Hermann Bellinghausen, Enviado
Periódico La Jornada
Lunes 26 de agosto de 2013, p. 19
Lunes 26 de agosto de 2013, p. 19
Yabteclum, Chis., 25 de agosto.
Se pretende presentar el conflicto como religioso; es parte de la
contrainsurgencia, acusan
Los indígenas católicos se trasladan hoy a Acteal, acompañados por
activistas
Decenas de organizaciones civiles
del país se pronunciaron hoy ante las agresiones y desplazamientos que sufren
decenas de familias tzotziles, en su mayoría católicas, del ejido Puebla, en
Chenalhó. Más de 70 grupos de la red Todos los Derechos para Todos, así como la
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Fundec) y otros
centros de derechos humanos del centro y norte de la República, hicieron eco a
una acción urgente emitida el sábado por el Centro de Derechos Humanos Fray
Bartolomé de las Casas (Frayba).
En tanto, en Yabteclum, los desplazados que llegaron aquí anoche
anunciaron que este lunes se trasladarán al campamento de la comunidad de
Acteal. Queremos aclarar que aunque
estamos aquí cobijados, nuestro corazón y mente están en nuestro pueblo que
tuvimos que abandonar, porque las amenazas y agresiones iban ya contra la
propia vida. Se espera que los acompañen indígenas de Los Altos y una
caravana solidaria de la sociedad civil.
Fundec y las organizaciones del norte y centro manifestaron: No es la primera vez que estas familias
viven la tragedia del desplazamiento forzado, y desgraciadamente ahora nosotros
estamos también viviendo algo parecido a lo que ustedes viven desde hace años,
que si bien es por diferentes causas, es igual de grave la afectación.
Exigieron que el gobierno garantice la integridad de las familias desplazadas
y de quienes se encuentran amenazados dentro del ejido: bautistas,
pentecostales y católicos.
Finalmente, invitaron a la comunidad nacional e internacional a atender
la acción urgente del Frayba, debido a la gran ayuda que representa para que el
Estado atienda su mandato constitucional de garantizar los derechos a quien se
encuentre en territorio mexicano.
La Red contra la Represión y por la Solidaridad, formada por organismos
adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, se pronunció contra el
clima de inseguridad e impunidad que impera en Puebla, y que se ha recrudecido
de manera alarmante desde que el 22 de julio la junta de buen gobierno de
Oventik denunció la violencia de algunos priístas y perredistas contra bases de
apoyo zapatista.
La red citó los desplazamientos y agresiones de la semana que concluye: Se ha pretendido presentar el conflicto como
religioso; sin embargo, sabemos que es de carácter político, y es parte de las
tantas formas de contrainsurgencia contra el proyecto zapatista y hacia las
comunidades y pueblos que han decidido organizarse por la defensa de su
territorio y construir su camino más allá del trato con el poder.
Afirmó que el nivel de violencia en el ejido aumentó después de la
excarcelación de paramilitares sentenciados por su participación en la masacre
de Acteal. Y responsabilizó de estos actos de violencia, y de cualquier otro
que pudiera suceder, al presidente municipal José Arias Vázquez, al gobernador
Manuel Velasco Coello y a las instancias federales encabezadas por Enrique Peña
Nieto.
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