pesar de que a 500 metros se encontraba un retén de la Marina.
La formación y expansión de las
autodefensas en Tierra Caliente y su guerra contra los caballeros templarios
crearon las condiciones para que los comuneros de Ostula se reorganizaran y
recuperaran su territorio. El pasado 8 de febrero, un grupo de exiliados
retornó a su comunidad, con el apoyo de grupos de autodefensa de los poblados
vecinos de Chinicuila, Coahuayán y Coalcomán efectuaron una asamblea y
acordaron reconstituir su policía comunitaria.
La policía comunitaria se
distingue de los grupos de autodefensa en que está nombrada y sujeta a las
decisiones de la asamblea comunal y debe responder a ella. En cambio, la
mayoría de los grupos de autodefensa se forman por la libre asociación de sus
integrantes, sin relación alguna con asambleas comunitarias, y sin
ordenamientos acordados por ellas. El armamento, los vehículos y los recursos
de que disponen los nahuas de Ostula son mucho más modestos y precarios que los
que poseen las autodefensas.
A pesar del papel que los
policías comunitarios han desempeñado en la lucha contra los templarios,
el pasado 19 de marzo unos 40 efectivos de la Marina Armada de México, bajo el
mando del comandante Alfredo Valdés de León, desarmaron a 14 policías
comunitarios que resguardaban el pueblo de La Placita, hasta hace algunas
semanas bastión de la delincuencia organizada, bajo el mando de Federico
González Merino, alias Lico, y Mario Álvarez.
En respuesta, un día después
alrededor de mil 500 habitantes del pueblo de Santa María Ostula y de los
municipios de Aquila, Chinicuila y Coahuayana, junto con 300 policías
comunitarios y autodefensas, cerraron durante dos horas la carretera 200
Manzanillo-Lázaro Cárdenas a la altura de la base y retén de la Marina Armada
de México en el poblado de La Placita. Exigen que les sean devueltas las armas
decomisadas.
La acción de los marinos contra
los guardias comunitarios de Ostula forma parte de la ofensiva del gobierno
federal para desarmar y desmovilizar a las autodefensas michoacanas. Pero es
también un eslabón más en la ofensiva para golpear y desarticular a los
sectores más politizados de la movilización indígena y ciudadana en Michoacán, aquellos
que luchan por derechos históricos y que enfrentan grandes intereses, como el
de las mineras trasnacionales.
La comunidad de Ostula ha pagado
una enorme cuota de sangre por tratar de defenderse del crimen organizado y
conservar riquezas naturales a punto de extinción como los árboles de
sagualica. Al desarmar a sus guardias comunitarios el gobierno federal la está
colocando en una posición de peligrosa indefensión.
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