17 años de contrainsurgencia en la región loxicha de Oaxaca, 17 años de prisión injusta e legal, 17 años de resistir y luchar
por Santiago Navarro F., Colectivo la Voz de los
Xiches, Kamara-Difusión Alternativa y Agencia Subversiones
Jueves, 26 de septiembre de 2013
Fuente:
http://subversiones.org
“Con Álvaro Sebastián
caminan nuestros muertos, nuestros desaparecidos, nuestros demás hermanos
presos, nuestros perseguidos. Los siete hermanos Loxicha se encuentran en la
cárcel por ser indígenas, por ser pobres, por tener ideas políticas contrarias
al régimen, por luchar por la autonomía de los pueblos”.
Participación de Érica Sebastián en la
Cátedra Tata Juan Chávez, en el CIDECI de San Cristóbal de las Casas, Chiapas,
18 de Agosto del 2013
Éste 25 de septiembre se cumplen 17 años de haber
iniciado la represión contra los habitantes de la región loxicha –ubicada en la
sierra sur de Oaxaca- con el argumento de que en esta zona se encontraba un
bastión de grupos armados. En el operativo se detuvieron y torturaron a más de
150 personas y se liberaron más de 250 órdenes de aprehensión, además de
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y violaciones a mujeres,
delitos que hasta hoy permanecen en la total impunidad. Estos operativos fueron
parte de las tácticas de contrainsurgencia que se implementaron de manera
indiscriminada en diferentes regiones indígenas del país, con la finalidad de
contener el crecimiento de la base social de los movimientos sociales que
habían tomado la vía armada.
A partir del levantamiento
armado en del EZLN en 1994 y desde la firma de los acuerdos de San Andrés sobre
derechos y cultura indígena –acuerdos traicionados por el Estado mexicano- la
gran mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias sobre
estos acuerdos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena y con ánimos de
sumarse a esta iniciativa, provocó preocupación para el gobernador en turno,
Diódoro Carrasco Altamirano y el entonces presidente de México,
Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar una política de contención
indigenista. En marzo de 1994 se propuso un nuevo acuerdo para los pueblos
indígenas y en 1998 se aprobaron los Derechos de los Pueblos y Comunidades
Indígenas de Oaxaca, como parte de la estrategia de contención del descontento
social y de la desarticulación de procesos organizativos que pudieran
establecer un acercamiento con los diferentes grupos armados.
“Gabino Cué Monteagudo, asesor y secretario técnico de
Diódoro Carrasco Altamirano en 1996, dio la orden de los operativos y hoy es
gobernador del Estado de Oaxaca” denunció Érica Sebastián Luis –hija del preso político
Álvaro Sebastián- en el Congreso Nacional Indígena. “En qué cabeza cabe ir a pedir justicia a Gabino Cué, cuando fue él
mismo quien dio la orden. Nosotros no perdonamos y no olvidamos”, fueron
algunas de las palabras de Érica al recordar los 17 años de una represión que
no ha cesado en la sierra sur y en el estado de Oaxaca, 17 años en que aún está
preso Álvaro Sebastián Ramírez y otros 6 indígenas de la región loxicha.
En 1996 el Ejército Popular
Revolucionario (EPR) realizó una serie de hostigamientos armados en diferentes
partes de Oaxaca, en el que resultaron varias bajas tanto de las fuerzas
federales como del EPR. Fidel Martínez, quien fungía como regidor de Hacienda
en San Agustín Loxicha, murió en uno de los primeros enfrentamientos, motivo
suficiente para vincular a toda la región Loxicha de estar involucrada con
estas acciones, marcó la pauta para que Diódoro Carrasco acelerara su
estrategia de contrainsurgencia elaborada por el Centro de Estudios
Gubernamentales (CEG), organismo creado en el periodo gubernamental de
Carrasco.
La estrategia contrainsurgente
elaborada por el CEG de Oaxaca, siguió las mismas tácticas de contrainsurgencia
implementada por la Escuela de las Américas, quien desde 1953 y hasta 1996, había
recibido a cerca de mil efectivos
militares de México para tomar cursos
de capacitación principalmente sobre técnicas de contrainsurgencia, según
consta en uno de los capítulos del informe histórico de la Fiscalía Especial
para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
En ese mismo sentido, la
doctrina contrainsurgente de Estados Unidos sigue ejecutando las mismas
tácticas, en las geografías que consideran focos
rojos, sobre movimientos sociales que no son necesariamente armados, como
lo determina el manual de
táctica contrainsurgente que desclasificó el Pentágono en 2009 y que
dicta que la contrainsurgencia debe ser total: involucra “todas las acciones políticas, económicas, militares, paramilitares,
psicológicas y cívicas que puedan ser tomadas por un gobierno para lograr su
objetivo”.
Es así como en 1996, a partir
de estas tácticas de contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se
implementaron acciones políticas para cooptar o comprar líderes sociales,
tareas de inteligencia, se crearon grupos paramilitares, como “Los entregadores” en la región loxicha,
un grupo a sueldo de los caciques cuya labor más importante es la delación:
entregaban a los presuntos guerrilleros y realizaban acciones de tortura,
asesinato selectivo, violación de mujeres y detenciones arbitrarias. A partir de
este año, Oaxaca se militarizó generando tensión, miedo y hostigamiento hacia
diversas comunidades y organizaciones sociales, materializando así la frase de
Ernesto Zedillo, “Todo el peso del
Estado”, refiriéndose a las organizaciones armadas que supuestamente tenían
presencia en Oaxaca. El objetivo inmediato fue reducir al adversario,
entendiendo así al grueso de la base social latente que podría tener una
respuesta positiva hacia los movimientos sociales que habían optado por la vía
armada, además de evitar un posible contagio que podría provocar el movimiento
zapatista en uno de los estados más pobres de México y con una gran presencia indígena.
Oaxaca, el tercer estado
mexicano con mayor municipios en pobreza extrema (CONEVAL 2012), es considerado
uno de los focos rojos latentes de un
descontento social que se puede desbordar en cualquier momento, como sucedió en
el año 2006 con el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz, cuando se volcaron a las
calles miles de personas que pedían la destitución de este gobernador. Por
tanto, las tácticas de contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en
esta región del país. Desde Ruiz Ortiz, la ciudad de Oaxaca es una de las
más vigiladas del mundo con tecnología C4 Inteligente, con más de 230 cámaras que
forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que
entre otras actividades no sólo filman y guardan los datos recabados en cada
una de las áreas monitoreadas, sino que también son capaces de detectar
rostros, gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.
Como parte de la contención
del descontento social del año 2006, sólo por tomar otro ejemplo, se detuvieron
“preventivamente” a más de 500 personas,
se volvió a agudizar la práctica de la tortura, la desaparición forzada y el
asesinato. Al mismo tiempo, se promovió un supuesto cambio democrático en
el gobierno a través la candidatura y posterior “triunfo” de Gabino Cué Monteagudo, que entre otras iniciativas,
promovió “el tequio por el cambio”
pidiendo a organizaciones civiles, campesinas e indígenas ayuda para derrotar al
Partido de la Revolución Institucional (PRI). Algunas organizaciones
y personajes políticos que fueron piezas claves en las revueltas del 2006,
decidieron apoyar a Cué Monteagudo y después de haber ganado, él nuevo
gobernador cedió espacios en las diferentes secretarias de gobierno y un techo
financiero para diversas organizaciones. Hasta cierto punto, esta derrama de gasto público,
al igual que las políticas indigenistas promovidas en los 90 han contenido
parte del descontento social, pero no han resuelto las pésimas condiciones de
vida de los oaxaqueños.
No obstante estas políticas de
contención, las movilizaciones se vuelven a recrudecer en el estado y en el
Distrito Federal, el objetivo es detener los programas de ajuste
estructural, que contiene las reformas energética, educativa, hacendaria y
política. Enrique Peña Nieto –actual presidente de México- aprobó recientemente la reforma
educativa lo que ha generado ya un descontento cada vez más generalizado entre
la población y el sector magisterial. Podemos poner como ejemplo el día del
festejo de las fiestas patrias: el Zócalo de la ciudad de Oaxaca estuvo
militarizado.
Los siete presos políticos
loxicha llevan 17 años en prisión, “17
años de prisión injusta e legal, 17 años de resistir y luchar contra la
consigna del Estado Mexicano que hasta estos días la sostiene Gabino Cue”,
denuncia la hija de Álvaro Sebastián, ambos adherentes a la Sexta Declaración
de la Selva Lacandona del EZLN. “El
mensaje es claro, cállate, no te organices, no hagas ruido nos dicen, sólo
organizándonos y luchando, reconstruyéndonos, es como podemos hacer visible la
intolerancia y desprecio que sienten por nosotros y nosotras” sostiene
Sebastián Luis y termina diciendo:
“tenemos dignidad y ésta no tiene precio”. Tal y como lo han venido
haciendo desde hace mucho tiempo, continúan con sus acciones y exigiendo la
liberación inmediata de los presos políticos loxicha.
Nos
hermanamos con las acciones de la resistencia y lucha de Álvaro Sebastián
Ramírez y los presos políticos loxicha, pues consideramos que los presos
políticos de conciencia y adherentes a la Sexta Declaración de la Selva
Lacandona, son un compromiso para los que somos adherentes a la Sexta y
sentimos que debemos hacer eco de sus luchas dentro y fuera de las prisiones,
pues si tocan a un@, nos tocan a tod@s y
si no están l@s pres@s, no estamos
tod@s. Entonces sumemos nuestras formas y modos de lucha por la liberación de
Álvaro Sebastián y l@s
pres@s Loxicha.
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