x Adrián Sotelo Valencia
La Haine
26/01/2014
Con la privatización de Peña Nieto, el petróleo mexicano pasa a formar
parte de los activos en propiedad privada de gigantescas empresas
trasnacionales
¡Sencillamente: la acumulación de capital
mediante el despojo de los recursos naturales y humanos de la nación!
La burocracia político-electoral del Estado
mexicano, encabezada por la alianza estratégica del PRI y del PAN, logró
imponer su proyecto trasnacional con la llamada reforma energética y, además,
con una mínima oposición social. Esta reforma incluye los hidrocarburos y la
electricidad a partir de la modificación de los artículos constitucionales 25,
27 y 28 que, ahora, permiten la inversión privada, nacional y extranjera, en
toda la cadena productiva, distributiva y de comercialización de estos
productos. Se transita, de este modo, de un patrón de acumulación y
reproducción de capital dependiente sustentado en el monopolio energético
estatal, a un patrón capitalista neoliberal dependiente predominantemente
fincado en el monopolio privado, nacional y extranjero, volcado a la
acumulación de capital en función de las empresas transnacionales y de los
intereses de las grandes potencias hegemónicas, en particular, de Estados
Unidos y de otros imperios menores como el Estado español.
Esto fue sólo la culminación de una ola reformista, de corte neoliberal,
que comenzó hace un año con el arribo al gobierno de Peña Nieto y la posterior
aprobación por el Congreso de las llamadas "reformas
estructurales" encaminadas a reforzar el régimen capitalista
neoliberal dependiente vigente en México, y que en menos de lo que canta un
gallo, con el concurso de los principales partidos políticos que operan en el
país (PRI-PAN-PRD) fueron aprobadas al margen de la participación popular e,
incluso, en contra de la voluntad de ésta, como es el caso ejemplar de los
miles de profesores aglutinados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de
la Educación (CNTE) que con sus movilizaciones han manifestado su total rechazo
a dichas reformas.
En menos de un año se aprobaron las siguientes reformas llamadas
reformas estructurales:
.- Laboral, aprobada el 14 de noviembre de 2012.
.- De telecomunicaciones, aprobada 30 de abril
de 2013.
.- Educativa, aprobada 04 de septiembre de 2013.
.- Hacendaria, aprobada 31 de octubre de 2013.
.- Energética, aprobada el 11 de diciembre de
2013.
Con el pretexto de crear empleos y resolver los problemas del país,
estas reformas se han impulsado y aprobado al influjo de los intereses del gran
capital nacional y extranjero y de los organismos financieros y monetarios internacionales
que sistemáticamente han venido presionando para profundizar el neoliberalismo
en nuestro país.
La reforma energética, que privatiza y entrega los recursos petroleros y
eléctricos al capital privado, ya ha sido considerada como la "madre de todas las reformas"
y fue aprobada por el partido del gobierno con el apoyo incondicional del
derechista Partido Acción Nacional. Aunque, a última hora, el PRD anunció su "salida" del Pacto por México
(PpM), en el fondo ha mantenido una actitud formal de oposición a dicha
reforma, aunque en el fondo la convalida con su actitud inmovilista y cómplice
con el gobierno. En términos generales no habido oposición a dichas reformas,
salvo por algunas fuerzas sociales, como los maestros de la Coordinadora
Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) y otras organizaciones que
han manifestado su descontento. Sin embargo, en términos generales, las
reformas de marras se han impuesto a la sociedad prácticamente sin oposición y
será muy difícil revertirlas en el futuro por los cauces legales e
institucionales bajo cuya cobertura fueron aprobadas.
Paradójicamente el grupo gobernante y los voceros empresariales vienen
promoviendo la idea de que con las reformas el país va a crecer y
desarrollarse, generando inversiones, empleos y ahorro interno, en un contexto
de cuasi estancamiento de la economía nacional que se expresa en el hecho de
que en 2013, según cifras oficiales, la economía sólo creció 1.2% y para este
2014 ya se vislumbra que, incluso con las reformas, no crecerá más allá del 2%,
generando así graves problemas estructurales y desequilibrios intersectoriales
en la economía nacional que sólo podrán ser paliados mediante recortes al gasto
público, bajas a los salarios reales de los trabajadores, el desempleo y la
inflación. Es decir, es posible proyectar que los efectos a mediano y largo
plazos de las mencionadas reformas serán altamente lesivos para el país y para
las grandes mayorías de la población que son quienes verdaderamente están
resintiendo los efectos lacerantes de la crisis capitalista (nacional e
internacional).
Por otro lado, el verdadero Caballito
de Troya de los intereses de las empresas transnacionales son las llamadas "leyes secundarias" que le dan
contenido y concreción a las reformas constitucionales que ya prepara el equipo
gobernante encabezado por el secretario de Hacienda, a través de las cuales se
garantizará la concesión y privatización de los activos petroleros del subsuelo
y de las cadenas productivas y distributivas, tal y como quedó establecido con
la nueva redacción de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política del
país. De este modo, la renta petrolera pasa a ser "compartida" por —lo que quede de— la empresa del Estado
(Pemex) con los inversionistas privados (nacionales y extranjeros) que
obviamente utilizarán en beneficio propio y en sus procesos de acumulación y
reproducción de capital en sus países de origen, generando descapitalización
interna y un tremendo boquete a las finanzas públicas que sólo serán subsanados
a través de políticas de austeridad, sobre todo, en lo que concierne al gasto
social y mediante aumentos de los impuestos y de la deuda interna y externa del
país con los acreedores internacionales.
Obviamente que hasta ahora nadie sabe a ciencia cierta cuál va ser el
contenido de esas leyes secundarias, salvo sus redactores que seguramente se
encuentran fuera del país, es decir, en las lujosas sucursales de las oficinas
de las empresas transnacionales petroleras. Pero dado el carácter cuasi secreto
como se dio el proceso de la reforma energética, a espaldas de los trabajadores
y de la población en general, es inminente que dichas leyes estarán en
consonancia con los intereses de las petroleras y, en general, del capital
extranjero que ya anuncia su presencia y permanencia en el país para invertir
en el jugoso negocio que supone la producción de petróleo y gas, así como de la
electricidad, además, de las inversiones y ganancias que implican las esferas distributiva
y de consumo de sus productos.
La corriente nacionalista de la llamada "izquierda mexicana" asegura que con la reforma
energética se "lesiona"
gravemente la "soberanía"
del país, obviando —o ignorando— que en un país dependiente como México, que
opera en la periferia del capitalismo central y hegemónico desde hace ya más de
siglo y medio, dicha soberanía está completamente subordinada a los intereses
del imperialismo y de las empresas transnacionales que, dígase de paso, fueron
las verdaderas beneficiarias de la llamada industrialización por sustitución de
importaciones que ocurrió en México —y en otros países de América Latina como
Argentina y Brasil— bajo la batuta del Estado en el largo período transcurrido
entre 1930 y la etapa posterior a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente
hasta la entrada del neoliberalismo en el año1982. Posteriormente éste ha sido
la puerta de entrada de las políticas privatizadoras de prácticamente todos los
sectores productivos, de las carreteras, los bancos, los ferrocarriles, las
inmobiliarias, los ingenios azucareros, la educación, las telecomunicaciones,
incluyendo los medios de comunicación e información. Por eso, simplemente, la
privatización energética es sólo parte de un proceso global, por supuesto, antes
de que se dé la venta al capital internacional de partes del territorio
nacional.
En este contexto resulta irrisorio que ahora se plantee una "consulta ciudadana" a
realizarse allá por el año 2015 para, ex post, preguntarle al pueblo si está o
no de acuerdo con dicha reforma como plantean connotados perredistas como
Cuauhtémoc Cárdenas, y quien sabe en qué circunstancias se llevaría a cabo, y
por quién, seguramente por los mismos personeros que han ejecutado las reformas
estructurales bajo las directrices económico-políticas de los organismos
monetarios y financieros internacionales que las han aplaudido una y otra vez.
Para entonces, obviamente todo estaría asegurado para "consultar" y manipular a la opinión pública para que,
simplemente, quede avalada y legitimada completamente la privatización de los
energéticos. Y después dirán que habrá que esperar hasta el año 2018 cuando se
realicen las elecciones presidenciales con la "esperanza" de que
"ahora sí gane la izquierda" y "eche abajo las reformas". Esto en verdad es de risa.
¡Pero soñar no compromete! y más aún cuando los sueños siempre son adulterados
por la clase en el poder a través de sus medios de comunicación como TV Azteca,
Televisa y Milenio que actúan como sus intelectuales orgánicos.
Por eso hay que descartar que sean esas fuerzas las que pudieran hacer
algo supuestamente para impedir que entren a funcionar las empresas
trasnacionales en el país y drenen sus recursos al exterior. Antes que nada
primero entrarían en negociaciones —como siempre lo han hecho— con el grupo en
el poder, cuestión que implicaría que las reformas de marras se pudieran
maquillar, pero su contenido obviamente quedar intacto. Por ello tendrán que
ser necesariamente otras fuerzas políticas y sociales que no estén en el marco del
orden existente, como ocurre con los partidos políticos y sus clientelas
parlamentarias, sino los sectores populares y los trabajadores, quienes
pudieran darse a la tarea de construir no sólo las alternativas para recuperar
los recursos energéticos entregados al capital extranjero, sino un proyecto de
cambio social que rebase los marcos del capitalismo y de la dependencia que son
los verdaderos diques de contención de toda lucha antisistema que trascienda el
orden capitalista existente.
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