Carolina
S. Romero y Amaranta Marentes Orozco
Pocas son las mujeres que,
encarceladas por defenderse contra el feminicidio, cuentan con un apoyo
familiar tan sólido como el que tiene Yakiri Rubí Rubio Aupart. Personas
conscientes y combativas se encuentran en pie de lucha y de ninguna manera van
a permitir que su hija, hermana, nieta o amiga, quede encerrada por defender su
derecho a vivir. Este núcleo social se apoya en un grupo más amplio, que
incluye un colectivo feminista que hace acompañamiento de base, así como
acciones de solidaridad a nivel nacional e internacional.
El martes 25
de febrero, al acercarse al juzgado 68 de la penitenciaria femenil de Santa
Martha Acatitla, se escuchan tambores y gritos en apoyo a Yaki. Es el día del
careo con Luis Omar Ramírez Anaya, uno de sus agresores, y con los dueños
del hotel Alcázar, quienes no logran entrar desapercibidos al juzgado. Son
recibidos con consignas y pintas en carteles y mantas: “Violador, la virgen no te cuida”, “Yaki libre ya”, “Ante la
violencia, legítima defensa”, “Si nos
juzgan por haber sobrevivido, la justicia nos quiere muertas”, “Justicia para Yaki”.
Las y los
manifestantes tienen la certeza de que las mentiras y contradicciones en los
testimonios del agresor y acusador —hermano del difunto violador de la joven—
así como de los cómplices hoteleros, quedarán al descubierto frente a la
palabra de Yakiri. Durante los dos meses que ha estado en la cárcel, se ha
documentado una larga lista de irregularidades, empezando por una errónea
descripción que realizó la parte acusadora: “una
mujer de pantalón negro, chaleco negro y güera”. Yakiri es morena y de
pelo negro; el día que la atacaron vestía pantalón gris deslavado y playera de
cuello de tortuga con manga larga.
La audiencia
en el tribunal del juez Santiago Ávila Negrón es una demostración de la
soberbia del poder. Está prohibida la entrada al público interesado en escuchar
los testimonios. Los papás de Yakiri son tratados como delincuentes durante la
audiencia.
En
entrevista, Oscar Kin Rubio Morán, hermano de Yakiri, nos habla de las
irregularidades que plagan el proceso y de las contradicciones en los
testimonios de los testigos del hotel, de los oficiales que detuvieron a su
hermana y de Luis Omar Ramírez Anaya. Menciona que hay cambios cruciales entre
la primera y segunda declaración de Luis Omar, los cuales no pueden hacerse
públicos en este momento debido a que podrían perjudicar el proceso.
Denuncia
que, a pesar de ser familiar, no se le permitió presenciar el careo, con
el argumento de que “la sala es muy
pequeña” y que aunque “existe una
normativa y reglas en México, todo depende del juez”, lo cual refería a la
reglamentación vigente para procesos jurídicos públicos y al hecho de que el
acceso fuera negado por Santiago Ávila Negrón. Cuando el hermano de Yakiri
apeló sobre su derecho a entrar, le dijeron: “No, ésta es zona del juez, y si el juez lo decide te saco”.
Por otro
lado, cuenta que debido a que Yakiri entró al hotel “con pareja”, el sistema judicial ha dado por hecho que fue sexo consensuado y que no existe
violación. Oscar también abunda en que los tres médicos legistas que revisaron
a Yakiri en la agencia 50 del ministerio público, declararon que no existía
violación debido a que la joven no presentaba golpes. Ésa es otra de las
grandes inconsistencias, ya que ella tenía una herida en el brazo que inclusive
fue suturada ahí mismo, en el ministerio público. Una de las médicas que negó
la violación fue cuestionada por la abogada defensora acerca de si contaba con
algún estudio ginecológico para acreditar la violación o ausencia de ella, la
respuesta fue negativa.
El hermano
de la presa comenta que la Comisión de Derechos Humanos del DF ha estado
siguiendo el proceso de cerca y ha presionado a los responsables para que
Yakiri reciba atención psicológica y médica dentro del penal. Dice que gracias
a su presencia el caso ha podido tener cobertura, ya que al principio las
autoridades ni siquiera permitían que los medios tomaran fotos y amedrentaban a
quienes iban a apoyar.
Algunas de
las injusticias cometidas en contra de Yakiri se documentan en un amicus curiae
recién desarrollado por especialistas de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal y el Comité Ciudadano por la Libertad del Yaki. El documento
destaca que “el Ministerio Público
(MP) de la Agencia 50 y el Juzgado 68
Penal habría ignorado tratados internacionales y violentado los Derechos
Humanos (DH) de Yakiri, al desestimar
su denuncia y acusarla del homicidio de su agresor. La investigación del
MP y su valoración por parte del juez Santiago Ávila Negrón tampoco
consideraron las leyes y protocolos nacionales sobre violencia sexual, por lo
que incurrieron en omisiones e irregularidades” (en Contrapoder).
Como otra
irregularidad en el caso, Oscar señala la suspensión de la audiencia anterior.
El juez paró las declaraciones y dejó dicho al encargado de actas que la
audiencia quedaba suspendida.
El joven
concluye agradeciendo la solidaridad de las feministas en al caso: “Nos han dado un apoyo sensacional”.
Al salir de la audiencia, el
padre de Yakiri, José Luis Rubio, relató los hechos en su perfil de Facebook:
“Como casi siempre, fue una audiencia plagada de
irregularidades y enconos: Ahora el juez Santiago Ávila Negrón fue más allá de
sus atribuciones y le confiscó un celular a uno de los abogados auxiliares de
la defensa. ¿El motivo? Tenía encendido el aparato y al parecer, estaba
grabando parte de los careos. Aunque la abogada había pedido permiso para ello,
éste le fue denegado. En un principio, el juez había prometido entregar el
celular al final de la audiencia.
El problema es que la Ministerio Público, que
coordina un equipo de cinco ministerios más contra la defensa, hace del juzgado
su reino. Usa las computadoras, cuchichea con todos ellos, se levanta, sale,
entra, se va a la otra oficina donde están los otros testigos y lo peor: ella
sí manda mensajes y contesta el teléfono… Nadie le dice nada, pero en cambio si
mi esposa o yo hacemos alguna expresión, exclamación o señal de aprobación o
negación con la cabeza, soy amonestado y advertido de que si lo repito, seré
expulsado.
Incluso el juez dijo a la abogada que todas las
mujeres que van a protestar afuera de las audiencias, son pagadas por ella: Que
les ‘da $200 pesos por escandalizar y que eso lo escuchó por ahí’. Eso en
palabras de un juez de la Judicatura…
Yo tenía a mi lado a un par de policías
ministeriales y otras tres personas al fondo del juzgado… Después supe que esos
ministeriales pagados con nuestros impuestos, fueron enviados por la PGJDF,
para proteger a Luis Omar, que como siempre, se comporta como una gallina ante
el grito y reclamo justo de las mujeres… Eso fue lo mejor: la entrada y salida
de este tipo, protegido, cobijado y escoltado por la policía. Salió a
empellones, mentadas de madre, reclamos, e incluso hubo quien le enfrentó con
palabras por su cobardía, o con su cámara retrató su miedo, pero el policía de
la PGJ, empujó a esta persona con fuerza lanzándola al piso; eso enojó a la
multitud y se fueron tras de la patrulla… ¿Qué no se dan cuenta las autoridades
que el mejor lugar para este engendro es la cárcel?”
La audiencia de hoy, así como
todo el proceso contra esta joven, da cuenta de una situación en la que la
imposición y el ejercicio ilegítimo del poder, por quienes se creen dueños del
sistema de justicia, genera mucho coraje. Sin embargo, a pesar de todos los
atropellos, la lucha sigue no sólo en los tribunales, sino en todos los foros
públicos posibles para lograr justicia y libertad para Yakiri.
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