Gloria Muñoz Ramírez y Jaime Quintana Guerrero
Después de trece años de una cárcel denunciada
como injusta, huelgas de hambre, movilizaciones de la sociedad civil, plantones
y el rechazo de todas las instancias judiciales de México para enmendar el
proceso, la libertad del profesor tzotzil llegó.
México, DF. 31
de octubre. A las 14:38 horas de hoy, el profesor
tzotzil Alberto Patishtán, considerado preso político por organizaciones
como Amnistía Internacional, recibió la notificación del indulto presidencial
con el que se pone fin a una condena de 60 años de prisión, de los cuales
estuvo 13 tras las rejas, acusado de asesinar a siete policías en la comunidad
de El Bosque, Chiapas. Su inocencia fue probada por sus abogados y la exigencia
de su libertad convocó en los últimos años un movimiento de solidaridad
nacional e internacional.
Patishtán salió
del albergue en un vehículo acompañado de su familia. Las puertas color café
del inmueble se abrieron de par en par, en lugar de las rejas del penal número
5 de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde pasó los últimos años de su
encierro.
Feliz y
tranquilo, en sus primeros minutos de libertad el profesor saludó a algunos
representantes de medios de comunicación que se mantuvieron a la espera. Sin
emitir ningún pronunciamiento se dirigió junto a una pequeña comitiva a las
instalaciones de Servicios para La Paz (Serapaz), desde donde en una
conferencia de prensa pronunciará sus primeras palabras fuera de prisión.
Pasadas las
13:30 horas del 31 de octubre, el secretario de Gobernación, Miguel Osorio
Chong, anunció en conferencia de prensa el otorgamiento del indulto. “Instruyo al Oficial Mayor, al titular de la
Unidad General de Asuntos Jurídicos y al director general de Política Pública y
Derechos Humanos”, declaró, “para que
se trasladen a notificar personal y formalmente al profesor Alberto Patishtán
Gómez de su libertad inmediata”.
La noticia
oficial fue recibida por el profesor en compañía de sus hijos Gabriela y
Héctor, y de su nieta Génesis, además de ex presos indígenas de la organización
Solidarios con la Voz del Ámate, en un albergue ubicado en la Ciudad de México,
en el que se encuentra alojado desde hace tres semanas debido al
tratamiento médico que recibe en Instituto Nacional de Nutrición, por un tumor
cerebral que le fue detectado en 2012. La notificación fue hecha por Jorge
Márquez, Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación.
Alberto
Patishtán fue encarcelado en junio del año 2000, acusado de participar en el
homicidio de siete policías en el paraje Las Limas, aunque el profesor tzotzil
señaló que su encarcelamiento se debió, en realidad, a su oposición al
presidente municipal priista Manuel Gómez Ruiz -cuyo hijo fue sobreviviente al
suceso. Los testigos presentados por Patishtán afirmaron que éste se encontraba
en un lugar diferente al paraje, en una reunión de su trabajo, pero sus
testimonios fueron desechados y en el año 2002 fue dictada la sentencia máxima
por los delitos de lesiones y homicidio calificado, robo calificado y daños,
portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea.
El profesor
pasó por los penales de Cerro Hueco, El Amate, de San Cristóbal de las Casas y
el de máxima seguridad de Guasave, Sinaloa. Adherente a la Sexta
Declaración de la Selva Lacandona, Patishtán organizó dentro de la cárcel a los
presos en lucha por sus derechos, conformando las organizaciones La Voz del
Amate y Solidarios con la Voz del Amate, a través de las cuales se logró la
libertad de decenas de indígenas injustamente presos.
Los 13 años de
estancia en prisión de Alberto Patishtán transcurrieron en medio de la
organización de presos, apoyo en las traducciones de sus casos, consejos,
acompañamiento, “y a veces hasta doctores
pasamos a ser”, manifestó a Desinformémonos en octubre de 2012. Tras
huelgas de hambre, plantones y denuncias, decenas de los integrantes de las
organizaciones en las que participó dentro de prisión salieron en libertad. Él
no.
En marzo de
2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó resolver sobre
la inocencia del profesor originario de El Bosque, Chiapas, quien siempre se
manifestó “tranquilo” en la espera. El asunto pasó a manos del Tribunal
Colegiado del Poder Judicial de la federación con sede en Tuxtla Gutiérrez,
Chiapas, el mismo que en 2009 negó la libertad al tzotzil. Simpatizantes y
familiares hicieron vigilia, en Chiapas, el Distrito Federal y otras ciudades,
a la espera del último paso posible del poder judicial en México. El 12 de
septiembre llegó el rechazo al reconocimiento de su inocencia.
Patishtán
recibió la noticia en la cárcel de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La
indignación se levantó en la sociedad civil. “El fallo es una porquería”, calificó la atenquense Trinidad
Ramírez, mientras el periodista Hermann Bellinghausen –quien siguió el caso del
profesor desde el primer día de su detención- consideró que “detrás del
encarcelamiento de Patishtán podría haber un crimen de Estado”. La defensa
legal anunció que no solicitarían el indulto y que recurrirían a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, cuyos procesos pueden tardar años.
Unos días
después de que la última puerta del poder judicial se cerró para quien Amnistía
Internacional y otras organizaciones de derechos humanos consideraron inocente,
se anunció que el tumor cerebral que padece el profesor creció. Patishtán llegó
al Distrito Federal a recibir tratamiento y trascendió la noticia de que el
poder legislativo preparaba cambios a la ley de indulto como último recurso
para quienes son víctimas de un proceso judicial viciado y que violentó sus
derechos humanos. Patishtán afirmó en entrevista anterior con Desinformémonos,
que aunque desconocía los caminos jurídicos que seguiría su caso, “solamente espero que me liberen,
independientemente de las vías que me platican”.
En cuanto se
anunció la aprobación de la modificación a la ley de indulto, la presidencia de
la República anunció la libertad para Patishtán para el 31 de octubre. Familia,
el comité por su libertad y la defensa consideraron que es un triunfo que se
debe a la lucha del profesor y sus simpatizantes durante 13 años. Amnistía
Internacional llamó a que los responsables de su “juicio injusto y encarcelamiento” rindan cuentas.
El camino de la libertad arrebatada al Estado
Javier Bautista y Citlalli Hernández
El cambio a la ley de indulto se dio porque
saben que la dignidad de Patishtán es inquebrantable, y que la sociedad
mexicana hubiera cuestionado severamente que un hombre inocente fuera perdonado
por un crimen que no cometió.
México,
Distrito Federal. La libertad del profesor
Alberto Patishtán es resultado de 13 años de lucha y una respuesta del Estado
mexicano ante la indignación que el poder judicial generó. La libertad por
cualquier vía siempre fue necesaria y urgente; Patishtán es la representación
de más y más presos políticos, es el rostro de más indígenas a quienes les
violan sus derechos, es la encarnación de las injusticias a las que este
sistema racista condena a los más pobres y ya de por sí excluidos.
La libertad de
Alberto Patishtán abre la brecha para continuar en el camino. No se trata de
alguna concesión, no es buena voluntad, es la lucha de 13 años que no ha sido
fácil y que no se resume en un indulto. Cuando Alberto sea libre aún quedarán
muchos más por los que hay que luchar con el mismo coraje, la misma entereza y
la misma valentía, pero ahora esta lucha será acompañada por quien, a pesar de
todo, nunca perdió la esperanza de que un día la libertad lo alcanzara.
La
construcción de la libertad
La exigencia por la
libertad de Alberto Patishtán comenzó desde el 19 de junio del año
2000, fecha en la que este profesor tzotzil fue detenido y acusado de
participar, días antes, en la emboscada a una camioneta propiedad del
ayuntamiento de El Bosque, Chiapas, en la que resultaron muertos siete agentes
de seguridad pública del estado. En los primeros meses posteriores a su
detención, diversas organizaciones -pero en particular los habitantes de la
comunidad El Bosque- sumaron esfuerzos para demostrar su inocencia, al tiempo
que evidenciaron las irregularidades en su detención.
Conforme la
exigencia de libertad creció y más organizaciones se sumaron a ella, los
agravios cometidos contra el profesor Patishtán se hicieron más evidentes: la
detención se dio de manera arbitraria, a Alberto Patishtán lo mantuvieron
incomunicado mientras le negaron al pueblo de El Bosque información sobre su
paradero y, durante su detención y las primeras etapas del proceso jurídico, no
se consideró su condición de indígena: en sus declaraciones no participó ningún
traductor y por si esto fuera poco, a siete días de la emboscada, se le tomó
una prueba de radizonato de sodio que supuestamente resultó positiva, sumando a
todo esto las declaraciones contradictorias del único testigo.
Mientras esto
sucedió, la noticia sobre la detención de Alberto Patishtán, el líder
comunitario y crítico del presidente municipal Manuel Gómez Ruiz y la gestión
de Ramiro Miceli Maza, diputado local del Partido Revolucionario Institucional
(PRI), se conoció en otras comunidades, quienes reconociendo en la figura del
profesor a un luchador social, se dieron a la tarea de conformar diversos espacios
dedicados a la lucha por su libertad.
Una de las
labores que los diferentes grupos organizados asumieron fue probar la inocencia
de Patishtán, primero ofreciendo las pruebas que demuestran la falsedad de las
declaraciones que lo inculpaban y segundo, evidenciando que todo se trató
de una revancha política que Manuel Ruiz emprendió para contener al profesor y
a todo el pueblo de El Bosque. Pero como siempre el pueblo conoce y confía más
en el pueblo que en sus gobernantes, quedó claro que en el caso Patishtán las
acusaciones fueron fabricadas.
Desde ese
primer día, hace ya más de 13 años, quedó claro que Alberto Patishtán es un
preso político, un inocente que sufrió una cadena de agravios que el Estado
mexicano cometió contra su persona. Los agravios comenzaron ese 19 de
junio del 2000, y se sumaron hasta el 18 de marzo del 2002, día en
que el Juez Primero de Distrito del Vigésimo Circuito dictó sentencia
condenatoria contra el profesor Alberto Patishtán, considerándolo penalmente
responsable de los delitos de lesiones y homicidio calificado, robo calificado
y daños, portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada o
fuerza aérea, y lo condenó a una pena de 60 años de prisión.
Amparado en el
Derecho y argumentando que las pruebas presentadas fueron producto de un
montaje, Alberto Patishtán interpuso el recurso de apelación contra la
sentencia y la respuesta fue la confirmación de la condena. A partir de ahí,
diversos procedimientos como la solicitud de amparos y presentación de
inconformidades fueron la constante, y la constante de la justicia mexicana fue
la negación de estos recursos.
El 1
julio de 2004, el preso tzotzil fue trasladado del Centro de Readaptación
Social (CERESO) número 1 al CERESO número 14 “El Amate”, recién construido. En este lugar, junto con otros
presos políticos, Patishtán conformó la organización “La Voz del Amate”, que alcanzó su primera victoria en 2008 con la
liberación de todos sus integrantes excepto uno: Alberto Patishtán.
Esta lucha por
los derechos humanos le costó al profesor tzotzil diversos traslados como
castigo, por ejemplo, al cumplir 21 días en huelga de hambre el profesor fue
trasladado al penal de máxima seguridad en Guasave, en el estado de Sinaloa.
Además, la
salud de Patishtán se vio severamente lastimada como resultado de la propia
reclusión, y diversas organizaciones de derechos humanos exigieron al gobierno
que garantizara la atención médica para el profesor.
“Que el Estado lo saque, que ellos vean cómo pero
que lo saquen”
A lo largo de los 13 años,
dos cosas quedaron claras: por un lado, que el poder judicial mexicano no fue
capaz de procurar justicia y por el otro, que la sociedad mexicana sí fue capaz
de reconocer en Patishtán a un inocente, y por eso se organizó para exigir su
libertad.
La organización
en un primer momento se dio en la comunidad de El Bosque, y con el paso de los
años sembró semillas a lo largo y ancho de México e incluso fuera de las
fronteras. Así, existen diferentes espacios que levantaron la voz y que con
diferentes acciones dejaron claro que no hay duda de la inocencia, pero sí de
las responsabilidades: Alberto Patishtán es inocente, y el poder judicial fue
el responsable de no reconocerlo y violentar sus derechos humanos.
Diferentes
voces manifestaron que liberar a Alberto Patishtán era responsabilidad del
Estado mexicano, y que no importa quién y qué tuviera que hacer, pero que era
urgente hacer justicia. Es así que la reforma al Código Penal aprobada el 29 de
octubre por el Congreso de la Unión es mucho más que una simple modificación a
una ley secundaria como las que todos los días aprueban en las Cámaras: es
resultado de la lucha de todas las organizaciones sociales, colectivos y
personas en México y en todo el mundo que evidenciaron a nuestro sistema de
justicia. Esta es una reforma contradictoria y con dedicatoria, pues fue
aprobada como el mecanismo que eligieron el Estado y sus instituciones para
liberar a Alberto Patishtán.
El 12 de
septiembre pasado, cuando el primer tribunal colegiado de circuito declaró
infundado el incidente de reconocimiento de inocencia, algunos encontraron
sentido en esta resolución argumentando que el poder judicial temió generar
antecedentes que significaran la libertad de cientos de presos. Hoy vemos lo
absurdo de su decisión, pues prefirieron reformar una ley para permitirle al
Congreso de la Unión solicitar al presidente que otorgue un indulto cuando se
acredite la violación al derecho a un debido proceso. Su apuesta fue construir
un acuerdo de la clase política en conjunto, un acuerdo en unanimidad de todos
los partidos políticos para liberar a Patishtán y corregirle la plana al poder
judicial. La reforma en los hechos reconoce que el poder judicial no sólo puede
equivocarse, y que se equivocó con Patishtán.
El indulto
quiere decir “perdón”, es un perdón
que otorga el presidente de la República a una persona que cometió algún
delito. Con la reforma esta condición cambió, el indulto ya no sólo es para
quienes cometieron un delito, es también el último recurso para quienes son
víctimas de un proceso judicial viciado, tramposo y que violentó sus derechos
humanos. Este cambio sustantivo en la figura del indulto es probablemente la
aportación más importante del caso de Alberto Patishtán. No es el resultado de
pronto de que los diputados y senadores hayan clarificado su perspectiva. No,
el cambio que se hace ahora es porque saben que la dignidad de Patishtán es
inquebrantable y que la sociedad mexicana hubiera cuestionado severamente que
un hombre inocente fuera perdonado por un crimen que no cometió. Así, para
cuidar la cara de la institucionalidad del Estado mexicano, hicieron explícito
en una ley que su sistema de justicia tiene profundas deficiencias.
La
libertad
La libertad otorgada hoy es
resultado de 13 años de lucha y una respuesta del Estado mexicano ante la
indignación que el poder judicial generó. La libertad por cualquier vía siempre
fue necesaria y urgente, Patishtán es la representación de más y más presos
políticos, es el rostro de más indígenas a los que les violaron sus derechos,
es la encarnación de las injusticias a las que este sistema racista condena a
los más pobres y ya de por sí excluidos.
La libertad de
Alberto Patishtán abre la brecha para continuar en el camino. No se trata de
alguna concesión, no es buena voluntad, es la lucha de 13 años que no ha sido
fácil y que no se resume en un indulto. Cuando Alberto sea libre aún quedarán
muchos más por los que hay que luchar con el mismo coraje, la misma entereza y
la misma valentía, pero ahora esta lucha será acompañada por quien, a pesar de
todo, nunca perdió la esperanza de que un día la libertad lo alcanzara.
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